una mirada a fondo al informe sobre los curas abusadores que tardó en llegar

Tardó mucho pero al fin llegó: la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, que el Papa instituyó en 2014, en el comienzo de su pontificado de once años, en medio de la oleada de escándalos por abusos sexuales de sus miembros en diversos países, publicó su primer informe anual, de 50 páginas. Propone terminar con la opacidad en la misma Iglesia en los procesos canónicos, facilitando impulsar el acceso de las víctimas a la información. También acelerar la dimisión de los religiosos pederastas, tantas veces reciclados “para evitar el escándalo” en otros encargos, que continúan cometiendo abusos.

La existencia y el trabajo de la comisión, presidida por el brillante cardenal Sean O’Malley, que fue obispo de Boston, ha tenido polémicas, retardos y hasta denuncias de algunos miembros, pero su gestión ha sido ampliamente positiva. Se ha avanzado en la Iglesia en la lacra que más la ha mundialmente la ha desprestigiado, los abusos sexuales a menores.

El informe es el resultado del estudio de veinte iglesias locales en las visitas “ad limita” obligatorias realizadas en 2023 para reunirse con el pontífice.

Las conclusiones de la comisión señalan en primer lugar el reclamo de más transparencia y una más rápida asunción de las responsabilidades. Las conclusiones están destinadas a informar sobre sus resultados y recomendaciones al Papa, pero también “a las víctimas sobrevivientes” de abusos y a todas las iglesias del mundo.

El informe pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar “el acompañamiento de las vítimas”.

En 2022 el Papa pidió un informe de la comisión “sobre lo que ocurre y lo que debe cambiar”.

El cardenal O’Malley señaló que “justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”. La comisión señala que constató que “la mayor prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a la verdad”.

“La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis”. También propone “una definición más uniforme de la vulnerabilidad, extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas”, para contar con elementos ágiles en su defensa.

El Papa ha impulsado medidas contra la lacra de los abusos sexuales, que incluyen la eliminación del secreto, cualquier intento de tapar “incidentes”, enmiendas de las sanciones penales y la obligaión de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso.

Las asociaciones de las víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes y señalan que el clero no está obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil. El secreto de confesión sigue siendo total.

Un tema muy debatido es el reclamo de una prioridad para “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión para la Protección de Menores juzgue culpable de agresión sexual”.

En una nota crítica, la Comisión pidió mas transparencia del “ministerio” Vaticano que gestiona las acusaciones de abusos sexuales, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El secreto y la lenta tramitación de los casos “suponen un nuevo trauma para la víctima”. El rechazo a publicar estadísticas y acerca de su propia jurisprudencia por parte del Dicasterio, “sigue fomentando la desconfianza entre los fieles, especialmente la comunidad de víctimas sobrevivientes”.

El informe de 50 paginas de la Comisión también levanta algunos velos sobre los problemas que ha tenido en el mismo Vaticano, reacio a enfrentar la crisis de abusos y de las políticas centradas en el apoyo de las víctimas.

La Comisión propone crear una especie de abogado o defensor especial en el Vaticano que se encargue de defender las necesidades de las víctimas. Sería una novedad muy importante.

También propone la Comisión que un mecanismo de justicia restauradora de derechos a compensaciones a las víctimas de los abusos, incluídas reparaciones económicos y pedidos públios de disculpas. Este cambio representaría un estímulo al propio saneamiento psíquico de los afectados.

Otro pedido importante de la Comisión es una definición más uniforme de los protocolos de la Iglesia para proteger a “adultos vulnerables” de los abusos, yendo más allá de la tendencia a considerar solo el abuso de menores como criminal.

El informe de la Comisión también reclama la necesidad de una renuncia inmediata, agilizando “el proceso de dimisión” de un lider eclesial acusado de abuso “siempre que esté justificado”. Este es un aspecto importante. La Iglesia no publica jamás el resultado de procesos internos en los que se descubre la responsabilidad de un obispo u otra autoridad menor en los retardos y algo más. Señala que hay autoridades eclesiastias que están “al inicio del ejercicio de asunción de responsabilidades”.

El Vaticano mantiene en secreto los resultados de los casos de abusos. Raramente se sabe de la responsabilidad de un obispo, por ejemplo, y esto gracias al proceso civil que demuestra, por ejemplo, que el victimario fue trasladado de inmediato a otra parte y sigue en funciones.

Esta activud explica la necesidad de una “conversión continua”, señala el informe de la Comisión. “Se ha asistido a un crecimiento de la conciencia tanto de la realidad de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia como a su mala gestión”. En cambio, facilitar la publicación de estos informes facilita “un proceso de conversión continua” dentro de las instituciones católcas.

El documento de la Comisión sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia señala que hay en total 114 conferencias episcopales en el mundo, y por ello la comisión se fija el objetivo de estudiar a todas en los próximos seis años. El cardenal O’Malley, que la voluntad del Papa mantuvo diez años al frente de la Comisión, se ha retirado. Se estima que su sucesor será el número dos, obispo Luis Manuel Alí Herrera, de 57 años, colombiano.