El preso político Jesús Rafael Alvarez, de 44 años, murió por problemas de salud este viernes bajo custodia del Estado en la cárcel de Tocuyito, estado de Carabobo, después que el régimen chavista le negara la atención médica necesaria.
El gobierno de Nicolás Maduro continúa sin otorgar salvolconductos a los seis asilados en la Embajada Argentina en Caracas desde hace nueve meses. Les ha cortado el agua y la luz.
Alvarez fue detenido en medio de las protestas por el fraude electoral de Maduro en las presidenciales del 28 de julio. Y es el segundo preso político que muere en menos de un mes por problemas de salud no atendidos por el sistema penitenciario.
El primero ocurrió el 14 de noviembre cuando falleció Jesús Martínez, de 48 años, quien padecía diabetes tipo II y problemas cardíacos, y a quien también le negaron la atención médica.
“Aquí no hay ningún muerto”, le respondieron en Tocuyito al joven hijo de Álvarez, de 22 años, y cuya madre también está presa y pide que la liberen.
El hijo mayor de Jesús Rafael Alvarez se enteró de la muerte de su padre a través de las redes sociales. Inmediatamente se trasladó a la morgue, donde le mostraron no el cadáver sino una foto para reconocerlo. A pesar de esta confirmación, las autoridades policiales se negaron a entregarle el cuerpo, alegando que no tenían «ningún muerto», a lo que el hijo respondió: «¿Y lo que yo vi allá [en la morgue] qué era? ¿Un muñeco? Ese era mi papá».
Jesús Rafael Álvarez fue detenido arbitrariamente el 2 de agosto, en el estado Bolívar, junto a su esposa por agentes de la contrainteligencia militar, y ambos fueron procesados por delitos de terrorismo e instigación al odio. Su hijo mayor de 22 años, a cargo de sus hermanas de 17 y 7 años, exige la libertad de madre «para que no tenga que recibir otra terrible noticia». «Me llevo a mi papá muerto, pero no quiero que a mi madre me la entreguen igual».
Una protesta de familiares de presos políticos frente a la sede del Ministerio Público (Fiscalía), en Caracas (Venezuela). Los presos liberados
El presidente Nicolás Maduro anunció que iba a liberar esta semana a 103 presos políticos pero la ONG Foro Penal solo ha registrado unos 43 excarcelados de los detenidos por motivos políticos, de los cuales unos 19 son adolescentes, que han salido bajo régimen de presentación. Aún quedan unos 23 menores de edad tras las rejas.
Los 1.905 detenidos pos electorales registrados por Foro Penal están internos en condiciones deplorables. La ONG y los familiares señalan que se han registrado unos doce intentos de suicidios en las últimas semanas.
El régimen de Maduro ha continuado aplicando el sistema de la puerta giratoria carcelaria. Mientras anuncia la medida cautelar para algunos presos políticos por la otra puerta ingresa a otros dirigentes opositores.
Esta semana detuvo a cuatro dirigentes políticos. Según el partido Vente Venezuela (VV), fundado por María Corina Machado, figuran Edgar Sarabia, coordinador municipal y Alvaro Mora, coordinador de organización de VV en el municipio Hérez, estado Bolívar, fueron arrestados este miércoles pasado.
También fueron detenidos esta semana Jesús Armas, activista y exconcejal de Caracas y el alcalde de Cabimas, estado Zulia, Nabil Maalouf.
Después de las elecciones del 28 de julio fueron arrestados Rafael Ramirez Colina, ex alcalde de Maracaibo, Freddy Superlano, dirigente de Voluntad Popular, Biagio Pilieri, coordinador nacional de Convergencia, Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela y Alfredo Díaz, dirigente de Acción Democrática (AD) en resistencia.
La presión que están ejerciendo los familiares de los presos políticos no cesa. Se reportaron 72 protestas en noviembre para exigir justicia por detenciones arbitrarias en Venezuela.
La representación de los Derechos Humanos de la ONU ha vuelto a Caracas con un equipo reducido en medio de más persecuciones a opositores.
El Alto Comisionado de la ONU-DDHH, Volker Turk, pide a Maduro que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela antes y después del 28 de julio, “incluyendo a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como a trabajadores humanitarios. También pido que se garanticen juicios justos para los detenidos, permitiéndoles designar un abogado de confianza”, dijo ayer.
