Pedro Sánchez cede otra vez a la presión del independentismo catalán para lograr la aprobación de una ley

En el tira y afloje que el gobierno de Pedro Sánchez mantiene con el independentismo catalán desde que los separatistas apoyaron su reelección en 2023, el jefe del gobierno de España tuvo que volver a ceder a sus requerimientos.

Este martes pactó con Junts per Catalunya, el partido del ex presidente catalán Carles Puigdemont, el “sí” al decreto ley ómnibus que le bocharon la semana pasada en el Parlamento a cambio de introducir algunas modificaciones que les interesan a Junts.

Y algo más: que finalmente la Mesa del Congreso, que es la que dirige y garantiza su buen funcionamiento, admita tramitar una proposición -no de ley- de Junts para que Pedro Sánchez acepte someterse a una cuestión de confianza.

“Testear” la confianza del Parlamento es un instrumento constitucional que está exclusivamente en manos del jefe del gobierno.

No puede ser impuesto desde afuera y Sánchez ya aseguró que no piensa someterse a la cuestión de confianza.

“La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la presidencia del gobierno de España, previa deliberación del Consejo de ministros”, dijo el presidente este martes en una comparecencia inusual desde el Palacio de la Moncloa.

“El gobierno no ve necesidad de hacerlo”, agregó, tajante.

Sin embargo acordó con el separatismo de derecha de Junts que el Congreso tramite la proposición no de ley.

La Mesa, que cuenta con mayoría del PSOE y Sumar -socios en la coalición de gobierno-, posterga desde mediados de diciembre la decisión de resolver si admite o no la tramitación de la propuesta de Junts.

Esta dilación puso de muy mal humor a su líder, Carles Puigdemont, quien retribuyó la demora anunciando que su partido dejaba en suspenso el apoyo parlamentario a las iniciativas del gobierno. Desde que asumió, Sánchez convive con un delicadísimo equilibrio en el Congreso donde, al no contar con mayoría, pacta cada iniciativa a cambio de concesiones.

Aún no tiene “abrochados” los votos suficientes para la ley más importante de la Legislatura: la de los presupuestos generales del Estado. Y Puigdemont no se lo va a hacer fácil.

Puigdemont gobernaba Cataluña en 2017, cuando el independentismo organizó un referéndum de autodeterminación ilegal y declaró unilateralmente la independencia catalana. El por entonces presidente fue destituido y huyó de España para no ir a la cárcel. Está esperando regresar al pago cuando se disipen las dudas sobre la aplicación de la ley de amnistía que pactó con Sánchez a cambio de apoyar su última reelección.

“Es una barbaridad”, aseguró a Clarín el catedrático derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Eloy Gracía, cuando se lo consultó sobre la posibilidad que la Cámara de Diputados tramite una cuestión de confianza.

“El Congreso no es soberano. Actúa conforme a la ley”, subrayó. E insistió con que no es constitucional que un grupo parlamentario le pida al jefe del gobierno, a través del Parlamento, que se someta a una cuestión de confianza. “Es una prerrogativa, un privilegio del presidente”, insistió.

Algunos letrados del Congreso señalaron además que, admitir el tratamiento parlamentario de la propuesta equivaldría a legitimar “una cuestión de confianza encubierta”.

Sin embargo, aunque sea debatida en el hemiciclo y las derechas del Partido Popular, de Vox y de Junts se unieran para que el pedido de sometimiento al jefe del gobierno una cuestión de confianza avanzara, Pedro Sánchez podría negarse sin que hubiera consecuencias jurídicas.

La única vía para desalojar a Sánchez de La Moncloa antes de tiempo es a través de una moción de censura. El Partido Popular estaría dispuesto a presentarla si el resto de fuerzas opositoras -en particular las de derecha como podrían ser Vox, Junts y el Partido Nacionalista Vasco- le garantizaran su apoyo para que saliera adelante.

Pero ni el separatismo catalán ni el vasco comulgarían con Vox, único e indispensable socio posible para que el PP recupere el gobierno de España.

“Tras una larga negociación, el Consejo de ministros ha aprobado un nuevo real decreto ley social, que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre”, quiso informar Pedro Sánchez este martes.

“Hablamos de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC (índice de precios al consumidor) de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible Dana de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma, por citar algunas de ellas”, enumeró.

“El gobierno de España se puso a trabajar para encontrar una solución porque nuestra principal prioridad siempre ha sido y sigue siendo la misma y es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, como hemos visto hoy con los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) y lograr que esos frutos del crecimiento económico se redistribuyan a favor de la mayoría social de ciudadanos y de ciudadanos”, apuntó.

La EPA dio a conocer este martes que España registró en 2024 la tasa de desempleo más baja de los últimos 16 años: 10,6 por ciento.

Respecto de las concesiones que hizo al independentismo, sin aludir a eso, Pedro Sánchez agregó: “Estos últimos días nos han enseñado muchas cosas cosas que deberíamos reflexionar, entre todos, y tomar nota. Nos han enseñado, por ejemplo, que a pesar de todas las dificultades y a pesar de estar en minoría parlamentaria desde hace siete años a esta parte, el gobierno de coalición progresista es el gobierno de los acuerdos”.

En referencia al voto negativo del PP y de Vox la semana pasada, el jefe del Ejecutivo señaló: “Este gobierno suda la camiseta. No da un partido por perdido y aporta soluciones donde otros lo único que hacen es negar. Lo hacen porque tienen una visión de la sociedad completamente diferente a la de este gobierno de coalición progresista. Donde nosotros vemos un derecho, ellos ven una mercancía con la que hacer negocio, por eso votan en contra de revalorizar las pensiones.”