Después de la lluvia de críticas que recibió el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás este miércoles y rescindió una orden que congelaba las subvenciones federales. Esa decisión, que afectaba miles de programas sociales, entre otros, provocó una fuerte tormenta política, incertidumbre y caos en Washington.
En un memorándum fechado el miércoles y distribuido a las agencias federales, Matthew J. Vaeth, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, afirma que el memorándum M-25-13 de la OMB «queda rescindido».
Esa orden, emitida el lunes, había instruido a las agencias federales a «pausar temporalmente todas las actividades relacionadas con las obligaciones o el desembolso de toda la asistencia financiera federal«.
La orden original de la Casa Blanca que congelaba las subvenciones federales, que se hizo pública el lunes, causó caos y confusión masivos en todo Washington, porque ponía en peligro los programas gubernamentales que financian escuelas, proporcionan vivienda y garantizan que los estadounidenses de bajos ingresos tengan acceso a la atención médica.
Los estados informaron problemas para acceder a los fondos de Medicaid, e incluso hasta el miércoles, las autoridades de vivienda pública informaron que se les había bloqueado el acceso a su portal de financiación.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, salió a aclarar que la asistencia para las personas no se vería afectada.
Una protesta en Washington contra la decisión de Donald Trump de cortar los programas de ayuda social, el martes. Foto: AP Marcha atrás
La decisión de rescindir esa orden se produjo en medio de fuertes presiones de los legisladores demócratas, pero también republicanos.
En una rueda de prensa, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, había calificado el martes la orden como “una puñalada al corazón de las familias estadounidenses”, subrayando que es “ilegal” y que su impacto se sentirá tanto en estados republicanos como demócratas, en ciudades y en zonas rurales.
Los republicanos tambien mostraban un profundo rechazo tras bambalinas. Al conocer la marcha atrás de Trump, un senador oficialista expresó alivio por el cambio de rumbo. «El caos nunca es bueno», dijo a The Hill.
Los legisladores republicanos se habían visto inundados de llamadas de líderes comunitarios de sus distritos que expresaron confusión y preocupación por la pérdida de subvenciones federales.
Los legisladores demócratas también festejaron: “Esta es una victoria importante para el pueblo estadounidense cuyas voces se escucharon después de una presión masiva desde todos los rincones de este país: la gente real marcó la diferencia al alzar la voz», dijo la senadora Patty Murray, demócrata de Washington.
«Aun así, la administración Trump, a través de una combinación de pura incompetencia, intenciones crueles y un desprecio deliberado de la ley, causó un daño real y caos para millones de personas en el lapso de las últimas 48 horas, que aún continúa», agregó.
El gobierno de Trump retiró la orden un día después de que un juez federal en Washington D.C. detuvo temporalmente su implementación hasta el 3 de febrero, lo que permitió a los defensores de la salud pública, organizaciones sin fines de lucro y empresas, representados por el grupo de izquierda Democracy Forward, más tiempo para impugnar la legalidad de la directiva.
Por separado, aproximadamente dos docenas de fiscales generales estatales presentaron su propia demanda contra el gobierno el martes, argumentando que la pausa en el gasto federal había perjudicado a sus ciudadanos, lo que justificaba su revocación.
La polémica decisión de Trump se enmarca en su política de un drástico recorte de gastos, que incluye también medidas como reducir las plantas de personal de los organismos del Estado.
En ese contexto, este martes el gobierno republicano ofreció retiros voluntarios a casi todos los empleados federales, una medida diseñada para reducir y reformar el gobierno estadounidense.
En un correo electrónico enviado el martes, su administración dijo a los trabajadores que tenían que decidir antes del 6 de febrero si querían ser parte de un programa de «dimisión diferida».
La administración Trump espera que hasta el 10% de los empleados acepten la oferta, lo que equivale a unos 200.000 de los más de dos millones de personas que trabajan para el gobierno federal, según CBS News.
