Marine Le Pen podría presentarse a ser candidata presidencial si no fuera por la ley Sapin II. Una legislación, creada bajo el gobierno socialista de François Hollande por el entonces ministro de finanzas, Michel Sapin, para luchar contra la corrupción y el tráfico de influencias.
Es esta legislación francesa la que condena políticamente a Le Pen, la vuelve inelegible, le corta su carrera política por malversación de fondos públicos y la multa.
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Francia: inhabilitan a Marine Le Pen por 5 años y no podrá postularse a presidente en 2027
La líder de Reagrupación Nacional fue condenada el lunes por el tribunal de París a cuatro años de prisión, dos de ellos en suspenso, a arresto domiciliario electrónico, a una multa de 100.000 euros y a cinco años de inhabilitación, con ejecución provisional. Debería llevar un brazalete electrónico. Eso significa que no iría a prisión. Pero la apelación ha dejado en suspenso esa sentencia, excepto la de la elegibilidad, que permanece y se ejecuta en el acto.
El tribunal de París condenó a la líder de Reagrupación Nacional, el partido heredado de su padre, Jean Marie Le Pen. Fue declarada culpable de malversación de fondos públicos, por la desviación de fondos del Parlamento Europeo para empleados ficticios. A ella la acusan del desvío de 474.000 euros, de un total de 2,9 millones de euros al Parlamento Europeo. Una enorme humillación para el partido de ultraderecha.
Ley Sapin II contra la corrupción
La ley Sapin II sobre la probidad política, considerada responsable de la inelegibilidad de Marine Le Pen a pesar de su recurso, «pretendía dotar a Francia de las herramientas necesarias para luchar eficazmente contra la corrupción», afirmó este martes el ex ministro Michel Sapin, su autor.
Francia acababa de ser «señalada muy duramente por la OCDE por su ineficacia en la lucha contra la corrupción” explicó Sapin.
Esta solicitud de pena de inelegibilidad era esperada, dado que es la regla respecto del delito de malversación de fondos públicos desde 2016, mientras que anteriormente era opcional.
La líder de Reagrupación Nacional fue condenada el lunes por el tribunal de París a cuatro años de prisión. Foto: ReutersEs lo que prevé el artículo 432-17 del Código Penal, modificado por la ley llamada “Sapin II”. La ley del 9 de diciembre de 2016 relativa a la transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la vida económica ha hecho obligatoria la imposición de esta pena complementaria de inelegibilidad a toda persona condenada por un delito contra la probidad. La fecha de su entrada en vigor comprende también el período de los hechos, que es la cuestión en este juicio.
La sentencia
La sanción es sistemática en casos de malversación de fondos públicos.
En virtud del principio de individualización de las penas, el juez conserva, no obstante, la posibilidad de dejarlas sin efecto «mediante decisión especialmente motivada, tomando en consideración las circunstancias del delito y la personalidad del autor».
Esta situación nunca se había producido en los últimos años. Como indicó el Ministerio de Justicia al diario Libération en noviembre, las condenas por malversación de fondos públicos siempre conllevaron una pena adicional de inhabilitación, de 2017 a 2023. En efecto, el tribunal de París del caso Le Pen del 31 de marzo simplemente seguía una larga jurisprudencia sobre el tema.
En cuanto a la segunda parte, la solicitud de “ejecución provisional”, independientemente de un procedimiento de recurso, tampoco es una novedad. Varios cargos electos han sido objeto de esta modalidad en los últimos años, en juicios por malversación de fondos públicos, como el ex senador y presidente de la Polinesia Francesa Gaston Flosse, Brigitte Barèges, ex alcaldesa de Montauban (finalmente absuelta en apelación), o el ex alcalde de Toulon, Hubert Falco, condenado hace unos meses en apelación.
Si bien este escenario es «extremadamente raro en disputas políticas y financieras», señaló Le Figaro, “está lejos de ser excepcional para la mayoría de los litigantes”. Según cifras del Ministerio de Justicia, en 2021 el 48% de las penas de prisión dictadas por un tribunal penal contra un adulto se ejecutaron de forma inmediata.
El Tribunal de Casación aclaró en una sentencia de 2022 que la ejecución provisional “responde al objetivo de interés general de promover la ejecución de la pena y prevenir la reincidencia”.
En el presente proceso, la Fiscalía consideró que la prevención de la reincidencia estaba justificada porque los hechos se cometieron a lo largo de varios años y «solo fueron interrumpidos por la denuncia del Parlamento Europeo». Por otra parte, el Frente Nacional «ya fue condenado por malversación de fondos». Finalmente, el fiscal señaló que se está haciendo todo lo posible «para posponer la decisión judicial y su ejecución».
La fiscalía también denunció un «enriquecimiento partidista sin precedentes» por su «duración» (más de 10 años), su «magnitud» (más de 4 millones de euros) y su «carácter organizado y sistematizado».
Una ley para mejorar la imagen de Francia
La ley de inelegibilidad nació tras el gobierno de Nicolás Sarkozy, el financiamiento libio de la campaña electoral y denuncias sobre los fondos ilegales para mantener a los partidos en Francia
En 2016, el Parlamento francés aprobó la Ley N.º 2016-1691 sobre transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica y entró en vigor el 1 de junio de 2017. Busca luchar contra la corrupción y el tráfico de influencias.
El objetivo principal de la ley Sapin II es alinear las políticas de Francia con sus contrapartes europeas y los estándares internacionales.
Con ello, el gobierno francés esperaba responder a las críticas sobre su enfoque frente al soborno y la corrupción y, por tanto, mejorar la imagen de Francia en el exterior. Su contexto legislativo trata de luchar contra el fraude, el lavado de dinero, la corrupción, el financiamiento del terrorismo a escala nacional y mundial.
Sapin II se aplica tanto a empresas privadas como a empresas estatales, constituidas o con sede en Francia, con al menos 500 empleados e ingresos de al menos 100 millones de euros. La ley también se aplica a las empresas o instituciones, que pertenecen a un grupo cuya organización matriz tiene su sede en Francia y emplea al menos 500 empleados en todo el mundo.
Para los grupos de empresas con unas ventas consolidadas de 100 millones de euros, la ley se aplica a todas las entidades, incluidas sus filiales, independientemente de que existan en Francia o en el extranjero.
Sapin II creó la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) para administrar la ley. Para las empresas que se considere que no cumplen con la ley, la AFA puede emitir una advertencia o imponer sanciones, que incluyen multar a cualquier director con hasta 200.000 euros o a una empresa con hasta 1 millón de euros. La AFA también se reserva el derecho de hacer pública cualquier decisión.
La ley exige que las empresas creen un código de conducta, que detalle los comportamientos prohibidos asociados con el soborno y la corrupción para directivos y empleados.
