El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que vetará un proyecto aprobado la víspera por el Parlamento, que reduce las penas dictadas contra el exmandatario Jair Bolsonaro y quienes le secundaron en el intento de golpe de Estado de 2022.
«Las personas que cometieron un crimen contra la democracia tienen que pagar por los actos cometidos», dijo Lula en una rueda de prensa, en la cual afirmó que él tiene «derecho a vetar», así como el Congreso «tiene derecho» a posteriormente derribar su decisión.
«Necesitamos tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023», dijo Lula en relación al asalto a los tres poderes del Estado ocurrido una semana después de su investidura, cuando miles de activistas del bolsonarismo intentaron arrastrar a las Fuerzas Armadas a derribar a su Gobierno, lo cual, según la Corte Suprema, fue el corolario de un complot golpista liderado por Bolsonaro.
«Si la democracia olvida la importancia que tiene, terminamos perdiendo todos», declaró el mandatario.
El Senado aprobó el miércoles por mayoría un proyecto de ley que abre la puerta a reducir las penas de los condenados por delitos contra la democracia.
El texto ya había recibido previamente el aval de la Cámara de los Diputados, por lo que se envió para su sanción presidencial, aunque Lula ya anticipó que lo vetará.
El pasado 11 de septiembre, el Supremo condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por «liderar» un complot golpista para «perpetuarse en el poder», tras perder las elecciones de 2022 por un estrecho margen frente a Lula.
El 25 de noviembre, una vez agotadas las apelaciones, el alto tribunal ordenó la ejecución de la sentencia contra el líder ultraderechista en un cuarto de la sede de la Policía Federal, en Brasilia, donde llevaba varios días recluido.
Bolsonaro estaba en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por haber violado una serie de medidas cautelares impuestas en el marco del proceso y fue transferido a la Policía Federal después de que intentó dañar una tobillera electrónica que era parte de esas restricciones.
Según los cálculos de sus aliados, si el proyecto de reducción de penas entra en vigor, el capitán retirado del Ejército podría cumplir apenas dos años en régimen cerrado.
