La Central Obrera Boliviana (COB, principal sindicato del país) confirmó que realizará una huelga general contra el Decreto 5503, que elimina el subsidio a los combustibles vigente desde hace más de dos décadas. La decisión se produce a pesar de los acuerdos parciales alcanzados por el gobierno con otros sectores sociales para evitar protestas.
Además, mineros, cocaleros y algunos sectores que son parte de la COB marcharon este lunes para exigir al Gobierno de Rodrigo Paz que elimine el decreto que dispone el retiro de la subvención a los combustibles.
Decenas de mineros cooperativistas llegaron desde otras regiones del país y marcharon hacia La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, desde la ciudad vecina de El Alto, para mostrar que este sector «está dispuesto a todo» para que el Gobierno retroceda en su decisión.
«Esta marcha se ha convocado para derogar este decreto que atenta los derechos de todos los bolivianos. (Si no se retira) vamos a continuar con medidas, tiene que haber una convocatoria sana y estructural para sentarnos a dialogar«, dijo a EFE el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Josué Richard Kari Kari.
«No cederemos, no negociaremos sin el consentimiento de nuestro pueblo», declaró Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, en un mensaje grabado con otros colegas.
El dirigente sindical calificó el decreto como una medida «arbitraria» que, en su opinión, beneficia a «un sector privilegiado, empresarial y burgués». En este contexto, convocó a diversos sectores sociales a unirse a la marcha y afirmó que la huelga no tiene carácter político, sino una protesta para exigir mejores condiciones.
Mientras tanto, el expresidente de izquierda Evo Morales amenazó al nuevo presidente centrista Rodrigo Paz, prometiendo que fomentaría nuevas protestas contra el gobierno a menos que revirtiera la eliminación de los subsidios a los combustibles.
La huelga fue inicialmente convocada el viernes por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia como un paro «general e indefinido» para exigir la anulación del decreto 5503. A la medida se sumaron la COB y sectores de campesinos cocaleros afines al expresidente Morales, lo que elevó la tensión social durante el fin de semana.
Sin embargo, el Gobierno de Paz logró el domingo desactivar parte de la presión tras firmar acuerdos con transportistas de carga de Cochabamba, que aceptaron instalar mesas de trabajo sobre asuntos tributarios y aduaneros y descartaron plegarse al paro.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, uno de los negociadores, sostuvo que para superar la crisis económica «es necesario trabajar» y que «nadie va a salir de este momento bloqueando«, según declaraciones difundidas por el Ejecutivo. En la víspera, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, había sellado un entendimiento similar con transportistas de carga pesada de Santa Cruz.
En La Paz, el presidente también se reunió con mineros auríferos y juntas vecinales, que resolvieron no sumarse a la huelga. Para la noche del domingo, el mandatario anunció un mensaje a la población por el canal estatal Bolivia TV para explicar los alcances del decreto y reiterar que la medida «no se va a cambiar».
El decreto 5503, emitido el miércoles pasado, fija nuevos precios para los combustibles: 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel.
Esto implica incrementos del 86 % en la gasolina y del 162 % en el diésel respecto a los valores subvencionados que rigieron durante más de dos décadas. Según el Gobierno y analistas económicos, el esquema de subsidios se había vuelto insostenible en el actual contexto de crisis fiscal y escasez de divisas.
El Ejecutivo estima que mantener la subvención demandaría en 2026 unos 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
