Israel anunció este martes que suspenderá a más de dos docenas de organizaciones humanitarias que trabajan en la Franja de Gaza, incluyendo a Médicos Sin Fronteras, al considerar que sus empleados «estuvieron involucrados en actividades terroristas».
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora dijo que las organizaciones que quedarán prohibidas a partir del 1 de enero no cumplieron con los nuevos requisitos para compartir información sobre personal, financiamiento y operaciones.
Acusó a Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las mayores organizaciones de salud que operan en Gaza, de no aclarar los roles de algunos empleados que Israel acusa de cooperar con Hamas y otros grupos combatientes extremistas.
Las organizaciones internacionales han dicho que las normas de Israel son arbitrarias y podrían poner en peligro al personal. El ministerio afirmó que alrededor de 25 organizaciones, o el 15%, de las ONG que trabajan en Gaza no renovaron sus permisos.
Israel ya había acusado al personal de MSF de involucrarse en actividades militares en Gaza en 2024. En ese momento, el grupo dijo que estaba “profundamente preocupado por estas acusaciones y las está tomando muy en serio”. MSF afirmó que nunca emplearía conscientemente a personas involucradas en actividades militares.
Israel y las organizaciones internacionales están en desacuerdo sobre la cantidad de ayuda que ingresa a Gaza. Israel afirma que cumple con los compromisos de ayuda establecidos en el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, pero las organizaciones humanitarias disputan las cifras de Israel y dicen que se necesita mucha más ayuda en el devastado territorio palestino donde viven más de 2 millones de personas.
En tanto, las Naciones Unidas denunciaron el martes la reciente legislación israelí que autoriza el corte del suministro de agua y electricidad a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), con el riesgo de privar a «millones de personas» de estos servicios básicos.
El Parlamento israelí aprobó el lunes un proyecto de ley respaldado por el gobierno que prohíbe suministrar agua o electricidad a inmuebles pertenecientes a la UNRWA. Además, el Estado podrá a partir de ahora tomar posesión de terrenos del dominio público israelí que hayan sido utilizados por el organismo.
En 2024 Israel ya había prohibido a la UNRWA operar en su territorio tras acusar a algunos de sus empleados de haber participado en el ataque terrorista del movimiento palestino Hamas del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.
a UNRWA, Philippe Lazzarini, criticó el martes la nueva legislación, calificándola de «escandalosa» y afirmando que «se inscribe en el marco de una campaña sistemática y continua destinada a desacreditar a la organización y a obstaculizar el papel central que desempeña» proporcionando asistencia a los refugiados palestinos.
