WASHINGTON — El Pentágono utilizó una aeronave secreta, pintada para simular un avión civil, en su primer ataque contra un barco que, según la administración Trump, transportaba drogas.
El ataque causó la muerte de 11 personas el pasado septiembre, según funcionarios informados del asunto.
La aeronave también llevaba sus municiones dentro del fuselaje, en lugar de estar visiblemente bajo las alas, indicaron.
La apariencia no militar es significativa, según los especialistas legales, porque la administración ha argumentado que sus ataques letales en barcos son legales —no asesinatos— porque el presidente Donald Trump “determinó” que Estados Unidos está en un conflicto armado con los cárteles de la droga.
Pero las leyes de los conflictos armados prohíben a los combatientes simular ser civiles para engañar a los adversarios y hacerlos bajar la guardia, para luego atacarlos y matarlos.
Eso constituye un crimen de guerra llamado «perfidia».
Caso
El mayor general retirado Steven J. Lepper, ex fiscal general adjunto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dijo que si el avión había sido pintado de una manera que ocultaba su naturaleza militar y se había acercado lo suficiente para que la gente en el barco lo viera (engañándolos para que no se dieran cuenta de que debían tomar medidas evasivas o rendirse para sobrevivir), eso era un crimen de guerra según los estándares de los conflictos armados.
“Ocultar la identidad es un elemento de perfidia”, dijo.
“Si la aeronave que sobrevuela no es identificable como de combate, no debería participar en actividades de combate”.
La aeronave descendió lo suficiente como para que las personas a bordo la vieran, según funcionarios que vieron o fueron informados a través de las cámaras de vigilancia del ataque.
La embarcación había regresado a Venezuela, aparentemente tras avistar el avión, antes del primer ataque.
Dos supervivientes del ataque inicial parecieron saludar posteriormente a la aeronave tras subir a un trozo volcado del casco, antes de que los militares los abatieran en un ataque posterior que también hundió los restos.
No está claro si los primeros supervivientes sabían que la explosión en su embarcación había sido causada por un ataque con misiles.
Desde entonces, el ejército ha optado por utilizar aeronaves militares reconocibles para los ataques a embarcaciones, incluyendo drones MQ-9 Reaper, aunque no está claro si estas aeronaves volaron lo suficientemente bajo como para ser avistadas.
Un avión MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos rueda por la pista antes de despegar del aeropuerto Rafael Hernández, en medio de las tensiones entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, en Aguadilla, Puerto Rico, el 26 de diciembre de 2025. REUTERS/Eva Marie UzcateguiEn un ataque a una embarcación en octubre, dos supervivientes de un primer ataque lograron alejarse nadando de los restos, evitando así ser asesinados por un ataque posterior contra los restos de su embarcación.
El ejército los rescató y los devolvió a sus países de origen, Colombia y Ecuador.
Los manuales militares estadounidenses sobre el derecho de la guerra abordan extensamente la perfidia, indicando que esta incluye cuando un combatiente finge ser civil, de modo que el adversario «no toma precauciones que de otro modo serían necesarias».
Un manual de la Armada estadounidense afirma que los combatientes legítimos en el mar emplean la fuerza ofensiva «dentro de los límites del honor militar, en particular sin recurrir a la perfidia», y enfatiza que los comandantes tienen el «deber» de «distinguir sus propias fuerzas de la población civil».
Según personas familiarizadas con el asunto, han surgido preguntas sobre perfidia en sesiones informativas a puerta cerrada del Congreso por parte de líderes militares, pero no se han debatido públicamente debido a que la aeronave es información clasificada.
El debate público se ha centrado en un ataque posterior que mató a los dos primeros supervivientes, a pesar de que la ley de guerra prohíbe atacar a los náufragos.
La oficina de prensa del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., cuyo líder, el almirante Frank M. Bradley, dirigió la operación el 2 de septiembre, se negó a comentar sobre la naturaleza de la aeronave utilizada en el ataque.
Sin embargo, el Pentágono insistió en un comunicado que su arsenal se ha sometido a una revisión legal para garantizar su conformidad con las leyes de los conflictos armados.
“El ejército estadounidense utiliza una amplia gama de aeronaves estándar y no estándar según los requisitos de la misión”, declaró Kingsley Wilson, secretario de prensa del Pentágono, en respuesta a preguntas de The New York Times.
“Antes de la puesta en servicio y el empleo de cada aeronave, se someten a un riguroso proceso de adquisición para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, las políticas y regulaciones del departamento, y las normas internacionales aplicables, incluido el derecho de los conflictos armados”.
Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, emitió un comunicado que no abordó específicamente los problemas de perfidia, pero defendió el ataque, argumentando que había sido ordenado por Trump para perseguir el narcotráfico y las actividades violentas de los cárteles.
Añadió: «El ataque se ajustó plenamente al derecho de los conflictos armados».
No está claro qué aeronave era. Si bien varios funcionarios confirmaron que no estaba pintada al estilo militar clásico, se negaron a especificar su aspecto exacto.
A principios de septiembre, entusiastas aficionados a la observación de aviones publicaron fotografías en Reddit de lo que parecía ser uno de los 737 modificados por el ejército, pintado de blanco con una franja azul y sin marcas militares, en el aeropuerto de St. Croix en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Independientemente de la aeronave en cuestión, tres personas familiarizadas con el asunto reconocieron que no estaba pintada del gris militar habitual ni tenía distintivos militares.
Sin embargo, afirmaron que su transpondedor transmitía un número de matrícula militar, es decir, transmitía o «graznaba» su identidad militar mediante señales de radio.
Varios expertos en derecho de la guerra dijeron que eso no haría legal el uso de tal aeronave en estas circunstancias ya que las personas en el barco probablemente carecían de equipo para captar la señal.
Entre los especialistas legales que dijeron que el uso de una señal de transpondedor militar no resolvería un problema de perfidia se encontraba Todd Huntley, un capitán retirado de la Marina que anteriormente estuvo desplegado en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales como juez abogado general, o JAG, y dirigió la división de leyes de seguridad nacional de la Marina.
Huntley dijo que podía pensar en usos legítimos para una aeronave de este tipo que harían que fuera legal tenerla en el arsenal para otros contextos, incluido un escenario de rescate de rehenes en el que las municiones podrían ser necesarias para la autodefensa pero no estaban destinadas a lanzar ataques ofensivos.
La administración Trump mantuvo en secreto la planificación de la operación de los ataques a las embarcaciones, excluyendo a muchos abogados militares y expertos operativos que normalmente participarían.
Además, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha intentado socavar el papel de los abogados militares como control interno, incluso despidiendo a los principales JAG de las fuerzas armadas en febrero.
El ejército estadounidense opera varias aeronaves construidas sobre fuselajes civiles, incluyendo Boeing 737 modificados y turbohélices Cessna, que pueden lanzar municiones desde compartimentos de armas internos sin armamento externo visible.
Estas aeronaves suelen estar pintadas de gris y tienen marcas militares, pero sitios web militares y de avistamiento de aviones muestran que algunas están pintadas de blanco y tienen marcas mínimas.
El ejército estadounidense ha matado al menos a 123 personas en 35 ataques a barcos, incluido el del 2 de septiembre.
Diversos especialistas en leyes que rigen el uso de la fuerza han declarado que las órdenes de Trump y Hegseth de atacar las embarcaciones han sido ilegales y que los asesinatos han sido asesinatos.
El ejército no tiene permitido atacar a civiles que no representen una amenaza inminente, incluso si son sospechosos de delitos.
La administración ha argumentado que los ataques son legales y que las personas en los barcos son “combatientes” porque Trump decidió que la situación era un supuesto conflicto armado no internacional —es decir, una guerra contra un actor no estatal— entre Estados Unidos y una lista secreta de 24 bandas criminales y cárteles de la droga que él ha considerado terroristas.
La legitimidad de esa afirmación es ampliamente cuestionada.
Aun así, ha llamado la atención sobre cómo ciertos ataques podrían haber violado las leyes de la guerra.
Al igual que Lepper y Huntley, Geoffrey Corn, teniente coronel retirado y oficial del JAG, quien fue asesor principal del Ejército en cuestiones de derecho de la guerra, afirmó no creer que el ataque del 2 de septiembre se produjera en un conflicto armado.
Actualmente es profesor de derecho en la Universidad Tecnológica de Texas.
Pero señaló que Estados Unidos considera que la perfidia es un delito en los conflictos armados no internacionales: acusó a un detenido de Guantánamo ante una comisión militar de ese delito por el ataque de Al Qaeda al USS Cole en 2000, en el que militantes en una pequeña embarcación colocaron una bomba oculta al costado del buque de guerra mientras saludaban amistosamente.
Corn dijo que una evaluación de si el ataque del 2 de septiembre contaba como perfidia dependería de si los militares estaban tratando de hacer creer a la gente en el barco que la aeronave era civil para «aprovecharla».
“La pregunta crucial es si existe una razón alternativa creíble para utilizar una aeronave sin identificación para llevar a cabo el ataque, aparte de explotar su aparente condición de civil para obtener alguna ventaja táctica”, dijo.
c.2026 The New York Times Company
