El Parlamento de Venezuela aprobó una ley de amnistía que abarca los 27 años del chavismo y excluirá las «violaciones graves» a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El texto incluye la revocación de inhabilitaciones políticas, que en principio beneficia a la líder opositora y nobel de la Paz, María Corina Machado, impedida de enfrentar al depuesto Nicolás Maduro en las elecciones de 2024.
La «Ley de amnistía para la convivencia democrática» es una iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.
La primera discusión aborda el espíritu general de la ley que antecede a una consulta con la sociedad civil previo al debate final artículo por artículo.
La AFP accedió al proyecto de ley, que abarca a los acusados por «traición a la patria», «terrorismo» e «instigación al odio». Se trata de delitos que fueron imputados normalmente a presos políticos durante estos años. Va también desde la sublevación hasta los castigos por un mensaje en redes sociales o servicio de mensajería.
«Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación», dice el texto de justificación legislativa.
«Quedan excluidos de sus beneficios» delitos como «las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas», añadió.
La exclusión en todo caso responde -según el texto- a un «estricto acatamiento» de la Constitución venezolana, que ya prohíbe contemplar este tipo de delitos en cualquier tipo de indulto o amnistía.
La Corte Penal Internacional (CPI) investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno de Maduro, desde 2017.
La amnistía es el marco que va a servir para que no se repita lo que ocurrió en el pasado y para que el pasado no sirva para detener o frenar procesos de transición», explicó a la AFP Alfredo Romero, director de Foro Penal, ONG que presta servicios legales a presos políticos.
«Un proceso de reconciliación, de transición, no puede ser un proceso de persecución contra aquellos que manejaban el poder previamente», indicó.
La ley incluye hechos como el fallido golpe al fallecido presidente Hugo Chávez en 2002, la huelga petrolera de ese mismo año o los distintos ciclos de protestas desde 2004 a 2024. Ampara asimismo «infracciones» de jueces, fiscales y otros funcionarios.
El chavismo tiene mayoría absoluta en el Parlamento unicameral.
«La amnistía general propuesta busca la justicia y la convivencia entre los venezolanos», indicó el texto de justificación, que apuesta por «la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad».
El debate llega al Parlamento en paralelo a un nuevo proceso de diálogo político entre el gobierno y una fracción de la oposición distanciada del ala que lidera la nobel de la Paz, María Corina Machado.
Otros procesos de negociación fracasaron en el pasado. Una fuente que estuvo en la primera reunión destacó un tono «menos arrogante» en el chavismo ante la presión de Estados Unidos, que habla de transición democrática. La oposición que participó en el encuentro quiere nuevas elecciones, aunque no las apura.
El ataque estadounidense que el 3 de enero llevó a la caída de Maduro incluyó un bombardeo a Caracas y otras regiones vecinas.
Delcy Rodríguez entregó control del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones con Estados Unidos, además de impulsar la amnistía.
El proyecto de ley se presenta en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por la presidenta Rodríguez el 8 de enero.
Hasta este jueves han salido de la cárcel 383 presos políticos, según un balance de Foro Penal. Sería la segunda amnistía durante el chavismo, la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.
