Chad Mizelle, ex jefe de personal de la fiscala general Pam Bondi, publicó el pasado fin de semana un anuncio en internet solicitando personal para puestos de fiscales federales, lo que quizás explique por qué tantos funcionarios valiosos del Departamento de Justicia se han marchado y por qué tan pocos candidatos quieren entrar.
Los fiscales federales adjuntos no suelen ser reclutados por un antiguo empleado federal que pide a los posibles candidatos que envíen un mensaje privado a su cuenta de X, como pretendía hacer Mizelle.
En el pasado tampoco se les ha pedido que demuestren su lealtad política o ideológica.
“Si eres abogado, estás interesado en ser AUSA (fiscal federal adjunto de Estados Unidos, por su sigla en inglés) y apoyas al presidente Trump y la agenda contra la delincuencia, envíame un mensaje directo”, escribió Mizelle, un ferviente partidario de Donald Trump que mantiene una estrecha relación con dirigentes del Departamento de Justicia y altos funcionarios del ala oeste de la Casa Blanca.
El director del FBI, Kash Patel, en la Casa Blanca en Washington, el 12 de diciembre de 2025. En Minneapolis, Patel y Todd Blanche detuvieron los planes de los fiscales y agentes de colaborar con sus homólogos locales. (Eric Lee/The New York Times)Mizelle actuaba como un ciudadano privado que expresaba sus propias opiniones.
Pero el mensaje reflejaba el sentimiento predominante dentro del departamento:
que Trump tiene derecho a contratar solo a quienes estén dispuestos a ejecutar su programa.
También subrayó la dinámica que parece estar contribuyendo a la misma escasez de personal que Mizelle intentaba resolver.
Mezcla
La mezcla de objetivos policiales y políticos ha hecho que el departamento, durante mucho tiempo un imán para el talento jurídico de primera, sea un lugar poco atractivo, según funcionarios actuales y antiguos que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.
El número de solicitudes ha descendido significativamente con respecto a años anteriores, dijeron los funcionarios, a pesar de que personas leales a Trump han hecho públicas las vacantes a través de canales oficiales y no convencionales.
Algunos de los solicitantes no suelen estar tan cualificados como quienes pidieron el puesto en el pasado reciente, añadieron.
Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió a preguntas concretas, pero dijo que todas las acciones del departamento reflejaban el memorando de Bondi de febrero de 2025, en el que se exigía a todos los empleados que “promovieran, protegieran y defendieran celosamente” los intereses de Trump en su papel de jefe ejecutivo de la nación.
La Casa Blanca ha ejercido un control extraordinario sobre el Departamento de Justicia, y ha presionado a los fiscales para que investiguen y procesen a los enemigos del presidente, todo ello en nombre de revertir la supuesta politización bajo el mandato demócrata.
Las solicitudes para puestos vacantes en las fiscalías estadounidenses, que antes eran cuestionarios apolíticos, ahora suelen incluir requisitos para opinar sobre las políticas de Trump.
“¿Cómo contribuirías a promover las órdenes ejecutivas y las prioridades políticas del presidente en este puesto?”, decía una de las preguntas de una solicitud de empleo en la fiscalía de Minnesota, cuyas filas han disminuido drásticamente tras el asesinato de dos manifestantes en Mineápolis, que provocó un éxodo de fiscales.
“Identifica una o dos órdenes ejecutivas o iniciativas políticas relevantes que sean significativas para ti, y explica cómo ayudarías a ponerlas en práctica si te contrataran”, reza otra.
Un ex fiscal que formó parte de un comité de contratación en la fiscalía de Los Ángeles dijo que los candidatos que expresaban su apoyo a las políticas del gobierno solían ser seleccionados para las entrevistas finales, incluso aquellos con un expediente académico deficiente y escasa experiencia en litigios.
Sin embargo, en el Departamento de Justicia de Trump, quienes están a cargo tampoco pueden ser muy exigentes.
Varias fiscalías federales de todo el país han sufrido pérdidas debilitantes por despidos y dimisiones, muchas de ellas derivadas de los esfuerzos de los altos dirigentes del departamento por empujar a los fiscales de carrera a cumplir las órdenes de Trump.
La plantilla del departamento se redujo un 8 por ciento entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, según datos de la Oficina de Administración de Personal.
Las fiscalías, la primera línea responsable de ejecutar la promesa electoral de Trump de aplastar la delincuencia, perdieron el 14 por ciento de su plantilla, pasando de 11.863 a 10.154 funcionarios.
Esta reducción drástica en un solo año no tiene precedentes en la historia reciente del departamento, dijeron antiguos funcionarios.
Erik S. Siebert dejó su cargo como fiscal jefe de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia. Foto Rod Lamkey, Jr./Associated Press.Y lo que es peor, las bajas han afectado con mayor dureza a los fiscales de más alto nivel de las principales oficinas, sencillamente porque los que contaban con más experiencia eran los que tenían más probabilidades de encontrar oportunidades laborales lucrativas en el exterior.
La crisis ha sido más aguda en las oficinas afectadas por la perturbación causada por las directrices de la Casa Blanca, contrarias a la ética y la formación de los fiscales.
Los problemas comenzaron un mes después del regreso de Trump a la Casa Blanca, cuando la principal fiscala federal de Manhattan, Danielle Sassoon, abandonó su puesto, junto con varios colegas.
Danielle Sassoon, que dejó su cargo como fiscal federal principal en Manhattan después de que los líderes del Departamento de Justicia intentaran presionar a su equipo para que desestimara un caso de corrupción contra el alcalde Eric Adams de Nueva York, en un evento en Nueva York, el 13 de mayo de 2025. (Bing Guan/The New York Times)Las dimisiones fueron un reproche público después de que los dirigentes del Departamento de Justicia intentaran obligarlos a desestimar el caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams.
Ese mismo mes, Denise Cheung, jefa de la división penal de la fiscalía federal en Washington, dimitió en señal de protesta antes que participar en lo que consideraba una investigación indebida de un contratista que trabajaba para la Agencia de Protección Ambiental.
Fue la primera de muchas dimisiones en la oficina.
El deseo de venganza de Trump ha causado especial destrucción en la fiscalía del Distrito Este de Virginia, donde nombró a Lindsey Halligan, una de sus antiguas abogadas defensoras, para procesar a dos de sus adversarios más destacados:
Letitia James, fiscala general de Nueva York, y James Comey, ex director del FBI.
Los casos provocaron el despido o la dimisión del predecesor de Halligan, Erik S. Siebert; de varios miembros del personal de Siebert; e incluso de Robert McBride, el fiscal veterano contratado para actuar como jefe adjunto de Halligan.
Pocas oficinas se han visto tan afectadas como la de Mineápolis, donde los fiscales de carrera se están retirando antes que cumplir las exigencias exageradas de la Casa Blanca de procesar a manifestantes y demócratas.
Daños
Pero quizá el daño más profundo se produjo por la decisión del departamento de no investigar los disparos mortales que acabaron con la vida de Renee Good y Alex Pretti el mes pasado a manos de agentes federales de migración, según funcionarios actuales y antiguos.
Alrededor de una decena de fiscales han dimitido en las últimas semanas después de que altos funcionarios del departamento intervinieran en sus investigaciones, y a medida que los abogados de la división civil se vieron doblegados por el aluvión de peticiones de emergencia presentadas por migrantes recién detenidos que buscaban ser puestos en libertad, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Eso llevó a una fiscala cedida por el Departamento de Seguridad Nacional a decir a un juez en audiencia pública esta semana:
“El sistema apesta. Este trabajo apesta”.
Fue apartada de su puesto rápidamente.
Pero sus palabras no hacían sino reflejar la realidad de la situación, y han sido reconocidas abiertamente por personas nombradas por Trump, aunque en un lenguaje menos colorido.
“El mero número de casos, especialmente a la luz del aumento sustancial que se ha producido solo en este mes, está imponiendo una carga aplastante a las fiscalías”, admitió Daniel Rosen, el fiscal designado por Trump en Minnesota, en un escrito judicial en el que lamentaba el desvío de su personal de otros casos penales y civiles.
La oficina ha contratado a varios abogados del ejército, una medida provisional utilizada por otros distritos que se han encontrado en un aprieto similar.
Rosen ha suplicado en privado el apoyo de Todd Blanche, fiscal general adjunto, después de que los fiscales de la división penal de la oficina lo confrontaran por las investigaciones de los disparos, según una persona familiarizada con el intercambio.
El equipo de Blanche respondió pidiendo ayuda a las fiscalías cercanas, incluida la de Detroit.
Búsqueda
Como muestra de la desesperación por enviar recursos a Minnesota y a otros distritos de alta intensidad, Francey Hakes, asesora principal de Blanche, envió un memorando a todas las fiscalías y a las principales divisiones del Departamento de Justicia para que elaboraran una lista de fiscales experimentados que se unieran a “equipos de salto de emergencia” que se dirigirían a las oficinas sobrecargadas.
El memorando, obtenido por The New York Times, ordena a los fiscales de las principales jurisdicciones que designen a dos fiscales, preferiblemente con experiencia en casos de terrorismo doméstico, para los equipos.
Las oficinas pequeñas están obligadas a proporcionar uno.
La inmensa mayoría de quienes abandonaron el departamento el año pasado lo dejaron o se jubilaron para evitar verse envueltos en el caos, por temor a que se les señalara o se les pidiera que hicieran cosas que consideraban impropias o contrarias a sus creencias.
En la fiscalía federal del Distrito Central de California, se ha producido una constante fuga de fiscales desde la llegada de Bill Essayli, un acérrimo aliado de Trump, nombrado fiscal interino el pasado abril.
Las fiestas de despedida eran habituales, y los fiscales que se marchaban tradicionalmente recibían un sello del Departamento de Justicia firmado por sus colegas como regalo de despedida.
En los últimos meses, se han colocado regularmente mesas con esos sellos en la oficina, un reflejo del gran número de personas que se marchan, dijeron antiguos fiscales.
Un ex fiscal recordó una conversación con Essayli en la que le contó los problemas que estaba teniendo para encontrar candidatos cualificados para las funciones de fiscal en la oficina.
Ciaran McEvoy, portavoz de la fiscalía de Los Ángeles, rechazó la idea de que el nivel de rotación fuera inusual.
“Hemos contratado y seguiremos contratando abogados y personal cualificados que trabajarán duro para cumplir nuestra misión de proteger a nuestras comunidades y promover la seguridad pública”, dijo.
Horas después de que Mizelle publicara su alegato el pasado fin de semana, altos funcionarios del Departamento de Justicia lo amplificaron, incluidos los de oficinas que se han convertido en puntos focales en el esfuerzo por perseguir la campaña de represalias y agravios de Trump.
Por su parte, Mizelle no se disculpó por su publicación, que atrajo un tsunami de respuestas negativas en internet.
“El presidente tiene derecho a contar con fiscales que realmente persigan su agenda”, dijo en una breve entrevista.
La sensación de urgencia que expresó se ha extendido a otros distritos.
Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, quien supervisa una investigación sobre una fantástica “gran conspiración”, posiblemente dirigida por el expresidente Barack Obama, para destruir a Trump, hizo recientemente su propio llamamiento público.
“¡Estamos contratando!”, escribió en una publicación en X en la que pedía candidatos para sus secciones penal, civil, de seguridad nacional, de confiscación de bienes y de apelación.
Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones del país.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.
Mimi Dwyer es una videoperiodista que cubre California y el Oeste para el Times.
Ernesto Londoño es reportero del Times en Minnesota y cubre noticias del Medio Oeste estadounidense, así como el consumo de drogas y las políticas antidroga. Acepta información y se le puede localizar en elondono.81 en Signal.
Michael S. Schmidt es reportero de investigación del Times en Washington. Su trabajo se centra en seguir y explicar investigaciones federales de gran repercusión mediática.
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