El Gobierno de Israel aprobó este domingo reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante y definitiva terreno de este territorio palestino, según un comunicado difundido a EFE por el Ministerio de Justicia.
«La propuesta aprobada constituye una verdadera revolución en Judea y Samaria (nombre bíblico con el que los nacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania). La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes», aseguró el titular de Justicia, Yaariv Levin, tras la aprobación de la medida, que promovió junto a las carteras de Defensa y Finanzas.
El objetivo de la medida es «el registro de extensas áreas» en Cisjordania a nombre del Estado israelí, mientras el Gobierno de Israel pasará a dotar a la autoridad gubernamental competente de presupuesto y equipos para llevar a cabo la colonización del terreno.
La Autoridad Nacional Palestina denunció que la medida «constituye una anexión de facto del territorio palestino ocupado y una declaración del inicio de los planes para anexar territorio palestino con el objetivo de consolidar la ocupación mediante la construcción de asentamientos ilegales».
En la nota, firmada por Mahmud Abbas, además, la definen como una «violación del derecho internacional», en concreto de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que considera ilegal toda actividad de asentamiento en el territorio palestino ocupado, y una «amenaza a la estabilidad y seguridad» en Cisjordania.
La presidencia palestina instó también a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al gobierno estadounidense, a intervenir de inmediato para «obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU».
«Estas medidas unilaterales no otorgarán legitimidad alguna a la ocupación en el territorio del Estado de Palestina ni cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluidas Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho internacional», concluyó el comunicado de la ANP.
También Jordania manifestó su «rechazo absoluto» a la aprobación del Gobierno de Israel ya que «socava el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación».
El Ministerio de Exteriores jordano condenó en un comunicado «las medidas del Gobierno israelí destinadas a anexar el territorio palestino ocupado, siendo la más reciente la decisión ilegal de designar tierras en Cisjordania ocupada como ‘tierras estatales'», algo que tachó de «flagrante violación del derecho internacional».
«El Ministerio enfatizó que Israel no tiene soberanía sobre la Cisjordania ocupada», añadió la nota, que denunció que esta decisión también está destinada a impedir «el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado (palestino) independiente y soberano dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967», las reconocidas internacionalmente.
Asimismo, recordó que Israel está violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU como la 2334, que condena cualquier intento de alterar la composición demográfica, el estatus del territorio palestino ocupado y subraya que no reconocerá ningún cambio a las líneas de 1967.
Ante esta situación, Exteriores jordano instó a la comunidad internacional a «asumir sus responsabilidades legales y morales y a obligar a Israel, la potencia ocupante, a detener su peligrosa escalada y sus acciones ilegales y unilaterales en la Cisjordania ocupada».
