El pleno del Congreso de Perú inició el camino para censurar al presidente interino, José Jerí, y derivar en el octavo cambio presidencial en el país andino en cerca de una década de inestabilidad política.
En caso de ser censurado, Jerí, de 39 años, vería así finalizado su Gobierno de transición antes de tiempo, tras haber ascendido a la Presidencia en octubre pasado, al ser el presidente del Congreso en el momento que fue destituida la mandataria Dina Boluarte (2022-2025), para dirigir el país hasta ceder al mando al ganador de los nuevos comicios convocados para el 12 de abril de este año.
A lo largo de las últimas semanas, el comportamiento de Jerí como presidente ha quedado en entredicho y se le han abierto investigaciones en la Fiscalía por tráfico de influencias.
El mandatario fue descubierto cuando acudió el pasado 26 de diciembre encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, a un restaurante propiedad de un empresario chino contratista del Estado y de la propia oficina presidencial, y también visitó una de sus tiendas el 6 de enero, cuando horas antes el local había sido clausurado por las autoridades municipales.
A ello se sumaron las revelaciones periodísticas de presuntas irregularidades en la contratación de una serie de funcionarias que entraron a trabajar al Gobierno de Jerí tras haberse reunido aparentemente con él en el Palacio de Gobierno.
Las mociones de censura contra el transitorio mandatario se han acumulado en las últimas semanas a medida que su popularidad va cayendo, un efecto que ha provocado que los partidos conservadores que tienen mayoría en el Congreso, y que inicialmente respaldaron a que Jerí asumiera la Presidencia, ahora buscan distanciarse a pocas semanas de los comicios.
Solo el fujimorismo, que es el partido más grande dentro del hemiciclo peruano, mantiene su apoyo explícito a Jerí, incluso cuando la Fiscalía le ha abierto investigaciones por tráfico de influencias, al presuntamente haber mantenido reuniones semiclandestinas con empresarios chinos que son contratistas del Estado y de la propia oficina presidencial.
«Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República», declaró Jerí en una entrevista por televisión la noche del domingo.
El Parlamento peruano, que tiene su sede principal en obras y se encuentra en receso, tuvo que reunirse improvisadamente en un auditorio del centro de Lima, al lograr las firmas de 78 de los 130 congresistas para que se celebre esta sesión extraordinaria que tiene como único punto del día las mociones contra Jerí.
En caso de ser echado, el legislativo peruano debría escoger a otro congresista que, en el momento de ser nombrado presidente del Congreso asumirá automáticamente como presidente interino del país, hasta el 28 de julio de 2026, cuando se nombre como mandatario al ganador de los comicios presidenciales, que ya se encuentran en marcha.
Jerí entró al Congreso peruano en las elecciones de 2021 como suplente del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2021-2024) tras sacar algo más de 11.600 votos, y en pocos meses pasó de ser un congresista raso del derechista partido Somos Perú a dirigir comisiones, luego presidir el Congreso entero, y de ahí saltar a la Presidencia tras la destitución de Boluarte.
Antes de ser presidente del Congreso, le fue archivada por el fiscal general interino, Tomás Gálvez, una denuncia de violación presuntamente ocurrida a finales de 2024, y también ha sido acusado de presunto enriquecimiento ilícito por supuestamente pedir sumas de dinero a cambio de impulsar proyectos de ley en la comisión de Presupuesto.
Jerí sostiene que su eventual destitución debe ser con 87 votos, equivalentes a dos tercios de la cámara, conforme exige la Constitución para los presidentes elegidos por voto popular, pero una ley emitida por el propio Congreso establece que, en estos escenarios, el presidente de la República no pierde su condición de presidente del Congreso.
