Las columnas y editoriales de los diarios en Perú de la mañana de este miércoles destacaban que la destitución del presidente José Jerí era inevitable. «Caída cantada», titula «Perú21»; «Caída inevitable», dice El Comercio. «Una gestión que nunca debió concretarse», escribe La República.
Hasta aquí hay consenso. Con acusaciones por tráfico de influencias, reuniones clandestinas con empresarios chinos y contrataciones irregulares de personal, la suerte de Jerí estaba firmada. El debate gira en el cómo.
«Cuando un presidente pierde la confianza de la gente a tal velocidad, la caída política se vuelve inevitable», dice El Comercio. Pero, pero cuestiona que «el Congreso de la República optó por la censura cuando múltiples constitucionalistas advirtieron que el mecanismo correcto era la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, conforme al artículo 113 de la Constitución».
«El Legislativo eligió el camino más expedito: la mayoría simple, en lugar de los 87 votos que exige una vacancia. El resultado es un precedente pésimo que debilita la institucionalidad y genera incertidumbre jurídica», dice el diario.
El mecanismo específico diseñado para remover a un Presidente de la República es de de la vacancia (Art. 113 de la Constitución).
Se aplica por muerte, renuncia, salir del país sin permiso o la famosa «permanente incapacidad moral o física».
El procedimiento es más complejo. Requiere una moción de vacancia, que el Presidente asista al Congreso (o envíe a su abogado) para defenderse, y finalmente una votación calificada de 87 votos (dos tercios del Congreso).
En su efecto, el cargo queda vacío y asume el sucesor constitucional.
La censura, el camino que usó el Congreso para echar a Jerí, es una herramienta de control político diseñada originalmente para Ministros de Estado o para los miembros de la Mesa Directiva del Congreso. Se aplica ante la falta de confianza en la gestión o responsabilidad política en actos de gobierno.
El procedimiento es más expedito. Se debate y se vota; para aprobarse solo requiere la mayoría absoluta (más de la mitad del número legal de congresistas, es decir, 66 votos).
El censurado debe renunciar de inmediato.
El argumento de los constitucionalistas es que, una vez que alguien se ciñe la banda presidencial y ejerce funciones de Jefe de Estado, su salida solo puede darse vía vacancia.
Al elegir la vía de la censura, el Congreso se saltaron el debido proceso constitucional lo que profundiza aún más la incertidumbre política en un país en el que en los últimos años han desfilado siete presidentes, de los cuales solo uno terminó su mandato.
El diario La República también apunta sus críticas a una «arquitectura congresal precaria» culpable en primera instancia de la elección de Jerí en reemplazo de Dina Boluarte.
«La censura del presidente encargado del Ejecutivo, José Jerí, selló finalmente el desenlace de una gestión que nunca debió concretarse«, escribe y denuncia una fragmentación en el Congreso con partidos políticos con caudal electoral exiguo, en una «atomización del sistema político» que «constituye uno de los principales factores de la crisis múltiple que sufre el país».
Ante un escenario complejo de llamado de elecciones para abril y la urgencia de prevención ante los embates del fenómeno de El Niño, el diario llama a un liderazgo interino cuya prinicipal obligación sea la «responsabilidad institucional».
«La jefatura encargada debe adoptar una orientación precisa: conducir elecciones transparentes y seguras, además de activar la gestión de prevención ante el fenómeno de El Niño confirmado. Para todo lo demás, carece de legitimidad popular», concluye.
Redacción Clarín con información de medios locales
