Una denuncia de agresión sexual contra el cargo operativo más alto de la Policía Nacional de España sacude al gobierno de Pedro Sánchez y cuestiona los mecanismos internos tanto dentro de la fuerza de seguridad como del Ministerio del Interior del que depende.
No sólo porque el presunto abusador, el ahora ex director adjunto operativo José Angel González, renunció en vez de ser expulsado de la Policía, sino también porque la mujer que lo acusa de haberla violentado es una agente policial que asegura haber recibido presiones por parte de superiores para no denunciar.
González presentó su renuncia el martes, apenas supo que se había hecho pública la admisión a trámite de la querella por agresión sexual presentada en los tribunales por una subordinada suya.
La oposición al gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez le recrimina no haber cesado al jefe policial de inmediato.
La actitud del gobierno frente a esta grave acusación también está en la mira porque, según algunos testimonios, desde el Ministerio del Interior le habrían dado al denunciado la posibilidad de elegir entre irse voluntariamente o ser apartado de la Policía Nacional.
De acuerdo con el relato, que la víctima incluyó en su denuncia judicial, el abuso se cometió en abril del año pasado cuando ella, que estaba de guardia en la comisaría de Coslada, un municipio de la Comunidad de Madrid, recibió la orden de acudir al restaurante donde González estaba comiendo.
El ministro del Interior, de España, Fernando Grande Marlaska, el miércoles en el Congreso, en Madrid. Foto: EFE La instrucción era clara: pasar a buscar al alto mando en coche y llevarlo hasta su domicilio privado. Fue allí donde, según la denuncia, el jefe operativo la forzó a mantener relaciones sexuales no consentidas.
La agente que denunció haber sido víctima de una violación admitió que habían mantenido una relación sentimental en el pasado que ella resolvió terminar. Según sus palabras, González no se resignaba a la ruptura.
Después de meses de temor a represalias por parte de la cúpula policial, de haber sido presionada por la mano derecha del jefe operativo para no denunciar la agresión y de tramitar una licencia en su trabajo por el “calvario” psicológico que estaba viviendo, la agente se decidió y, a principios de enero, inició un proceso penal contra su ex en un juzgado de Madrid.
La denuncia, sin embargo, se hizo pública recién esta semana.
“Estoy hundido, soy inocente”, se defendió el ex jefe policial ante la prensa conservadora española con la que habló.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dice haber conocido lo que sucedió por los medios, al mismo tiempo que el resto de los españoles.
Según Grande-Marlaska, apenas se enteró, solicitó que se apartara al director adjunto operativo de su cargo y sus funciones.
Desde el Partido Popular, la principal fuerza opositora al gobierno, no le creen. Y piden su renuncia.
Pruebas
Este viernes, el abogado de la agente que denuncia haber sido violada aportó a los tribunales una grabación de unos 40 minutos que la mujer llegó a registrar la noche del presunto abuso.
“Hay listas de llamadas, hay conversaciones de WhatsApp, hay informes médicos. Existe un material probatorio abundante”, dijo este viernes Jorge Piedrafita, el defensor de la denunciante, quien afirmó haber sido contactado por otras presuntas víctimas de abusos dentro de la Policía.
Según el abogado Piedrafita, dentro de la fuerza de seguridad circulaban versiones sobre comportamientos condenables de González.
“Era un baboso, un putero. Parece que la bragueta la tenía ligera. Mucha gente sabía esto pero nadie hizo nada lo cual me parece preocupante”, dijo el abogado.
La querella, presentada el 9 de enero, acusa a González de haber cometido cuatro delitos: agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. En todos es aplicable el agravante de abuso de superioridad.
Las pruebas aportadas por el abogado no sólo apuntarían al jefe policial sino también a cómo el comisario Oscar Sanjuan, mano derecha del acusado, habría presionado a la agente para evitar que la denuncia estuviera en boca de toda España.
El presidente del gobierno español, bajo presión por los casos de abuso en su partido y ahora en la policía. Foto: EFE Según el relato de la víctima, Sanjuan le ofreció elegir el puesto de trabajo que deseara dentro de la Policía a cambio de su silencio, propuesta que ella rechazó.
Renuncia y jubilación
El ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Angel González, se jubiló este mismo viernes.
Era el máximo jefe de la Policía Nacional desde 2018 y tenía a su cargo 70.000 agentes. Se lo conocía como “Jota” y los españoles se familiarizaron con él porque solía aportar a diario, por televisión, el reporte de las operaciones policiales durante la pandemia.
Se había hecho policía en la provincia de La Rioja, donde nació. Se graduó en la Academia Militar de Zaragoza y luego de ser jefe superior de la Policía en Aragón llegó a director adjunto operativo con 59 años.
Su renuncia dio lugar al nombramiento de la comisaria principal Gemma Barroso como jefa de la Policía en funciones. Barroso le ofreció protección a la agente que denunció a González y la mujer la aceptó. Desde esta semana cuenta con custodia policial las 24 horas.
Porque dentro de los chats de la fuerza policial comenzó a circular su nombre y recibió varios mensajes, denunció su abogado.
Polémica política
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuntó al presidente Sánchez y a Grande-Marlaska.
“Lamentablemente, ni el ministro ni el presidente del gobierno están a la altura de sus responsabilidades”, dijo el jefe de la oposición.
“La responsabilidad política de Marlaska es incompatible con seguir en el cargo”, agregó Núñez Feijóo.
“Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré”, respondió Grande-Marlaska a quienes pedían su cabeza.
Desde el gobierno, Sánchez respaldó a su ministro: “Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, entendería que se pidieran responsabilidades, pero se ha actuado desde el principio con empatía, con coherencia y con contundencia” .
“Sería bueno que quienes exigen la dimisión a Fernando Grande Marlaska, se lo aplicaran -dijo Pedro Sánchez-. En el PP hay un no crédito a la víctima. Esa doble vara de medir no debería admitirse. No le vamos a aceptar lecciones a aquellos que, cuando tienen estos casos, se dedican a encubrir y a estigmatizar a la víctima, que es lo que hemos visto con la ex concejala de Móstoles.”
El presidente se refirió así al escándalo que estalló dentro Partido Popular de Madrid, donde una ex funcionaria denunció al intendente de Móstoles, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral.
La ex concejala afirmó que agotó las instancias dentro de su partido en busca de un amparo que no consiguió y por lo cual renunció a su cargo y dejó la política.
No sólo eso: según su versión, el PP la habría presionado para silenciar su denuncia, que finalmente fue archivada por el partido.
“Es un caso fabricado contra el PP”, lo definió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La denunciante ya se presentó ante la Justicia.
