La justicia de Venezuela anunció la noche del viernes la liberación de 379 presos políticos, apenas un día después de que el Parlamento aprobara una histórica ley de amnistía impulsada por el gobierno interino tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Horas antes del anuncio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez había defendido la norma en un discurso transmitido por la televisión estatal, donde aseguró que representa un paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa y más libre”.
Según confirmó en una entrevista televisiva el diputado Jorge Arreaza -quien preside la comisión legislativa que redactó la ley y supervisa su aplicación-, las personas beneficiadas “deben ser excarceladas” durante la madrugada y la mañana de este sábado. “371 en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y 1 en Monagas”, detalló.
Antes de esta nueva tanda de liberaciones, permanecían detenidos cerca de 650 presos políticos, de acuerdo con la ONG Foro Penal. El gobierno interino ya había otorgado libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense a comienzos de enero.
Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos ponen en duda el alcance real de la ley. La iniciativa -aprobada por consenso la noche del jueves- podría dejar afuera a cientos de detenidos, entre ellos el argentino Nahuel Gallo y otros militares acusados de actividades calificadas como “terroristas”.
“Muchos somos conscientes de que esta ley no alcanza a nuestros familiares”, dijo a la AFP Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano, Henryberth Rivas, de 30, permanece detenido desde 2018, acusado de haber participado en un presunto intento de magnicidio con drones contra Maduro.
Desde el oficialismo, el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino, sostuvo en un comunicado que la amnistía “debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política”, al considerarla un paso clave para la estabilidad del país.
La Fuerza Armada, principal sostén de la llamada Revolución Bolivariana, ratificó su “lealtad y subordinación” a Rodríguez, quien era vicepresidenta durante el régimen de Maduro y asumió de manera temporal.
“Ha sido un acto de grandeza”, afirmó la mandataria interina luego de promulgar la ley. “Hay que saber pedir perdón y también saber recibir perdón”, agregó.
Mientras tanto, la ansiedad crece entre los familiares de los detenidos. Narwin Gil, cuyo pariente se encuentra en los calabozos de la Policía Nacional en Caracas -conocidos como Zona 7- reclamó: “Necesitamos hechos, no palabras”.
Desde el 8 de enero, familiares de presos políticos se concentran frente a distintas cárceles del país, luego de que el gobierno anunciara un proceso de excarcelaciones que, según denuncian, avanza con lentitud.
“La amnistía no es automática”, advirtió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, quien cuestionó el mecanismo judicial que obliga a solicitar el beneficio ante los tribunales, uno de los puntos más controvertidos del proyecto.
El texto legal fue sometido a una consulta pública que incluyó a juristas, familiares de detenidos y negociaciones con la reducida bancada opositora en la Asamblea Nacional.
Para Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, “el balance de la ley es negativo”, ya que deja a numerosos casos sin resolver y presenta “graves deficiencias estructurales”.
