El Gobierno español ha decidido desclasificar «los documentos del 23F», referidos al intento de golpe de Estado de 1981, que podrían aclarar incógnitas y aportar nueva información sobre la trama militar y civil de la asonada, que fracasó finalmente, cuando el sistema democrático comenzaba a consolidarse.
Al cumplirse 45 años de la fallida intentona, el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros levantará el secreto en la reunión semanal de este martes, y el acceso público será efectivo desde el día siguiente, el miércoles.
«La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre», justificó el gobernante español en un mensaje en la red social X.
Aquel día, 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió pistola en mano en el Congreso al mando de un grupo de guardias civiles (policía militarizada) y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno.
Varios jefes militares se unieron a la rebelión, que se frustró cuando el rey Juan Carlos, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias «para mantener el orden constitucional».
La desclasificación de estos documentos se adelantará así a la prometida ley de información clasificada impulsada por el Gobierno actual, formado por una coalición de izquierdas entre los socialistas y Sumar, pero pendiente aún de aprobación parlamentaria.
Esta norma pretende sustituir la ley franquista de secretos oficiales, en vigor desde 1968, y serviría para sacar a la luz información sobre la dictadura y la transición democrática tras la muerte del general Francisco Franco (1975).
Algunas de las preguntas que han rondado todo este tiempo sobre el 23F giran en torno a si fueron juzgados y condenados todos los que estaban realmente implicados en la conspiración o quién pudiera tener conocimiento previo aunque no participación directa; y sobre el verdadero papel del rey, como han cuestionado reiteradamente fuerzas políticas de la izquierda.
El 19 de febrero de 1982, 32 militares y el civil Juan García Carrés (ya fallecido), dirigente de los sindicatos de la dictadura franquista, fueron sometidos a un consejo de guerra que concluyó el 24 de mayo.
La sentencia, publicada el 3 de junio, condenó a 30 años de prisión a Tejero y al teniente general Jaime Milans del Bosch (fallecido): y a seis años al general de División Alfonso Armada (fallecido), considerado pieza clave de la operación, pues habría sido posiblemente el nuevo jefe del Ejecutivo en caso de prosperar al golpe.
El anuncio de Sánchez sobre la clasificación volvió a enfrentar al Partido Socialista (PSOE), en el Gobierno, y la derecha opositora.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se mostró «convencida» de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren saber qué pasó el 23F, y argumentó que la desclasificación contribuirá a «prevenir» comportamientos que puedan «amenazar la democracia», en alusión al auge de partidos de ultraderecha.
«Merecemos saber qué ocurrió, quién supo, qué pasó y cómo se truncó ese golpe de Estado por la unidad de todos los demócratas a una, que supimos que era un momento trascendental de defensa de nuestra democracia», recalcó en declaraciones a la prensa.
Por el contrario, la portavoz del Partido Popular (conservador) en el Congreso, Ester Muñoz, opinó en X que se trata de una «cortina de humo» para desviar la atención de los problemas que afectan a Sánchez y su gobierno.
Al margen del PSOE, otras fuerzas de la izquierda valoraron que se levante el secreto sobre el 23F, esperan que realmente sean «todos» los documentos y urgieron a cambiar la ley franquista que regula este tema.
