¿Cuál es el verdadero alcance de los documentos que el gobierno de Pedro Sánchez va a desclasificar sobre el intento de golpe del 23F?

Según el gobierno de Pedro Sánchez, toda la documentación con la que cuenta sobre el intento de golpe de Estado de 1981 y que los españoles podrán consultar a partir de este miércoles 25 de febrero, son 153 documentos.

El 23 de febrero de 1981, a las 18.23, un grupo de guardias civiles nostálgicos del franquismo -del que España había comenzado a despedirse con la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre del ’75- irrumpió en el Congreso de los Diputados donde se estaba por nombrar presidente a Leopoldo Calvo Sotelo.

Los comandaba el teniente coronel Antonio Tejero quien, luego de 18 horas de amenazas y unos cuanto tiros al aire, se rindió.

La desclasificación de esa información, que permaneció archivada desde hace 45 años, fue anunciada por el presidente Sánchez el lunes en sus redes sociales y confirmada por la ministra y vocera Elma Saiz este martes: “Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento”, dijo Saiz en la rueda de prensa semanal que el gobierno concede luego de su reunión de gabinete.

“Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales”, detalló la ministra.

“Me estoy refiriendo a informes, a transcripción de conversaciones. No sé si habrá alguna imagen”, agregó Saiz.

En España existe un proyecto de ley de información clasificada que fue enviado al Congreso en julio del año pasado con la intención de poner fin a la legislación actual, la ley de secretos oficiales, que fue aprobada en 1968 durante los años de la dictadura de Franco.

“Para el franquismo, todo por defecto era secreto y para siempre si no se dice lo contrario”, recordó la ministra.

El proyecto de ley apunta a desclasificar, según la clase de información, documentos considerados de alto secreto, que podrán ver la luz pasados 45 años, con posibilidad de prorrogar otros 15, a los informes restringidos, cuyo acceso deberá liberarse entre los 4 y 5 años posteriores.

“Los autores (del intento fallido de golpe) fueron condenados por un delito de rebelión militar”, dijo Saiz.

Hasta ahora, los españoles sabían que el juicio militar que condenó a los autores del intento fallido de golpe cuenta con 13.000 folios sumariados en 89 legajos que custodia el Tribunal Supremo. Allí figurarían declaraciones de los involucrados, grabaciones y conversaciones telefónicas producidas aquel 23 de febrero: las que hicieron entre sí los capitanes militares de toda España para coordinar el levantamiento, las que los golpistas realizaron desde el Congreso, las que salieron de La Moncloa y del Palacio de la Zarzuela, desde donde reinaba Juan Carlos I, coronado rey de España en noviembre de 1975, apenas dos días después de la muerte del dictador Franco.

Consultado por Clarín, Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense, considera que la desclasificación de los archivos debería ir más allá de lo sucedido el 23 de febrero de 1981.

“Entre el ’77 y el ’80 debe haber mucha trama civil del golpe, o distintos golpes, que no somos capaces de hilar con la documentación. Nos faltan esos años, que son claves de la Transición”, postula el catedrático.

“Todo lo que sea desclasificar la documentación es positivo porque, en España, hay cierto déficit con la desclasificación de la documentación histórica en relación con otros países como Francia o Alemania -opina el historiador-. Por encima de la oportunidad política, es importante para la investigación”.

Gómez Bravo aguarda, expectante: “Una cosa es lo que nos gustaría, que es comprender todo el proceso, y otra cosa es lo que cuelguen en la web, lo que desclasifiquen”.

“Más que poner en internet, deberían dejar acceder a todo y localizarlo, que sería interesante, pero, sobre todo, creo que nos falta comprender el proceso sumarial, el juicio en su conjunto, porque sólo se tuvo acceso a extractos”, señala.

Y admite ciertos reparos: “Por otro lado, es un material que puede vulnerar el derecho al honor, si hay gente que participó y está todavía viva o lo están sus familiares. Supongo que eso lo habrán visto jurídicamente. Habrá que ver cómo se presenta la documentación final porque, si aparece mutilada, podrían tener un problema.”

“Supongo que no podrán revelar las fuentes de la información de Defensa, lógicamente -dice Gómez Bravo-. Ahí habría unos límites, que tal vez se defenderán con el argumento de la seguridad del Estado, pero claro, no dejan de generar todo lo que quieren evitar, que es que siga habiendo bulos (mentiras), expectativas, conspiranoia.”

Mucho se escribió y especuló sobre el verdadero rol que el rey Juan Carlos desempeñó en el levantamiento frustrado del ’81, dónde estuvo y qué hizo en las horas que separaron la irrupción de Tejero en el Congreso y el mensaje del monarca por cadena nacional, ya en la madrugada del 24 del febrero.

Porque la noche del 23, antes de dar por frustrada la rebelión, el teniente coronel Tejero había estado reunido en el Congreso con Alfonso Armada, quien había sido jefe de la Casa Real y se desempeñaba como segundo jefe de Estado mayor del Ejército.

El por entonces rey Juan Carlos, de madrugada, habló en cadena nacional a los españoles: “La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum”, leyó Juan Carlos ante las cámaras.

En las memorias que publicó a fines del año pasado, el Borbón -que es rey emérito desde que abdicó en favor de su hijo, Felipe, en 2014- dio su versión del golpe del 23F.

“¿Cómo puedes creer que yo estuve involucrado?”, se cita a sí mismo Juan Carlos, que vive fuera de España desde 2020, cuando la Casa Real y el gobierno de Pedro Sánchez resolvieron alejarlo por los escándalos sentimentales y financieros que lo tenían en la mira.

“Alfonso Armada estuvo a mi lado durante 17 años. Lo quería mucho, y él me traicionó (…) Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre”, asegura Juan Carlos en sus memorias.

“La democracia no cayó del cielo”, insiste en su libro Reconciliación.

“La memoria no puede estar bajo llave”, señaló Pedro Sánchez en su cuenta de X el lunes, anunciando la medida, aunque sin dar detalles, que se efectivizará apenas se publique en el Boletín Oficial del Estado este miércoles.

“Desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía -subrayó el presidente-. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre.”

Sánchez acompañó su posteo con un video en el que él mismo escucha un pedido que le hace el escritor Javier Cercas: “Hasta dónde usted pueda, desclasifique todo lo que haya”, le solicita el autor de Anatomía de un instante, la obra que hace foco en el momento de la irrupción de los militares en el Congreso y que se convirtió en la miniserie del momento.