Washington le ha impedido al gobierno de Venezuela que pague el costo de la defensa del ex presidente Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York, una medida que podría interferir con su derecho constitucional a contar con un abogado, según afirma su equipo legal.
El abogado Barry Pollack le envió la semana pasada un correo electrónico a un juez federal de Manhattan para informar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había bloqueado la autorización de honorarios legales que el gobierno de Venezuela está obligado a pagar para la defensa de Maduro y la primera dama Cilia Flores al amparo de sus leyes y costumbres. El mail se añadió al expediente público del tribunal el miércoles.
Maduro y su esposa han estado encarcelados en Nueva York sin derecho a fianza desde que fueron capturados en su residencia de Venezuela durante el operativo de las fuerzas armadas estadounidenses del pasado 3 de enero. Ambos se han declarado inocentes de los cargos de narcotráfico que se les imputan.
La impactante captura, luego de varios meses de acumulación militar estadounidense en el Caribe, ha allanado el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump ejerza una enorme influencia sobre la sustituta de Maduro, su vicepresidenta y ahora mandataria interina Delcy Rodríguez.
Bajo presión de Estados Unidos, Rodríguez ha actuado con rapidez para abrir la industria petrolera de su país a la inversión estadounidense, liberar a presos políticos y restablecer comunicaciones directas con Washington, algo que no se veía desde que el primer gobierno de Trump ordenó el cierre de la embajada de Estados Unidos en Caracas en 2019.
Pollack señaló en su correo electrónico que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, responsable de administrar las sanciones contra Venezuela, había otorgado permiso al gobierno venezolano el 9 de enero para aprobar el pago de los honorarios legales.
Pero menos de tres horas después, el gobierno federal retiró la autorización “sin explicación”, aunque mantuvo vigente un permiso para que se pague a los abogados de Flores, señaló Pollack.
La disputa sobre los honorarios legales de Maduro está estrechamente vinculada a la política exterior de Estados Unidos. El primer gobierno de Trump rompió relaciones con Maduro en 2019 y reconoció al entonces líder opositor de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el mandatario legítimo de Venezuela. El sucesor de Trump, Joe Biden, se apegó de cerca a la misma política.
No obstante, permitir que el gobierno de Rodríguez cubra el costo de la defensa de Maduro podría complicar los esfuerzos de la fiscalía en el tribunal para contrarrestar el argumento del ex dictador venezolano de que su captura fue ilegal y de que, como jefe de un Estado extranjero, goza de inmunidad frente a un proceso penal conforme a las leyes de Estados Unidos y al derecho internacional.
Una acusación formal de 25 páginas en contra de Maduro lo señala a él y a otras personas de trabajar con cárteles del narcotráfico y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Él y su esposa enfrentan una posible cadena perpetua en caso de que sean declarados culpables.
Como parte de la supuesta conspiración, Maduro y su esposa presuntamente ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos de personas que les debían dinero del narcotráfico, según la acusación formal. El documento señaló que eso incluyó el asesinato de un capo local en Caracas.
El Departamento del Tesoro, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.
Pollack dijo que el 11 de febrero pidió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que restableciera el permiso original y despejara el camino para que Venezuela pueda cumplir con su obligación de cubrir los costos de la defensa de Maduro.
El abogado añadió que Maduro “no puede costear de otro modo un abogado” y solicitará ayuda al juez para pagar su defensa.
Pollack sostuvo que Estados Unidos estaba “interfiriendo con la capacidad del señor Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho de la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”.
