España volvió a marcar distancia de la estrategia militar de Estados Unidos e Israel frente a Irán y dejó en claro que no prestará apoyo a ninguna operación armada que no tenga respaldo del derecho internacional. La decisión, tomada por el presidente de gobierno Pedro Sánchez y su gabinete, generó una respuesta directa del gobierno israelí y expuso diferencias dentro de la propia Unión Europea.
El rechazo español se conoció tras los ataques de Irán contra países del Golfo Pérsico y contra Chipre, miembro de la Unión Europea, en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán. Mientras Francia, Alemania y el Reino Unido se mostraron dispuestos a avanzar incluso con “acciones ofensivas proporcionadas”, Madrid optó por una vía diplomática y se desmarcó de sus socios.
“El momento exige equilibrio, moderación y negociación”, sostuvo el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, quien condenó los ataques iraníes pero advirtió que una escalada militar “solo conduce a una espiral de violencia”. Albares convocó al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, para expresar el rechazo español y exigir el cese inmediato de las agresiones.
En paralelo, la ministra de Defensa Margarita Robles confirmó que Estados Unidos retiró una docena de aviones cisterna KC-135 de las bases de Morón de la Frontera y Rota, luego de que España negara cualquier apoyo militar a la ofensiva contra Irán. Robles fue categórica: las bases solo pueden utilizarse dentro del marco de la legalidad internacional y, en este caso, se trata de acciones unilaterales sin aval de la ONU, la OTAN ni la Unión Europea.
“No vamos a prestar apoyo salvo en situaciones estrictamente humanitarias”, remarcó la ministra, al tiempo que aseguró que Washington estaba al tanto de la postura española. Según explicó, la retirada de los aviones respondió a una decisión soberana del Ejército estadounidense.
La posición del gobierno español no es inédita. En 1986, durante la presidencia de Felipe González, España también negó el uso de su espacio aéreo a bombarderos estadounidenses que atacaron Trípoli, en Libia, por considerar que la operación violaba el derecho internacional.
Pese a esta negativa, dos destructores estadounidenses con base en Rota continúan desplegados en el Mediterráneo Oriental para reforzar la defensa de Israel frente a misiles iraníes, una situación que España no puede vetar por tratarse de buques en navegación.
En cuanto a los militares españoles en la región —unos mil efectivos desplegados en Líbano, Irak y Turquía—, el gobierno aseguró que se encuentran a salvo y con medidas de seguridad reforzadas. También crece la preocupación por los cerca de 30.000 ciudadanos españoles en Medio Oriente, especialmente en Emiratos Árabes Unidos, donde miles quedaron varados por la suspensión de vuelos. La Cancillería activó una unidad de crisis y analiza posibles evacuaciones, aunque admite que el operativo es complejo.
La postura española provocó una reacción inmediata del gobierno israelí. El ministro de Exteriores Gideon Saar cuestionó públicamente a Sánchez y se preguntó si España está “del lado correcto de la historia”.
En un mensaje difundido en la red social X, Saar ironizó sobre el agradecimiento expresado por Irán a la decisión española y recordó anteriores gestos de apoyo recibidos por el mandatario español desde otros actores hostiles a Israel.
Desde Madrid, Albares rechazó de manera “taxativa” que las bases conjuntas con Estados Unidos estén siendo utilizadas para atacar a Irán y reafirmó que España no permitirá ninguna acción que no encaje en el Tratado bilateral ni en la Carta de las Naciones Unidas.
