El domingo 22 y lunes 23 de marzo, los italianos acudirán a las urnas para participar de un referéndum que definirá si entra en vigor una reforma constitucional del sistema judicial impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni.
La propuesta introduce cambios importantes en la estructura del Poder Judicial y generó un fuerte debate en el país, con sectores que la apoyan y otros que advierten sobre sus posibles consecuencias.
La reforma ya fue aprobada por el Parlamento italiano, pero como no alcanzó la mayoría de dos tercios en la segunda votación, la Constitución establece que debe ser sometida a un referéndum confirmatorio, en el que los ciudadanos decidirán si ratificar o rechazar los cambios.
Uno de los principales cambios de la reforma judicial italiana es la separación de las carreras de jueces y fiscales.
Hasta ahora, actualmente ambos forman parte de una misma carrera dentro del orden judicial y pueden alternar funciones a lo largo de su trayectoria.
Otro punto clave es la modificación del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el órgano encargado de supervisar y gobernar internamente al poder judicial.
La reforma propone reemplazar el CSM actual por dos consejos distintos: uno para los jueces y otro para los fiscales.
Además, el proyecto contempla la creación de una Alta Corte disciplinaria, que tendría la responsabilidad exclusiva de juzgar las faltas disciplinarias de los magistrados.
Este tribunal estaría integrado por miembros designados por el presidente de la República, magistrados de amplia trayectoria y personas sorteadas de listas parlamentarias.
En Italia, la votación será presencial y se realizará el domingo 22 y lunes 23 de marzo para los ciudadanos que residen en el país. Por su parte, los italianos que viven en el exterior participan mediante voto por correo postal. Están habilitados para votar el referéndum de Italia 2026:
