Pavel Durov, el multimillonario ruso residente en Francia cuyas relaciones con Vladimir Putin han pasado por fases buenas y fases malas en los últimos años, suele alegar que quienes quieren aprobar normas para legislar cómo funcionan las redes sociales lo que buscan en realidad es controlar la privacidad y censurar. Porque de la libertad absoluta de compartir cualquier contenido, legal o ilegal, vive su negocio.
Su red, Telegram, que no alcanza los suficientes usuarios en la Unión Europea para tener que cumplir con la legislación más dura que sí se aplica a otras como X, Facebook, Whatsapp o Instagram, se vende como un lugar libre de censura y controles gubernamentales, pero esa falta de control alguno ha permitido, según la denuncia de la organización ‘AI Forensic’, que defiende el respeto a los derechos humanos en las redes sociales, que Telegram se haya convertido en un nido de contenidos ilegales.
La ONG acaba de lanzar un informe en el que explica cómo Telegram se usa, sin que su propietario mueva un dedo para impedirlo y sin que sus controles internos sirvan para controlar nada, en un lugar donde se almacenan, comparten, circulan y monetizan fotografías y videos de contenido sexual de personas reales sin su consentimiento. E imágenes de abusos sexuales a menores. La investigación recomienda a la Comisión Europea que Telegram pase a la categoría de las grandes plataformas para que se le pueda aplicar la legislación europea más estricta.
El informe de la organización, que empezó a conocerse fuera de los círculos de expertos después de una pieza en la newsletter francesa ‘Technoculture’, explica cómo decenas de miles de hombres (el informe está hecho en el ecosistema digital de Italia y España), usan Telegram para “guardar, compartir, hacer circular y monetizar la difusión de imágenes (fotografías y videos) de carácter sexual de sus parejas, amigas, conocidas y casi siempre sin el consentimiento de esas personas. Además, también se encuentra contenido de abusos sexuales a niños y niñas de corta edad”.
Asegura el texto que en Telegram se encuentran “abonos mensuales para acceder a una variedad de contenidos entre los que hay materiales de agresiones sexuales a menores y de videos de violaciones”. El informe advierte que se usa Telegram, porque tiene menos controles que plataformas mayores, para conservar contenido ilegal que se encuentra en sitios como TikTok o Instagram y que suele ser borrado de esas plataformas.
El informe se hizo tras revisar 2,8 millones de mensajes de 16 grupos y canales distintos durante un período de seis semanas.
Los investigadores a cargo del informe piden a la Comisión Europea que incluya a Telegram en el grupo de las grandes plataformas digitales, aunque no cumpla estrictamente el criterio del número de usuarios.
Incluirlo en ese grupo obligaría a Telegram a cumplir con el reglamento de servicios digitales (el DSA que tanto odian esas plataformas), que les impone exigencias más duras, como moderación de contenidos y eliminación de contenido ilegal.
Durov, al tanto del informe de la ONG y de las presiones a la Comisión Europea para que incluya a Telegram entre las grandes plataformas, no apreció la publicación. En un mensaje en X escribió: “El Estado profundo europeo nos dice (a través de medios estatales y de ong’s financiadas por Soros) que Telegram es un problema porque la gente puede compartir contenidos de otras redes sociales en grupos privados de Telegram. Esa cosa absurda sirve para justificar la vigilancia y la censura (DSA)”.
La respuesta de Durov al informe reúne los mensajes habituales de las extremas derechas europeas. La idea de que hay un “Estado profundo” fuera del control público, gubernamental y judicial, y que es financiado por personas con intenciones aviesas (el financiero y filántropo George Soros aparece regularmente en esas teorías conspirativas).
AI Forensics es una de las organizaciones no gubernamentales que ayuda, previo pago, a la Comisión Europea a aplicar el reglamento de servicios digitales, el famoso DSA que amarga la vida a las grandes plataformas y que es la herramienta europea para hacer que en el territorio de la UE esas empresas cumplan la legislación en vigor.
