El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó la reforma constitucional que le permite aplicar cadena perpetua a quienes hayan cometido delitos de homicidio, feminicidio, violación y “pertenencia a pandillas”. La pena recaerá tanto sobre adultos, como en menores a partir de los 12 años.
Las modificaciones en la legislación penal, aprobadas en marzo por la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista, establecen que ese tipo de sanción se impondrá “a autores o cómplices” que hayan cometido esos crímenes.
La normativa aclara que habrá una revisión obligatoria de la pena máxima en caso de que los acusados “sean menores que han cometido uno o varios delitos o si se trata de una infracción con agravantes”.
En este sentido, los jueces que tengan a su cargo esas causas, deberán hacer un análisis obligatorio de la pena perpetua para evaluar un posible “régimen de libertad controlada bajo ciertas reglas”.
Según se prevé, la revisión en cuestión se debería hacer obligatoriamente “a todos los reos condenados a perpetuidad cada cinco años a partir de 25 años de prisión para los menores, 30 años para los adultos, 35 para los adultos condenados por varios delitos y a partir de los 40 años de prisión por delitos con agravantes».
La Ley Penal Juvenil que estaba vigente indicaba que en los delitos cometidos por “pandilleros” la pena máxima era por hasta 20 años de prisión para los menores con 16 años cumplidos, mientras que era de la mitad si el implicado tenía hasta 12 años.
La iniciativa impulsada por la administración de Bukele fue presentada el jueves 19 de marzo con el objetivo de ampliar el alcance de la reforma constitucional, en la que se impuso “cárcel de por vida a los homicidas, violadores y terroristas”.
«Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad, así como estamos tratando a los menores de edad que pertenecen a organizaciones terroristas” que cometan esos delitos, dijo ese dia el ministro de Seguridad local, Gustavo Villatoro.
Estos cambios se dan en medio de otras reformas de la Constitución salvadoreña, criticadas por sectores que creen que estas acciones impactan en la débil democracia del país centroamericano. Entre ellas, se cuentan el proyecto para eliminar los límites al mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele permanezca en el poder indefinidamente.
En la misma línea, los cambios propuestos se basan en otras medidas que el mandatario dispuso en su “guerra contra las pandillas salvadoreñas”, que comenzó cuando declaró el estado de emergencia en marzo de 2022.
