Irán ha intensificado la represión durante la guerra y la posterior tregua con Estados Unidos, con una oleada de ejecuciones y arrestos, denuncian los activistas, que piden que se incluyan los derechos humanos en las negociaciones.
La tregua de dos semanas que el presidente estadounidense Donald Trump ha prolongado indefinidamente para favorecer el diálogo no ha supuesto ningún respiro en la represión.
Casi a diario el régimen de los ayatollahs lleva a cabo ejecuciones en la horca de condenados considerados presos políticos y personas detenidas a veces simplemente por haber enviado vídeos a un medio de comunicación en el extranjero.
La última de ellas este miércoles: Mehdi Farid, condenado por vínculos con la agencia de espionaje israelí Mosad, informó el poder judicial.
Todo en un contexto de restricción de internet con un «apagón» que, según el observatorio Netblocks, empezó hace 53 días.
«La liberación inmediata de todos los presos políticos detenidos antes o después del estallido de la guerra debe ser una condición fundamental de cualquier acuerdo con la república islámica», estima Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la oenegé Iran Human Rights, con sede en Noruega.
El martes esta organización afirmó que al menos 3.646 personas han sido detenidas desde que estalló la guerra el 28 de febrero. De ellas por lo menos 767 desde el comienzo del alto el fuego el 8 de abril.
Los cargos incluyen espionaje, transmisión de imágenes o coordenadas de lugares a medios de comunicación con sede en el extranjero, intento de establecer células operativas o posesión de un terminal de internet Starlink.
El martes las autoridades también ejecutaron a un octavo hombre por las protestas antigubernamentales de enero pasado, que fueron reprimidas a sangre y fuego por las fuerzas de seguridad.
Desde que se reanudaron las ejecuciones el 19 de marzo, las autoridades iraníes también han ejecutado a ocho miembros del grupo opositor Muyahidines del Pueblo (MEK), prohibido en el país.
Iran Human Rights teme que otros detenidos sigan la misma suerte dado que «cientos de manifestantes se enfrentan actualmente a cargos que conllevan la pena capital, y al menos 30 ya han sido condenados a muerte».
El jefe del poder judicial, Qolam Hosein Mohseni Eyei, ordenó juicios por vía rápida para los detenidos por las protestas. Y el lunes dijo que aquellos considerados «colaboradores de un agresor hostil» serán tratados «sin clemencia».
El presidente estadounidense afirmó el martes a Irán que podría aumentar las posibilidades de éxito en las negociaciones de paz si libera a ocho mujeres que, según él, se exponen a ser ejecutadas.
Trump reproduce la afirmación de un activista proisraelí en Estados Unidos que sostiene en X que ocho mujeres se enfrentan a morir en la horca. El joven acompaña el mensaje con ocho fotografías sin nombres.
Según grupos de derechos humanos, incluido el Centro Abdorrahman Boroumand con sede en Estados Unidos, una mujer identificada como Bita Hemmati ha sido condenada a muerte por las protestas. Se le acusa de tirar bloques de hormigón desde un edificio contra la policía.
La organización con sede en París Together Against the Death Penalty (ECPM) y el IHR dieron cuenta la semana pasada de al menos a 48 mujeres ejecutadas en 2025 en Irán. Es el número más alto en más de 20 años.
Entre los detenidos figura la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh.
Su hija, Mehraveh Khandan, escribió en Instagram el sábado que su madre había llamado por teléfono por primera vez desde su arresto el 2 de abril. No se le permitió revelar dónde estaba detenida.
«La república islámica demostró en enero que no tiene reparos en matar a los manifestantes a gran escala», denuncia Roya Boroumand, cofundadora del Centro Abdorrahman Boroumand.
«En ese contexto, el silencio en torno al destino de los iraníes en las negociaciones actuales no hace más que tranquilizar al régimen (acerca) de que el costo político de otra represión masiva será bajo», añadió.
