La labor que realizaban dos agentes de la CIA muertos en un accidente al regresar supuestamente de un operativo antidrogas en el estado mexicano de Chihuahua no solo sigue provocando contradicciones y dudas sobre quién autorizó su actividad, sino que ha empezado a generar suspicacias en la administración de Donald Trump.
El suceso avivó las especulaciones sobre el alcance de las acciones estadounidenses en suelo mexicano pese a la reiterada defensa de la soberanía hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum y su negativa a aceptar las ofertas de Trump de intervenir contra los carteles narco.
Sheinbaum dijo este miércoles en su conferencia de prensa que analiza posibles sanciones contra el gobierno de Chihuahua porque cualquier colaboración de miembros de agencias de Estados Unidos en México debe ser aprobada por el gobierno federal, cosa que no ocurrió.
Horas después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió a la mandataria en declaraciones a Fox News “un poco más de empatía” ante la muerte de dos estadounidenses “teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo con este presidente para detener el flagelo del tráfico de drogas a través de México».
Los dos agentes murieron el domingo junto a dos miembros de la fiscalía estatal cuando su camioneta derrapó y cayó por un barranco en las escarpadas montañas que unen Chihuahua —fronteriza con Texas—y Sinaloa, donde se desmanteló un enorme laboratorio de drogas sintéticas.
Su pertenencia a la agencia central de inteligencia de Estados Unidos (CIA) fue confirmada el martes a The Associated Press por un funcionario estadounidense y otras dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para poder abordar cuestiones de inteligencia.
“No se informó de la participación de estas personas», afirmó Sheinbaum sin mencionar expresamente a la CIA. “No puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo… Esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado, del entendimiento que tenemos con ellos”.
Desde hace décadas, la presencia en México de la CIA —con un legado turbio en América Latina ligado a golpes de Estado y dictaduras militares— al igual que la de la DEA, la agencia antidrogas, y de otros agentes estadounidenses ha estado marcada por los claroscuros y controversias, como por ejemplo sobre la portación de armas. Sus actividades suelen salir a la luz pública cuando hay problemas, como ocurrió en 2012 cuando una camioneta de la embajada fue baleada en las afueras de Ciudad de México dejando a dos agentes de la CIA heridos.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), sus movimientos fueron restringidos con una ley que exige a los agentes informar previamente al gobierno mexicano de sus acciones, que sigue vigente. Sheinbaum ha incrementado la cooperación con Washington y endurecido su estrategia de seguridad.
Hasta las declaraciones de Leavitt, la administración Trump no había hecho comentarios públicos sobre los sucesos en Chihuahua y la CIA declinó el miércoles comentar sobre el tema. Sin embargo, las autoridades mexicanas han abundado en contradicciones.
César Jaúregui, fiscal de Chihuahua, dijo el domingo que el ejército mexicano y su fiscalía habían participado en el desmantelamiento del mayor laboratorio de drogas sintéticas ubicado hasta el momento y que los “oficiales instructores” de la embajada murieron en un accidente al regresar de esa acción. Al día siguiente se retractó y dijo que los funcionarios de la embajada se unieron al grupo después del operativo.
Según la presidenta, la Secretaría de Defensa no sabía que algunos de los participantes en la acción «no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua”.
Por eso, envió una carta “de extrañamiento” por lo sucedido al embajador estadounidense para que dé toda la información disponible y prevé hablar en breve con la gobernadora de Chihuahua, la opositora María Eugenia ‘Maru’ Campos. “Es muy importante que no se deje pasar algo así”, agregó Sheinbaum.
Horas más tarde, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue tajante al asegurar que “nunca” ha habido agentes extranjeros participando físicamente en un operativo federal. «No nos lo permite la ley”.
También dijo que el ejército recibió una solicitud “específicamente de acompañamiento” para dar seguridad a las fuerzas de Chihuahua. “Es muy distinto ir en apoyo de una operación a ser parte de, como tal, de la planeación”, agregó.
Pero según explicó el fiscal de Chihuahua el domingo, la investigación que llevó a desmantelar el enorme laboratorio había comenzado meses atrás y se había realizado en colaboración con la Secretaría de Defensa. “Cuando ya tuvimos la certeza mediante drones de la ubicación del lugar, acudimos en conjunto a realizar el aseguramiento de las instalaciones”.
El Senado pidió a la gobernadora que acuda la semana que viene a explicar lo ocurrido.
