El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública el miércoles en Nueva York en la que se los señala de haber colaborado en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.
Los cargos se dieron a conocer en un comunicado de prensa emitido por las autoridades federales. Ninguno de los acusados se encontraba detenido.
Los nombrados en el documento judicial hecho público en el tribunal federal de Manhattan son funcionarios gubernamentales o de las fuerzas del orden del estado norteño de Sinaloa y según la acusación habrían desempeñado un papel esencial al ayudar al Cártel de Sinaloa a transportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.
El fiscal federal Jay Clayton calificó al Cártel de Sinaloa como “una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.
Añadió que el cártel y otras organizaciones de narcotráfico “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos”.
Tras el anuncio del proceso, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en un comunicado que la tarde del martes había recibido solicitudes de extradición de diversas personas de parte de Estados Unidos, pero no ofreció detalles.
La cancillería indicó que de acuerdo con la ley vigente sobre extradición se envió la información a la Fiscalía General de la República para que evalúe las solicitudes.
En el comunicado se refirió que la documentación recibida por parte de la embajada de Estados Unidos, que ya fue revisada por la cancillería, “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que enviará a la embajada estadounidense una nota de “extrañamiento” debido a que “en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”.
Rocha Moya rechazó de forma categórica las imputaciones en su contra y dijo en su cuenta de X que “carecen de veracidad y fundamento alguno”. Agregó que “así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.
El gobernador sostuvo que el ataque no es sólo contra su persona sino contra el movimiento político oficialista y sus liderazgos, y se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México.
