El expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó este viernes ante la Corte Suprema un recurso extraordinario con el que intenta anular la condena a 27 años de prisión que recibió por su participación en la trama golpista para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
La defensa de Bolsonaro, que cumple desde marzo con prisión domiciliaria su condena, solicitó una «revisión criminal» con el argumento de que hubo un «error judicial» en el proceso que derivó en su condena, dictada por la sala primera del Supremo Tribunal Federal (STF).
El recurso fue presentado el mismo día en que el Congreso brasileño promulgó la ley que prevé la reducción de las penas de todos los condenados por golpismo en Brasil, incluyendo al exmandatario.
La petición, sin embargo, no se ampara en la nueva ley, que ni cita, y busca la anulación de todo el proceso en que Bolsonaro fue considerado culpable de haber liderado una trama para impedir la toma de posesión de Lula, que lo venció en las elecciones presidenciales de 2022.
Los abogados alegaron que, por su condición de expresidente, Bolsonaro debió ser juzgado por el pleno de la máxima corte y no por una de sus salas, cuestionan la validez de algunos testimonios y sostienen que no tuvieron acceso integral a las pruebas reunidas por los investigadores.
También afirman que no existen elementos que prueben que Bolsonaro ordenó o coordinó los actos violentos del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes invadieron y destrozaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
La defensa pidió además que el recurso sea analizado por magistrados de la segunda sala del Supremo, entre ellos André Mendonça y Nunes Marques, ambos nombrados por Bolsonaro durante su mandato.
La revisión criminal es un mecanismo excepcional para cuestionar sentencias firmes y no suspende automáticamente el cumplimiento de la pena.
Según la prensa brasieña, la Corte rechazó recursos similares presentados por otros condenados por los ataques del 8 de enero.
La nueva norma promulgada en Brasil permite revisar las condenas impuestas a los responsables de los intentos golpistas, una norma impulsada por sectores conservadores que abre la puerta a reducciones de pena para los sentenciados, incluyendo a Bolsonaro.
La nueva legislación establece criterios para recalcular condenas cuando los jueces consideren que las penas aplicadas fueron desproporcionadas respecto al grado de participación de cada acusado.
