El juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) por presunta trata agravada de personas quedó suspendido este lunes hasta que el ex gobernante se presente ante la Justicia o la Policía ejecute la orden de captura en su contra, después de que un tribunal lo declaró en rebeldía por no asistir al inicio del proceso judicial.
«El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados (entre ellos Morales)», declaró a los medios en la ciudad sureña de Tarija el fiscal del caso, Luis Gutiérrez.
La audiencia para el inicio del juicio contra Morales (2006-2019) se instaló a las 8:30 hora local (12:30 GMT) en Tarija, en ausencia del exmandatario y de sus abogados, por lo que el tribunal lo declaró en rebeldía y dictó órdenes de captura y arraigo que le impiden salir del país.
Gutiérrez explicó que el cumplimiento de la orden de captura contra el expresidente corresponde a la Policía y «no es una atribución» del Ministerio Público.
La Fiscalía de Tarija indicó que los abogados de Morales no presentaron «ninguna clase de justificativo» por su ausencia y, ante la falta de defensa privada en la audiencia, se decidió que el político fuera asistido por abogados de defensa pública.
Por su parte, Wilfredo Chávez, uno de los abogados de Morales, indicó a los medios en La Paz que el expresidente no fue notificado personalmente para asistir al inicio del juicio, sino mediante un «edicto» judicial, lo que, a su juicio, constituye un «vicio causal de fondo».
Además, mencionó que el juicio contra el ex mandatario fue «desempolvado» en un momento en el que hay varias protestas sociales contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, por lo que consideró que «es un tema político».
Los simpatizantes del expresidente amenazaron con «convulsionar» el país si el exgobernante es detenido. En declaraciones a la radio Kawsachun Coca, el dirigente cocalero Dieter Mendoza sostuvo que agentes de inteligencia de la Policía «pretenden generar y realizar operativos para detener a Evo Morales», quien permanece desde octubre de 2024 en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político en el centro de Bolivia.
Según Mendoza, las autoridades nacionales «piensan que pueden apagar la movilización que se va viviendo en todo el territorio nacional deteniendo a Evo Morales».
«Piensan que con detener a Evo Morales, (lograrán) apagar, desmovilizar. Están muy equivocados. Si tocan a Evo Morales, esto va a convulsionar. El país va a convulsionar como no se imaginan, va a haber insurgencia en el territorio nacional de Bolivia», advirtió.
El dirigente pidió a los habitantes y sectores del Trópico de Cochabamba que permanezcan «en estado de alerta máxima» y «en pie de lucha».
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una región cocalera del centro de Bolivia considerada su bastión político y sindical, bajo la custodia de cientos de sus seguidores para impedir que se ejecute una orden de captura en su contra por el proceso por presunta trata agravada de personas.
En su momento, la Policía no pudo ejecutar una orden de detención contra Morales porque sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días, entre octubre y noviembre de 2024, para impedir el ingreso de los agentes a la región donde permanece resguardado.
El ex mandatario está acusado por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia en 2016.
Durante la fase preliminar de investigación del caso, a principios de 2025, un juez ya había declarado en rebeldía al ex mandatario después de que no compareciera en dos ocasiones a una audiencia destinada a resolver la acusación en su contra, alegando problemas de salud.
En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente y la Fiscalía de Tarija reiteró que reunió más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral, entre ellas 39 declaraciones de testigos.
