el Gobierno ordenó liberar los piquetes con militares y policías tras 11 días de cortes

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales rutas que permanecen bloqueadas en la zona andina desde hace 11 días por sectores campesinos de La Paz que exigen mejoras salariales y la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

La operación, llamada «Corredor humanitario», moviliza desde esta madrugada a unos 2.500 agentes policiales y 1.000 militares, informaron por separado a los medios los comandantes de la Policía, Mirko Sokol, y de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, quienes acompañan el desplazamiento.

Sokol sostuvo que el operativo tiene «la única finalidad de liberar» las carreteras «y que los alimentos, los medicamentos, las ambulancias, el oxígeno (medicinal) puedan ingresar» a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo nacional, permitiendo además «que los turistas que están varados en diferentes sectores (…) puedan retornar a sus países».

El jefe policial instó a los movilizados en las carreteras «que depongan actitudes» y que, «de manera pacífica puedan desbloquear» las rutas.

«No estamos yendo a enfrentar, de ninguna manera, simplemente a hacer el trabajo que nos corresponde de desbloquear las vías, garantizar la libre circulación y velar por los valores más fundamentales que están establecidos en la Constitución», manifestó.

Sokol indicó que a nivel nacional hay 50 puntos «activos» de bloqueo y que se intervendrá las principales carreteras del departamento de La Paz, el más afectado por los cortes de rutas iniciados el 6 de mayo.

Entre las carreteras que serán despejadas están la que va hacia la región andina de Oruro y conecta con el centro y el oriente boliviano, una de las rutas hacia Perú a través de la localidad turística de Copacabana, a orillas del lago Titicaca que comparten ambos países, y una vía en el sur de la sede de Gobierno, precisó.

Por su parte, Balderrama señaló que la Policía va «en primera línea» y que los militares acuden al operativo «como un elemento de apoyo para cualquier situación». Además, aseguró que los militares no están «llevando armamento, ni armas letales», únicamente «agentes químicos si es necesario utilizarlos».

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz «Tupac Katari» piden con protestas callejeras y bloqueos de carreteras la renuncia de Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú firmaron un documento conjunto para expresar su «preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población».

«Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025», advirtieron los ocho países que firmaron el comunicado.

En medio de esa conflictiva situación, el Gobierno de Javier Milei dispuso este sábado enviar, a pedido de su colega boliviano, «un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos» que se producen en distintas localidades de Bolivia.

Minutos antes de las 10 de la mañana, el avión argentino estaba por aterrizar en Santa Cruz de la Sierra.

Además, una marcha de centenares de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se acerca a la sede de Gobierno, a donde prevé llegar el lunes para demandar la renuncia del mandatario.

Los bloqueos se han concentrado principalmente en La Paz, lo que impide el tránsito terrestre hacia el interior del país, Chile y Perú, ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno para los hospitales en esa ciudad y la vecina El Alto.

Según el Gobierno, como consecuencia de los bloqueos, hasta el momento han muerto tres personas, incluida una ciudadana de Belice, que no pudieron recibir atención médica oportuna.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica pidieron el viernes que se abran «corredores humanitarios» para «garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible» e instaron a las autoridades a generar «espacios de diálogo efectivo» con los movilizados.

El Gobierno ha denunciado un «plan macabro» supuestamente diseñado por Morales para «romper el orden constitucional» y que presuntamente está «financiado» por el narcotráfico, lo que el exmandatario rechazó.

Con información de la agencia EFE