Envían a juicio a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por cuatro delitos y le prohíben salir del España

Una nueva decisión judicial acorrala aún más al presidente español Pedro Sánchez: el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, desde hace más de dos años resolvió este sábado enviarla a juicio oral y prohibirle salir de España.

La mujer del jefe del gobierno, según el magistrado Juan Carlos Peinado, se habría aprovechado de su posición de primera dama para beneficiarse en su carrera profesional. Impulsada por una denuncia de una organización conservadora que aportó como pruebas recortes periodísticos, la investigación a Gómez se centró en la cátedra que co-dirigía en un máster de la Universidad Complutense de Madrid.

El juez la acusa de cuatro delitos: de presunto tráfico de influencias, de corrupción en los negocios, de apropiación indebida -de un software creado para la cátedra de la Complutense- y de malversación de fondos públicos.

Por esta última acusación, Peinado también investiga a la asistente de Begoña Gómez, Cristina Alvarez, quien fue contratada con dinero del Estado y habría realizado gestiones para la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez.

Las acusaciones populares piden una pena de 24 años de prisión para la esposa del presidente Sánchez.

En un auto de 84 páginas que se conoció este sábado, el magistrado resolvió enviar a la esposa del presidente a juicio oral frente a un jurado popular, es decir, integrado por ciudadanos elegidos por sorteo.

Estableció, además, medidas cautelares para la primera dama: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional español y la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado.

Esta decisión vuelve aún más espeso el océano de procedimientos judiciales en el que el Pedro Sánchez lleva meses remando.

Su esposa tuvo que presentarse el lunes ante el juez, quien le había advertido que si no lo hacía sería llevada a los tribunales por la fuerza pública.

El miércoles declaró en la Audiencia Nacional el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, sospechado de haber utilizado sus contactos en beneficio de una trama que blanqueaba dinero de la compra de oro y petróleo venezolano.

Rodríguez Zapatero se declaró inocente ante el juez que lo investiga pero se negó a hablar de las joyas que la Policía secuestró en una caja fuerte que tenía en su oficina: cerca de un centenar de gargantillas, aros, pulseras y anillos tasados en 1,3 millón de euros.

Se espera, además, para estos días la sentencia de un juicio al ex ministro de Transportes de Sánchez, José Luis Abalos, por haber cobrado, presuntamente, comisiones ilegales en la compra de barbijos durante la pandemia.

Y avanza la investigación acerca de un entramado que habría montado un ex secretario de organización del PSOE, el partido que lidera Pedro Sánchez, para desacreditar a jueces, fiscales y policías que estuvieran involucrados en procedimientos que pudieran afectar al gobierno o al Partido Socialista.

“La suficiencia indiciaria (es decir, de indicios) para la apertura del juicio oral está sobradamente colmada”, aseguró el juez Peinado en el auto sobre Begoña Gómez.

Y justificó las medidas cautelares aplicadas a la esposa del jefe del gobierno en que, según él, existe riesgo que la primera dama se fugue. El juez insinuó que sus propios escoltas podrían ayudarla a huir.

“Los agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga”, apuntó Peinado.

“Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la residencia del gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga”, se quejaron este sábado desde el sindicato de la Policía Nacional.

Peinado también sentará en el banquillo al empresario Juan Carlos Barrabés, acusado de posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares. Begoña Gómez habría escrito cartas de recomendación para que las empresas de Barrabés, con quien co-dirigía la cátedra del máster, obtuvieran licitaciones públicas.

Las medidas del juez Peinado sobre Begoña Gómez «constatan la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado», señalaron fuentes del gobierno.

“Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia”, expresó en sus redes sociales el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Desde la oposición, el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, señaló: “Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal. España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya.”

Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez se mantiene en su discurso: los españoles volverán a las urnas en 2027, tal como lo estipula el calendario electoral.

Sólo esa semana admitió que consideraría la posibilidad de un adelanto si no logra que el Congreso apruebe los presupuestos generales del Estado que su gobierno piensa enviar al Parlamento después del verano europeo. Sánchez gobierna España desde 2018 con presupuestos prorrogados desde 2023.