Las carreteras quedaron completamente despejadas este martes en Bolivia, informaron las autoridades, tres días después de la proclamación del estado de excepción destinado a poner fin siete semanas de protestas contra el gobierno.
Con la entrada en vigor de la medida, mejoró el abastecimiento en ciudades como La Paz y su vecina El Alto, las más afectadas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades llegaron a contabilizar hasta un centenar de cortes de ruta.
El presidente de centroderecha Rodrigo Paz decretó el sábado el estado de excepción para prohibir las protestas y ordenó a policías y militares limpiar las rutas.
«Nuestras carreteras han sido liberadas», señaló este martes en su cuenta de X el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
Desde comienzos de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca multiplicaban las manifestaciones y los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, en un contexto de crisis económica, la más grave en 40 años.
En una declaración emitida este martes, Estados Unidos y otros 15 países americanos expresaron su «profunda preocupación» por el impacto de los bloqueos y afirmaron que los intentos de «socavar y derrocar» al gobierno representan una «grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática» de Bolivia.
«Apoyamos al gobierno boliviano elegido de acuerdo con la Constitución e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional», añaden en el texto.
El presidente panameño José Raúl Mulino afirmó por su parte durante la Asamblea General de la OEA en Panamá que el narcotráfico financia a la «izquierda radical» en Bolivia. El crimen organizado «busca subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos», declaró.
El gobierno de Paz acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de haber impulsado las protestas y de haberlas financiado con dinero proveniente del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas.
Los últimos puntos de bloqueo se extinguieron, tras declarar Morales el lunes su suspensión temporal. Todos estaban en el departamento de Cochabamba, bastión del líder indígena en el centro del país.
Organizaciones sociales comenzaron a principios de mayo una huelga y cortes de ruta para exigir la salida de Paz y para reclamar por la venta de gasolina de mala calidad.
