El presidente centroderechista de Bolivia Rodrigo Paz anunció que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, bastión político del ex mandatario Evo Morales, donde los seguidores del líder izquierdista impiden la ejecución de una orden de captura en su contra.
Paz acaba de superar la crisis política más grave de su corta gestión iniciada en noviembre pasado. Durante siete semanas, indígenas, obreros y cocaleros manifestaron y bloquearon carreteras para exigir su renuncia por la crisis económica.
«Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece», declaró este miércoles Paz, durante un aniversario de la policía. «Algunos creen que no es territorio boliviano que es territorio de algunas organizaciones», añadió en referencia a la región cocalera del Chapare, según aclaró posteriormente la Presidencia.
Aseguró además que «todo volverá a la patria». «Aquí no hay dueños, ni de territorios, ni de sectores», sostuvo.
La autoridad decretó el sábado un estado de excepción que permitió el levantamiento de los bloqueos. Su gobierno ha señalado al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas y financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin dar pruebas.
El exjefe de Estado se encuentra en el poblado cocalero de Lauca Eñe, en el centro del país, desde fines de 2024, cuando la justicia emitió una orden de captura en su contra por un caso de trata de menor que él niega.
Evo Morales anticipó el martes, en una entrevista con la AFP, que si el gobierno intervenía la región, «aquí va a haber problemas, estamos bien organizados». Aseguro además que sus partidarios «se van a defender».
El expresidente sostiene que el actual gobierno, «con toda esta política neoliberal y estado colonial, está forzando que haya una guerra civil». El Ejecutivo no adelantó fecha para una eventual intervención en el Chapare.
Paz, demás, pidió a la Policía, la Fiscalía y la Justicia procesar a los responsables de los bloqueos de carreteras realizados durante siete semanas por sectores que exigían su renuncia, y que provocaron desabastecimientos y pérdidas millonarias para la economía del país.
Durante un acto por los 200 años de creación de la Policía, el gobernante pidió a las instituciones del Estado «actuar con firmeza» contra quienes «han hecho daño en estos 50 días» con los cortes de vías.
El mandatario sostuvo que «tiene que haber responsables» por «el daño que le hicieron a la sociedad» y que esos culpables deben estar en la «cárcel».
«Tienen que haber responsables y tenemos que estar todas las instituciones y les pido la mayor de las firmezas para poder cumplir con nuestro mandato», agregó.
Paz mencionó que solamente los daños causados por los manifestantes en las carreteras ascienden a 90 millones de bolivianos (12,9 millones de dólares), lo que afecta al comercio internacional y al «desarrollo» de Bolivia.
«Una cosa es la reivindicación social, una cosa es la protesta que está amparada en la Constitución, otra cosa es hacerle daño al pueblo bajo la escusa de una visión de pedidos que fueron infiltrados con una lógica política, narcoterrorista que le hizo daño a la patria», sostuvo.
