Una madre se encontraba en la cocina de su casa en la capital de Venezuela preparando café al amanecer de un día de 2017 cuando, según relató, vio a través de la ventana a agentes de policía portando armas largas y cortas. Instantes después, uno de ellos forzó la puerta de su casa con una barra de metal.
Poco después, el hijo de la mujer, de 20 años, murió en circunstancias poco claras. Los vecinos informaron haber escuchado a la policía disparar horas después de la redada, como si simularan un tiroteo, según una demanda presentada el martes.
Los vecinos informaron haber escuchado a la policía disparar horas después de la redada, como si simularan un tiroteo, según una demanda presentada el martes.
El hijo de la mujer, ahora conocido en los registros judiciales como «John Doe 3», fue una de al menos 1.300 personas asesinadas por una fuerza de seguridad de élite venezolana entre 2017 y 2020 durante un importante despliegue policial lanzado por el presidente Nicolás Maduro, supuestamente para combatir la delincuencia, según la demanda.
Según las pruebas recabadas por grupos de derechos humanos, la policía allanó viviendas en barrios de bajos ingresos, obligó a hombres y niños a arrodillarse y les disparó.
Las casas fueron saqueadas y se llevaron cualquier objeto de valor, por mínimo que fuera.
Ahora, casi una década después de aquellas redadas en Caracas, la capital venezolana, los familiares de cinco jóvenes asesinados han presentado una demanda federal en la ciudad de Nueva York acusando a Maduro de autorizar los asesinatos.
Detención
Maduro se encuentra encarcelado en una prisión federal de Nueva York, adonde fue trasladado después de que el ejército estadounidense allanara Venezuela en enero y lo detuviera por cargos de narcotráfico.
Los demandantes interpusieron la demanda amparándose en la Ley de Protección de las Víctimas de la Tortura, una ley de 1991 que permite presentar demandas civiles ante tribunales federales estadounidenses contra personas acusadas de cometer torturas o ejecuciones extrajudiciales mientras actuaban en calidad de funcionarios públicos en otro país.
Manifestantes protestan contra los resultados oficiales de las elecciones que proclaman la reelección del presidente Nicolás Maduro, al día siguiente de la votación en Valencia, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (Foto AP/Jacinto Oliveros)Este caso representa un intento excepcional de responsabilizar a un jefe de Estado ante un tribunal estadounidense.
También es un caso singular en el que un alto cargo del régimen autoritario venezolano podría ser considerado responsable de violaciones de derechos humanos.
“No estoy pidiendo nada, estoy exigiendo”, dijo la mujer cuyo hijo fue asesinado esa mañana de 2017, quien es citada en la demanda como Jane Doe 1.
“El estado mató a mi hijo”.
Protección
Para proteger a las familias de posibles represalias, la demanda se presentó utilizando seudónimos.
Si bien muchos familiares de las víctimas han hecho pública su campaña por la justicia, los abogados de los demandantes temen por su seguridad ahora que no solo apuntan a los oficiales de bajo rango, sino también a alguien que fue un miembro destacado del gobierno venezolano.
La demanda fue presentada en nombre de tres madres y un padre, así como de una mujer cuyos dos hermanos murieron durante la operación policial.
“Decidí presentar esta demanda, denunciar el caso de mi hijo y hacerlo público porque mi hijo no era un criminal”, declaró una demandante identificada como Jane Doe 3.
“Mi hijo fue asesinado en su propia habitación”.
Desde entonces, ha abandonado Venezuela.
Según contó, la policía robó la PlayStation de su nieta y tanta ropa de su hijo que tuvo que comprarle un traje para enterrarlo.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Centro Guernica 37, una organización jurídica internacional sin ánimo de lucro que busca que se rindan cuentas por graves violaciones de los derechos humanos a través de acciones legales transnacionales.
“Esta demanda refleja la extraordinaria determinación de las familias de las víctimas para enfrentar los abusos de poder y afirmar que nadie está por encima de la ley”, declaró Michael Reed Hurtado, uno de los abogados.
La demanda busca obtener daños punitivos y compensatorios.
El mismo centro jurídico demandó recientemente a un teniente coronel venezolano que vivía en el sur de Florida y trabajaba como extra en una telenovela.
Los asesinatos en los que se centra la demanda comenzaron después de que el régimen de Maduro anunciara la “Operación Liberar y Proteger al Pueblo”, una serie de campañas militarizadas.
Tras las denuncias de grupos de derechos humanos sobre la violencia, Maduro cambió el nombre del escuadrón a Fuerzas de Acción Especial, más conocidas por sus siglas en español, FAES.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, no estuvo disponible para hacer comentarios después de que se presentara la demanda el martes.
Informe
Un informe de las Naciones Unidas señala que las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a 6.856 personas en un solo período de 18 meses entre 2018 y 2019.
Luego, alteraron las escenas del crimen colocando armas o drogas o disparando contra la pared para simular que las víctimas se habían resistido al arresto, según el informe.
A pesar de las numerosas quejas, Maduro continuó elogiando a las fuerzas especiales.
«Les brindamos todo nuestro apoyo, tanto logístico como físico», declaró en 2019, pocas semanas después de la publicación del mordaz informe de la ONU.
«Apoyamos plenamente a las FAES en su labor diaria de garantizar la seguridad de la población. ¡Viva las FAES!».
El gobierno venezolano no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.
En 2019, el viceministro de Relaciones Exteriores del país, William Castillo, insistió en que el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no reflejaba la realidad del país.
“Exigimos que se corrija su contenido y les instamos a actuar de manera equilibrada y respetuosa”, dijo Castillo a la ONU.
Dado que Maduro era presidente cuando ocurrieron los asesinatos, es probable que solicite inmunidad como jefe de Estado frente a las acusaciones de la demanda.
«Él lo alegará, pero la jurisprudencia está de nuestro lado», declaró Almudena Bernabeu, una de las abogadas que presentó la demanda.
«Presentamos esta denuncia porque detrás de los líderes injustos y abusivos siempre hay seres humanos que son ignorados».
En 2022, un juez federal desestimó una demanda presentada por la prometida del periodista asesinado Jamal Khashoggi contra el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración Biden, afirmó que el príncipe gozaba de inmunidad.
El departamento declinó hacer comentarios sobre la demanda de Maduro.
El gobierno boliviano renunció a su inmunidad cuando se presentó una demanda contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa por una masacre.
En 2018, un jurado de Fort Lauderdale, Florida, otorgó 10 millones de dólares, aunque la cifra se redujo a una cantidad no revelada tras un acuerdo alcanzado durante la apelación.
“No teníamos que demostrar que supiera de tiroteos específicos o que diera las órdenes, sino que era responsable de la campaña militar en su conjunto”, dijo una de las abogadas que llevó el caso, Beth Stephens, profesora de la Universidad de Rutgers.
En Venezuela, decenas de policías de bajo rango fueron arrestados tras los asesinatos, pero los casos se prolongaron o fueron desestimados.
En ocasiones, los fiscales fueron apartados si parecían dedicar demasiado esfuerzo a los casos, según declaró otro de los demandantes, identificado como John Doe 4.
Su hijo murió cuando la policía irrumpió en su casa sin una orden judicial en el otoño de 2020, afirmó.
“Nuestra verdadera motivación para dar este paso es la impunidad que impera en nuestro país”, declaró otra demandante, identificada como Jane Doe 2, cuyo hijo fue detenido en la calle, golpeado y baleado en 2018.
“Si no fuera así, no habríamos tenido que recurrir a tribunales internacionales”.
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