El juicio colectivo contra jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador concluyó este martes luego de tres meses de audiencias en las que la fiscalía pidió miles de años de prisión contra los procesados.
Se trata del primer juicio masivo contra los mandos de una pandilla, entre ellos los 22 miembros de la llamada «ranfla histórica», la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la «guerra» antipandillas del gobierno de Nayib Bukele.
El proceso contra 485 imputados comenzó el 20 de abril, de acuerdo a la cifra oficial más reciente, y fue seguido en forma virtual desde diferentes presidios por los acusados, incluidos unos 220 jefes en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Antes de emitir un fallo, el tribunal Contra el Crimen Organizado de la capital escuchará y analizará un voluminoso expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía.
La mayoría de los acusados ya purgan condenas que equivalen a una vida en prisión.
Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos, explicó la Fiscalía en un comunicado.
La nota afirma que los pandilleros fueron inculpados de 14.420 crímenes cometidos entre el 2012 y el 2022 y utilizar el sistema de «apertura de válvulas», cuando los mandos de la pandilla ordenaban asesinatos desde las prisiones.
Además, presentaron pruebas de la conformación de 230 células de pandillas distribuidas en todo el país.
El Órgano Judicial indicó en su cuenta en X que la Fiscalía «solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados». Además de requerir, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 9 millones de dólares por extorsión agravada.
Un total de 162 pandilleros hicieron uso de la palabra durante las audiencias.
El pasado 8 de junio, el fiscal del Crimen Organizado, Max Muñoz, dijo en X que «con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario«.
«No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar», agregó el representante de la Fiscalía.
Entre los asesinatos imputados figuran los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la «guerra» contra las pandillas bajo un estado de excepción que ha encarcelado a unas 92.000 personas sin orden judicial.
Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y oenegés aseguran que no existe la independencia judicial en el país.
Grupos humanitarios también acusan al gobierno del presidente conservador de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y de encarcelar a inocentes.
