La administración de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida.
Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.
En la carta, el Departamento de Estado recuerda que desde el pasado 5 de marzo reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela tras asumir el poder de forma interina después de la captura del presidente Nicolás Maduro -a quien Estados Unidos no reconoce como presidente de Venezuela desde 2019- por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
«La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso», considera la Administración de Trump.
«En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad», apunta el documento.
Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.
El pasado 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, el juez ordenó una indemnización de US$314 millones en este caso, aunque Delcy Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros funcionarios chavistas.
El Gobierno de Trump pidió en la carta a la fiscalía que tome nota de «la especial importancia» que tiene para Estados Unidos que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas «las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo».
La carta revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha pedido al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso.
Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el Gobierno interino de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, mientras la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país.
La semana pasada, un juez del Distrito Sur de Florida le ordenó a Maduro y otros dirigentes chavistas –Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Alex Saab y Tarek William Saab, entre otros- pagar US$314 millones por una demanda que presentaron más de 10 estadounidenses. El juez, Darrin Gayles, excluyó a Delcy Rodríguez y a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Los demandantes incluyen a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes en 2023 formaron parte de un intercambio de prisioneros durante el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025) que resultó en la liberación de Alex Saab, detenido desde mayo pasado otra vez en este país.
Los demandantes, incluyendo secuestrados en Venezuela y dos menores de edad, habían presentado la demanda en agosto de 2025, pero la reactivaron en enero con una nueva moción tras la captura de Maduro, ahora preso en Nueva York, donde afronta cargos de narcoterrorismo.
El recurso acusa a los líderes del chavismo de violar la Ley Federal Antiterrorismo (ATA, en inglés), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).
El fallo del juez argumentó que Maduro «históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los Estados Unidos».
También acusó al expresidente venezolano de «narcoterrorismo» con el aparente «objetivo de intimidar o coaccionar a la población civil» estadounidense.
Este recurso civil es paralelo al proceso penal que afronta Maduro por narcotráfico en Nueva York, donde también está detenida su esposa Cilia Flores.
