Un grupo de propietarios demandaron este viernes a Zohran Mamdani, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, luego de que entrara en vigencia un impuesto a la segunda vivienda de lujo para personas no residentes.
La denuncia, presentada en Staten Island, no cuestiona al impuesto en sí, sino a las notificaciones que envió el gobierno local a los propietarios afectados y al registro de valuación que hizo la ciudad. Ese registro es de consulta pública en la web. Expone nombres, direcciones y valor de las propiedades identificadas en la lista.
Según los demandantes, la lista ha generado una «confusión masiva» y dio lugar a un «escrutinio injustificado» de su información personal.
En gobierno de Mamdani envió 17.000 notificaciones a los propietarios de algunas de las zonas más caras de Nueva York. La mayoría están concetradas en el Upper East y Upper West Side (5.000), pero también están marcadas 5.600 residencias de otros barrios de Manhattan como Hudson Yards, SoHo, West Village y Tribeca. La medida incluye, además, a unas 1.300 viviendas de Park Slope, Brooklyn.
La medida apunta a viviendas monofamiliares valuadas en US$5.000.000 o más, y departamentos a partir del millón de dólares. Mamdani espera recaudar alrededor de US$500.000.000 al año con este impuesto, conocido como ‘pied-a-terre’, que fue aprobado en mayo y se comenzó a aplicar en julio.
Los tres demandantes alegan que han recibido notificaciones de que sus viviendas podrían estar sujetas a este gravamen pese a que, afirman, estas son sus residencias principales. Los demandados instaron a ignorar este registro ya que «no formaba parte de los requisitos legales» sujetos al gravamen.
«Su publicación no solo provocó una gran confusión, sino que también facilitó, propició y amplificó un escrutinio indeseado de la información personal de los propietarios«, apunta la demanda.
Los demandantes solicitan al tribunal que invalide el listado con los nombres, direccciones y valor del inmueble de más de 900.000 propietarios, que el Departamento de Finanzas (DOF, por sus siglas en inglés) publicó en su web, y que obligue a la ciudad a no imponer el gravamen mientras se resuelve la querella.
El objetivo de la demanda -que está impulsada por el abogado Randy Mastro, vicealcalde de Rudolph Guliani- es retrasar la implementación del impuesto, que fue aprobado en mayo. Los demandantes esperan conseguir una fallo judicial que establezca que los propietarios no están obligados a responder a las notificaciones antes de la fecha límite del 18 de septiembre, y que el DOF retire de su web la lista de propietarios.
«El Departamento de Finanzas ha estado trabajando sin descanso para responder preguntas, brindar asistencia y garantizar que quienes están sujetos al recargo cuenten con la información que necesitan», dijo Matt Rauschenbach, vocero de Mamdani.
El documento, en el que también se acusa al Departamento de Finanzas y a su jefe, Richard Lee, agrega que los demandados «han admitido que enviaron cartas de notificación a unas 17.000 residencias», una cifra «aproximadamente tres veces mayor que el número de viviendas que la excomisionada del DOF, Martha Stark, estima que realmente están sujetas al impuesto».
En este sentido, la querella asegura que solo hay 24.000 propiedades en la ciudad que cumplen con los requisitos de valor de mercado que requiere el gravamen, de las cuales la mayoría son primeras residencias, pero que la ciudad envió notificaciones a más del 70% de estas viviendas.
Muchos neoyorquinos criticaron la lista, ya que contempla residencias principales, y miembros del Concejo Municipal que señalaron que su publicación los había tomado por sorpresa.
Aproximadamente 2.000 personas han presentado solicitudes para quedar exentos del impuesto, según informó el DOF. A comienzdos de agosto, la Ciudad extendió por cuatro semanas (hasta el 18 de septiembre) el período para prensentar las solicitudes de excención del impuesto.
Si bien algunas notificaciones ya fueron enviadas, la lista definitiva de las propiedades afectadas se conocerá recién el 31 de diciembre. Por ahora, la lista provisional es bastante más grande de la que se estimaba inicialmente -entre 10.000 y 13.000 propiedades- y se cree que podría afectar hasta 31.000 inmuebles.
Con información de EFE y Bloomberg
