La profesora argentina que pelea contra el control ideológico en las aulas de Estados Unidos

El estado de Florida, con Ron DeSantis como gobernador, se ha convertido en uno de los epicentros de la pelea de autoridades conservadoras de Estados Unidos contra el progresismo cultural, sobre todo en las aulas. En los últimos años, el gobierno de Florida ha intentado eliminar con diversas estrategias judiciales y políticas la enseñanza de temas vinculados a raza, género o justicia social porque considera que contribuyen al “adoctrinamiento” de los alumnos, una ofensiva que se amplificó a nivel nacional con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado.

En muchos casos y con distintos recursos, el gobierno logró imponer su controvertida estrategia y muchos docentes callaron por miedo, adaptaron programas y guardaron libros considerados “prohibidos” por las autoridades.

Pero desde hace años una profesora argentina intenta frenar el control estatal en las clases: Adriana Novoa, profesora de Historia Latinoamericana en la University of South Florida, una universidad estatal ubicada en Tampa, lidera desde hace años una batalla judicial contra el estado de Florida para defender la libertad de expresión en las aulas. A pesar de que denuncia haber sido censurada, grabada en clase y hostigada por las autoridades, ha logrado un resonante triunfo judicial el mes pasado, aunque todavía la puja continúa.

El caso de Novoa, más allá de su quijotada personal a favor de la libertad de expresión en clase, muestra paso a paso cómo el estado va interviniendo en la formación de las universidades estatales las que, si bien son más accesibles que las privadas, no son gratuitas y cuestan a los alumnos miles de dólares por año.

La ofensiva oficial en Florida para frenar un supuesto “adoctrinamiento” progresista de los alumnos comenzó en 2022, con la aprobación de la llamada “Stop Woke Act”, una ley promovida por el gobierno republicano que apuntó contra la enseñanza de temas vinculados a raza, género e identidad sexual.

Se basaron en lo que llaman el “government speech”, una polémica doctrina que señala que, como las instituciones estatales son financiadas por el estado, los profesores allí tienen la obligación de reproducir el discurso del gobernador de turno.

“La idea de ellos es que los estudiantes tienen que ser protegidos de conocer cierta información. Por ejemplo, no se puede hablar del racismo, de género, de sexualidad”, señala Novoa, en diálogo con Clarín, y afirma que la iniciativa viola la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión en la Constitución de EE.UU.

Novoa obtuvo su licenciatura en Historia en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y cursó estudios de posgrado en el Instituto Di Tella andes de ingresar a la Universidad de California, San Diego, donde completó su máster y doctorado en Historia de América Latina. Enseña esa asignatura en la University of South Florida desde 2001 y también historia del Deporte.

La ley de 2022 provocó un terremoto académico. Obligaban a reformar programas, eliminaron seminarios y bibliografía y, además, autorizaron a los alumnos a grabar en las aulas.

Sucedían cuestiones extrañas, cuenta Novoa. “A mí me plantaron estudiantes en las clases que venían a decir cosas racistas abiertamente y si yo decía algo que les molestaba podían ir a quejarse de que los estaba censurando o tratando de lavarles la cabeza”.

“El criterio es básicamente una intimidación, que no hables, que es lo más fácil: no hablás de esos temas, no hablás de raza, de género, no hablás de nada, y al no hablar no te metes en líos y eso fue lo que pasó”, señala.

Ante este panorama, la profesora argentina, junto con el estudiante de su clase Samuel Rechek, que sentía que no podía acceder a todos los conceptos necesarios para su formación, inició una demanda contra el estado de Florida impulsada por FIRE, una organización especialista en la Primera Enmienda.

Era un gran desafío, pero tuvieron una primera gran victoria. Un mes después de lanzada la “Save Woke Act”, en diciembre de 2022, lograron que un juez de primera instancia fallara a su favor y dictara una medida cautelar para que la ley no se aplicara.

Sin embargo, y a pesar del freno legal, el estado de Florida buscó igualmente otra estrategia para eludir la disposición judicial y continuar su batalla contra el progresismo en las aulas. Basándose en otra disposición reglamentaria, modificaron los dos primeros años de todas las carreras de las universidades estatales, que en EE.UU. son los Estudios Generales, donde se brindan las materias introductorias. Y allí eliminaron los cursos que ellos consideraban “conflictivos”, entre ellos los de Novoa.

“Crearon un programa vergonzoso donde no hay una clase que enseñe raza o género”, critica Novoa. Sociología, por ejemplo, fue eliminada porque supuestamente enseñaría conceptos que desde su punto de vista son subversivos como la justicia social, ideas de variedad, de clases”.

La profesora señala una paradoja: “Los nuevos principios educativos eran necesarios, según sus arquitectos, para repeler una amenaza comunista imaginaria y evitar que Florida se convirtiera en Cuba. En la práctica, afirma el poder del gobernante de turno para dictar el discurso oficial en el aula, el mismo principio que rige la educación en la constitución cubana”.

Las asignaturas de la argentina también sufrieron un golpe: “No me permitieron enseñar en el programa general porque me negué a adoptar el temario oficial que ellos habían decidido para mi clase en lugar del que yo había diseñado”, que había sido aprobado por comités universitarios y otras autoridades educativas, dijo Novoa.

“Mi especialización es en ciencia en el siglo XIX y muchos temas del siglo XIX son basados en el racismo científico, eso no se podía enseñar. En la clase de historia de los deportes había una unidad que era sobre género y sexualidad, que se refería específicamente a todo lo que está pasando con los atletas trans, a toda la transformación de las mujeres en el deporte. Esa unidad no se podía enseñar”.

“Hoy si yo quiero enseñar historia latinoamericana, tengo que usar el programa oficial. No puedo cambiar una coma. Cuando me ofrecieron eso dije absolutamente no, yo no voy a enseñar un programa de clase que no es mío”. Novoa cuenta que por ejemplo su clase no puede utilizar ciertos libros y tiene que incluir obligatoriamente lecturas de autores que estén dentro de la tradición de la llamada “Civilización Occidental” y también historia de EE.UU.

“La mayoría de los profesores sacó los elementos problemáticos de los programas, dejó de incluir palabras, que sabían que las iban a cuestionar. Entonces, hubo una purga: la mitad de los cursos que se toman en Florida están purgados políticamente”.

Novoa señala que, como varias materias quedaron eliminadas al principio de las carreras, los estudiantes no las conocen y en etapas posteriores estas clases se quedan con pocos alumnos y por eso las desfinancian. “De esa manera también perversamente le quitan fondos a los profesores y a los departamentos que enseñan esos cursos”, afirma.

Mientras tanto, la batalla judicial continuaba porque el estado había apelado la medida cautelar para anularla y poder aplicar plenamente la “Save Woke Act”.

Pero luego de varios años, el mes pasado Novoa obtuvo una nueva victoria en la Corte de Apelaciones del 11 circuito en Florida, que falló a su favor y ratificó el freno del juez de primera instancia. El veredicto “refuerza la conexión de la libertad académica con la Primera Enmienda, y dice que es inconstitucional que el Gobierno te diga qué enseñar y cómo”, resalta Novoa. Pero, a pesar de eso, el Estado podría elevar el caso la Corte Suprema de EE.UU., de mayoría conservadora, para una decisión final.

“Los estudios generales ya fueron copados, de todas maneras”, se lamenta la profesora, que igualmente sigue apostando a la batalla judicial.

Novoa teme que esta estrategia de control ideológico y de financiamiento en EE.UU. pueda replicarse de alguna manera en la Argentina con el presidente Javier Milei, aliado de Trump.

El libertario “introdujo en sus discursos la palabra woke, que no define, y ataca a los profesores. Me preocupa que trate de usar las mismas tácticas, ahora que la cuestión social se está poniendo difícil”, afirma Novoa, aunque resalta que en el país las universidades públicas tienen más autonomía y muchas más protecciones de libertad académica que en EE.UU.

“Creo que en general es un momento de gran fragilidad y falta de interés sobre la protección de lo que se puede hacer en una clase”, señala la profesora a nivel global. Y se lamenta: “Incluso en Estados Unidos, que tiene una Primera Enmienda muy poderosa, el estado puede apropiarse de los dos primeros años de un estudiante en Florida”.