Estados Unidos y la cuerda floja de la Justicia

Un tribunal de Washington suspendió recientemente la gigantesca obra que el presidente Donald Trump, por su cuenta, ha encarado en la Casa Blanca para dotar al edificio de un salón de baile de 8 mil metros cuadrados que albergaría a un millar de personas. Para muchos, un disparate innecesario y costoso. “El estilo Saddam Hussein”, le disparó Hillary Clinton, por los modos ostentosos del dictador iraquí, originalmente aliado de EE.UU. Los jueces no se involucraron en el proyecto, señalaron que el mandatario no tiene autorización para ese tipo de emprendimientos en un edificio federal y debe contar con la autorización del Parlamento.

Este pequeño ejemplo sobre una iniciativa de especial importancia para el estilo monárquico del presidente norteamericano, revela una actitud que se extiende en diversos niveles de la Justicia para defender los límites constitucionales al Ejecutivo. Sucedió antes con la orden para retirar el nombre del mandatario del Centro Kennedy, este jueves con el rechazo a la demanda por cierto absurda del gobierno por antisemitismo contra Harvard o en febrero cuando la Corte Suprema, de mayoría conservadora, la misma que escudó al mandatario y su familia de cualquier proceso de corrupción, anuló los amplios aranceles ordenados por el jefe de Estado, que son impuestos internos, un atributo también del Congreso.

En la política oscurantista de persecución a los inmigrantes del gobierno norteamericano es donde aparece con más claridad la presencia de la rebelión en los tribunales. Según un informe del portal Político esta semana, jueces federales han dictaminado en 16.000 ocasiones durante el último año que las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la máquina de cacería de los extranjeros sin papeles, o aún con ellos en varios casos, son ilegales.

Dos tercios de esos fallos cuestionan la negativa de esa polémica organización de seguridad a permitir que los inmigrantes detenidos soliciten la libertad bajo fianza. En un memorando de dos páginas emitido el 8 de julio de 2025, el ICE revocó una política de larga data que permitía a los inmigrantes arrestados dentro de EE.UU. solicitar ese derecho. Ahora, personas que llevan años viviendo en el país son tratadas como si acabaran de cruzar la frontera y estuvieran “buscando” ingresar, sin importar dónde fueran detenidas ni cuántos años hacía que habían llegado.

El asesor presidencial Stephen Miller, el autor de estas políticas integristas, llegó a anunciar que el gobierno analizó suspender el recurso de hábeas corpus para personas indocumentadas, alegando que Estados Unidos se encontraba bajo una “invasión”. Son esos excesos lo que intentan impedir los magistrados. Aquella ofensiva eliminaría las garantías procesales fundamentales consagradas en la Declaración de Derechos y se permitiría el encarcelamiento sin revisión judicial, que es lo que hacen las dictaduras.

Por cierto la suspensión del mecanismo de hábeas corpus no concierne al Poder Ejecutivo, es otra facultad del Congreso. Al mismo tiempo los jueces han castigado al gobierno por violar las normas sobre la detención de mujeres embarazadas o lactantes, emitir órdenes para justificar arrestos retroactivamente, someter a los detenidos a audiencias de fianza inconstitucionales, y deportar cada vez más personas en contravención de órdenes judiciales.

Trump actúa de un modo claro en contra de los equilibrios republicanos, en gran medida por su desprecio al liberalismo que los instauró, pero también por una concepción del poder que reconoce rasgos familiares en ciertas fronteras latinoamericanas. Es su palabra contra los límites. Ocurrió recientemente un episodio casi cómico con el enorme estanque de Washington frente al monumento a Lincoln. Trump ordenó limpiarlo y pintarlo a un costo de 14 millones de dólares, pero rápidamente volvió a deteriorarse, el agua se llenó de algas y tomó un intenso y espeso color verde debido a defectos de la reparación y problemas en las cañerías.

Trump ignoró la evidencia y culpó públicamente al ex atleta olímpico David Hearn sin que se sepa bien la razón. La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, de conocida cercanía con el mandatario, retiró sin embargo los cargos y aclaró que la obra estaba mal hecha. Pero Trump siguió exclamando contra Hearn.

En nuestra región hemos tenido también liderazgos populistas que ordenaron por televisión el arresto de jueces o simples ciudadanos porque lo decía el dueño del poder. La Venezuela chavista ha sido un ejemplo nutrido de esas barbaries. En ese sentido, el propio Trump afirmó amenazante el año pasado que había que apuntar a los magistrados. Su vicepresidente James Vance, a coro, enarboló el fallido de que “los jueces no tienen permitido controlar el poder legítimo del Ejecutivo”. La BBC recordaba que este funcionario, que pretende ser el sucesor del magnate, en un podcast en 2021 había señalado que si Trump volvía al poder debería negarse a cumplir cualquier orden judicial que le impidiera, por ejemplo, despedir empleados públicos.

Detrás de toda esta construcción de cierto autoritarismo explícito, se alzan diversas batallas de fondo, algunas de ellas con la capacidad de transformar o disolver valores históricos de Estados Unidos. De muy especial importancia, hace pocos días Trump logró que el Senado aprobara la designación de su abogado personal, Todd Blanche, como nuevo ministro de Justicia (fiscal general). Es quien lo defendió en el caso del pago por silencio a la estrella porno Stormy Daniel, amante de presidente, por el cual fue declarado culpable de una chorrera de 34 cargos.

La tradición indica que ese importante cargo lo ejerzan figuras idealmente independientes para evitar que la política se inmiscuya en los asuntos judiciales. No siempre ha sido así, pero desde el Watergate es verificable que los presidentes se colocaron al margen de la cartera. Trump, en cambio, estructuró un alineamiento vertical. Lo hace por diversas razones ligadas a su visión del control: evitar cualquier filtración incómoda de los archivos Epstein; usarlo como ariete contra la rebelión de los tribunales inferiores, pero de modo estratégico, según diversos analistas (The Washington Post en su serie The Attack, el celebre Barton Gellman y The Economist entre otros), para anudar una garantía ante cualquier maniobra del gobernante en las legislativas de noviembre, para las cuales camina con un apoyo rudimentario. Dicho de otro modo, Trump puede poner en duda victorias de la oposición y usar a su ministerio de Justicia para confrontarlas, abrir investigaciones penales e imponer demandas.

Quizá por ello el presidente aparenta tranquilidad pese a la gravedad de ese examen en las urnas. “Yo siempre gano”, ha dicho. También, últimamente respecto a sus desencuentros con la mayoría conservadora del Supremo. El Tribunal acaba de volver a desafiarlo al rechazar su decreto ley contra la ciudadanía automática estadounidense a los hijos de inmigrantes. Trump, recordemos de paso, es nieto de un alemán e hijo de una escocesa, ambos migrantes, al igual que su esposa eslovena. Cuestiones.

Ese fallo fue considerado uno de los golpes más serios a las posiciones extremas xenófobas del mandatario. Pero las cosas, como en el caso de Blanch, pueden ser más de lo que aparentan. En la decisión de la Corte hubo una novedad inquietante. El Tribunal votó en contra pero lo hizo modificando su percepción de lo que es legalmente posible y, en la letra pequeña, se adaptó a la visión expansiva del mandatario sobre sus poderes.

Cuatro jueces conservadores desafiaron de ese modo el principio arraigado, consagrado en la 14.ª enmienda de la Constitución, de que el nacimiento confiere la ciudadanía. El magistrado Brett Kavanaugh, en particular, sostuvo en su fallo que el intento de Trump de negarlo no violaba la Constitución, sino una ley federal que puede ser modificada con otra norma. “(Esto) sugiere que la República pende de un hilo”, comentó Laurence Tribe, profesor emérito de Derecho en la Universidad de Harvard. Un hilo que parece muy delgado.