tras atacar lanchas narco en el Caribe, EE.UU. amplía su campaña letal a tierra en Latinoamérica

Cientos de personas han muerto en el año transcurrido desde que el ejército de Estados Unidos comenzó a bombardear embarcaciones a las que acusó de transportar drogas frente a las costas caribeñas y del Pacífico de América Latina. Ahora, el gobierno de Trump afirma que busca extender esa campaña letal a tierra, al impulsar acuerdos que pondrían soldados estadounidenses sobre el terreno en países aliados de toda la región.

El secretario de Defensa del presidente Donald Trump, Pete Hegseth, anunció la semana pasada durante una visita a Panamá que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio, después de Ecuador, que en marzo inició misiones similares con Estados Unidos.

Guatemala, sin embargo, ha negado haber alcanzado un acuerdo de ese tipo.

Será “como lo que vieron con los ataques contra las lanchas del narcotráfico”, afirmó Hegseth durante un ejercicio militar en la selva de Panamá. “El mismo efecto en tierra. Y por eso estamos trabajando con Ecuador. Estamos trabajando con Colombia. Estamos trabajando con socios para llevar la lucha a las (organizaciones designadas como terroristas) en tierra”.

La ampliación marca una nueva fase en la campaña del gobierno de Trump para presionar a gobiernos de toda América Latina a alinearse con sus prioridades de seguridad y afirmar lo que denomina “dominancia estadounidense sobre el hemisferio occidental”.

Los votantes de toda la región respaldan cada vez más a líderes alineados con Trump, lo que le da a Washington socios más dispuestos. Pero críticos advierten que la expansión de la campaña militar de Estados Unidos eleva el riesgo de víctimas civiles y de una reacción contra Estados Unidos que podría perdurar más allá del gobierno republicano.

“Lo que está ocurriendo es un intento de legitimar un mayor uso del ejército de Estados Unidos en la región”, señaló Michael Shifter, experto en América Latina del centro de estudios Inter-American Dialogue. “Proyecta poder, demuestra superioridad militar y permite que Washington imponga su agenda. Esto no es cooperación; es, obviamente, una relación muy asimétrica”.

El ejército de Estados Unidos ha operado en América Latina durante generaciones, suministrando a aliados armas, inteligencia y entrenamiento para combatir el narcotráfico, mientras deja un legado problemático de apoyo a golpes militares y dictaduras.

Pero desde que Trump regresó al poder en enero de 2025, Washington ha adoptado su enfoque más intervencionista hacia la región en décadas.

Su gobierno ha designado a 20 grupos criminales latinoamericanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, envió fuerzas de Estados Unidos a Venezuela para capturar a su presidente e involucró a agentes de la CIA en operativos contra laboratorios de droga en México.

Ha matado a más de 200 personas en más de 60 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, ofreciendo poca evidencia de que los objetivos fueran “narcoterroristas” y generando dudas sobre la legalidad de los ataques.

Pero las operaciones de combate continuadas de Estados Unidos junto a fuerzas locales serían “nuevas y diferentes”, indicó William LeoGrande, especialista en América Latina de American University, al poner a prueba sensibilidades arraigadas sobre la soberanía nacional y la presencia de tropas de Estados Unidos.

Hegseth dio pocos detalles sobre cómo serían las operaciones conjuntas con Colombia, Guatemala y Honduras. Pero en Colombia, donde Abelardo de la Espriella —respaldado por Trump— asumió el cargo este mes, planteó la posibilidad de que fuerzas estadounidenses se sumen a ataques contra grupos armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, el último gran grupo guerrillero de Colombia. Hegseth dijo que de la Espriella había solicitado una mayor participación militar de Estados Unidos.

“En cualquier lugar donde trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, son un objetivo igual que ISIS o Al Qaeda”, sostuvo Hegseth, al equiparar a los narcotraficantes con grupos extremistas islámicos que dominaron durante décadas las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos.

De la Espriella prometió el sábado, tras un ataque con dron del ELN contra tropas, que los rebeldes pagarían un alto precio.

Ecuador se ha convertido en el caso más claro de participación militar directa de Estados Unidos, al lanzar redadas conjuntas con Washington pese a que los votantes rechazaron abrumadoramente las bases militares extranjeras en un referendo de noviembre de 2025. Una investigación de The New York Times halló que un ataque contra un supuesto laboratorio de drogas en marzo destruyó, en cambio, una finca ganadera.

El impulso para extender acuerdos de ese tipo ha ganado más tracción entre los aliados ideológicos de Trump en la región: líderes conservadores elegidos en los últimos meses con promesas de ofensivas agresivas contra el crimen.

Guatemala destaca como una excepción. Su gobierno progresista ha trabajado estrechamente con Washington en materia de seguridad pese a diferencias políticas. Pero el presidente, Bernardo Arévalo, ha negado haber acordado operaciones antidrogas conjuntas, al afirmar que serían ilegales sin aprobación del Congreso.

Honduras, Colombia y Ecuador no respondieron a solicitudes de comentarios sobre las declaraciones de Hegseth.

Un caso llamativo fuera de la nueva alianza antidrogas de Estados Unidos es México, un importante origen y punto de tránsito del fentanilo y otras drogas que ingresan a Estados Unidos. La presidenta progresista Claudia Sheinbaum ha cooperado estrechamente con Washington en seguridad, pero ha resistido la creciente presión para que el ejército de Estados Unidos tenga un papel en la lucha contra los cárteles en territorio mexicano.

“En última instancia, Estados Unidos tendrá que definir qué significa ‘operaciones conjuntas’ en cada uno de estos países. Puede descubrir bastante rápido que esto es algo con lo que la mayoría de los gobiernos —incluso gobiernos de derecha— se sienten bastante incómodos”, expresó Adam Isacson, analista de defensa de la Washington Office on Latin America.

Observadores cuestionan si un enfoque más militarizado produciría mejoras de seguridad duraderas. Shifter dijo que la campaña podría servir en parte como una demostración de fuerza, apoyándose en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, mientras el gobierno de Trump busca compensar reveses de política exterior en otros frentes, incluido Oriente Medio.

Otros advierten que la estrategia conlleva el riesgo de víctimas civiles, particularmente en Colombia, donde grupos armados operan entre poblaciones civiles y a menudo funcionan como autoridades de facto en zonas fuera del alcance del Estado. En lugar de hacer retroceder a esos grupos, los ataques militares tienen más probabilidades de obligarlos a adaptarse, afirmó Jeremy McDermott, codirector de la organización investigativa InSight Crime, con sede en Colombia.

“Estados Unidos bombardea un campamento del ELN en Colombia o en Venezuela, ¿qué es lo primero que va a hacer el ELN? Van a desmantelar todos sus campamentos y se van a mover a las aldeas y a los pueblos”, explicó.

A largo plazo, dicen expertos, una participación militar más profunda de Estados Unidos podría poner a prueba hasta dónde están dispuestos a llegar los votantes al priorizar la seguridad sobre la soberanía, lo que potencialmente limitaría incluso a los aliados más cercanos de Trump.

“Todos estos presidentes, sin importar cuán de derecha sean, enfrentan presión para hacer algo sobre la seguridad y para dar una señal de que persiguen a los ‘malos’ que hacen que la gente se sienta insegura. Hay un amplio acuerdo en eso”, comentó Isacson. “Pero también saben que sólo pueden ceder soberanía hasta cierto punto antes de que la opinión pública empiece a volverse en su contra”.