A orillas del fronterizo río Mamoré, decenas de viajantes suben y bajan de lanchas sin detenerse en el control migratorio de Guayaramerín, una de las puertas de entrada de las mafias brasileñas que expanden su violencia por Bolivia.
«Nunca nadie revisa» a los pasajeros, dice Donald Somoza, un albañil retirado de 75 años, en las cercanías del pequeño puerto amazónico que vive del comercio con Brasil.
La pequeña ciudad de 40.000 habitantes, con pistas de polvo rojizo que contrasta con el verdor de la selva, parece calma durante el intenso calor del día. Pero los lugareños denuncian una creciente inseguridad.
Según el gobierno de Rodrigo Paz, Guayaramerín, como otras localidades fronterizas de Bolivia, se ha convertido en «refugio» del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), grupos armados brasileños enfrentados por el control de corredores para traficar cocaína hacia el Atlántico.
Una docena de asesinatos atribuida a estas bandas sorprendió en las últimas semanas al país, donde es inusual ver crímenes tan feroces, entre ellos la matanza de una familia, el descubrimiento de cuerpos decapitados o el homicidio de un agente policial.
Vista aérea de un parque en Guayaramerín, en la frontera entre Bolivia y Brasil. Foto: AFP Somoza asegura que fue testigo de un sonado asesinato que estremeció a la población local semanas atrás: la víctima extranjera recibió más de 80 balazos en plena plaza de armas, por un presunto ajuste de cuentas del narcotráfico.
Esto es «un fenómeno bastante nuevo en Bolivia», un «país muy seguro hasta hace unos cuantos años», explica a la AFP el investigador Joaquín Chacín, especialista en crimen organizado.
Las bandas de narcotraficantes antes trabajaban con cierta permisividad del Estado, que no los enfrentaba para evitar un brote de violencia, mientras regía entre ellas una «pax mafiosa», dice. «Y esto se ha roto de alguna forma».
Los homicidios se duplicaron
Ariana Roca, una maestra boliviana de 35 años, regresa con sus bolsas de compras tras cruzar el tranquilo río Mamoré. Llega de la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, visible desde el lado boliviano.
Ahora hay delitos más «seguido» y «a veces pasan cosas hasta en las narices de los policías», dice a la AFP.
Entre enero y septiembre de 2025, se denunciaron 774 homicidios de todo tipo, frente a los 325 del mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Gobierno.
También crece una fuerte sensación de inseguridad por asaltos armados, secuestros y otras agresiones.
El cambista de divisas Ademar Zapata, protegido del sol por una sombrilla, últimamente fue atacado dos veces por asaltantes, la última a inicios de agosto. Uno de ellos era brasileño, según las investigaciones.
El gobierno del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), acusa a sus predecesores de permitir la propagación de la criminalidad.
Según el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la gestión de Paz, en noviembre, se capturó a 17 capos de bandas delictivas internacionales.
Más policías
La semana pasada Paz lanzó en Guayaramerín un plan de seguridad para aumentar la presencia policial en las fronteras, intercambiar información de inteligencia con Brasil y capturar en ambos lados a criminales fugitivos.
Para Chacín, contingentes policiales en las fronteras pueden disuadir la violencia, pero el crimen organizado debe ser atacado en su estructura económica, hay que investigar cómo se lava el dinero y quién se enriquece.
«Hace falta un plan serio, pero no se escucha que se esté trabajando en algo así», dice.
Paz anunció además que en Guayaramerín se construirá un puente que unirá a Brasil con Bolivia, como parte de lo que será un corredor vial que llegue hasta el Pacífico, en Perú.
Muchos lugareños, como el cambista Zapata, están de acuerdo porque dinamizará el comercio, aunque también también les genera preocupación.
«Las pandillas, las mafias de robo, pueden cruzar» con más facilidad, teme Yestin Durán, una comerciante de bebidas tropicales de 31 años.
l propio jefe policial de la localidad, el coronel Johnny Rivas, lo reconoce. La violencia «va a aumentar», dice a AFP. Y «nos va a exigir que aumentemos más efectivos», agrega.
