Los equipos de rescate apenas comenzaban a evaluar el alcance de las pérdidas y la destrucción causadas por las mortales inundaciones del Himalaya la semana pasada cuando las autoridades chinas se enfrentaron a otro desafío:
las narrativas no autorizadas sobre la devastación.
Los censores eliminaron rápidamente videos y testimonios de testigos presenciales de las redes sociales.
Se advirtió a los periodistas de los medios estatales y a los influencers de las redes sociales que no informaran sobre víctimas o personas desaparecidas a menos que sus reportes coincidieran con los comunicados oficiales.
Quienes cuestionaron la cifra oficial de fallecidos recibieron «sanciones administrativas», un castigo que generalmente incluye una multa de hasta 150 dólares o hasta 10 días de prisión.
Cuando algunos medios de comunicación extranjeros señalaron el contraste en la cobertura entre el Tíbet, donde ningún periodista extranjero tiene permitido informar, y Nepal, donde los medios internacionales han podido viajar libremente, el gobierno chino calificó los informes de «especulación maliciosa«.
La represión inmediata y generalizada contra la libertad de expresión refleja dos desafíos a los que se enfrenta el Partido Comunista Chino, que controla estrictamente la información en todo el país.
Edificios dañados en una línea de lodo de más de 200 metros de altura tras el paso de un torrente de agua, lodo y hielo por el río Bhotekoshi en un valle remoto del distrito de Rasuwa, cerca de la frontera de Nepal con el Tíbet, el jueves 27 de agosto de 2026. (Atul Loke/The New York Times)La crisis ha centrado la atención en el Tíbet, una región con un historial de disturbios y protestas en torno a demandas de mayor autonomía que resultan delicadas para Beijing.
Ha afectado tanto a China como a su vecino, Nepal, donde, justo al otro lado de la frontera, decenas de periodistas han llegado para informar sobre testimonios y hablar con familias y residentes locales.
Esta diferencia ha suscitado interrogantes sobre lo que está ocurriendo en China.
“En este caso, aunque China controle la información, en Nepal se filtra mucha información”, dijo Xiao Qiang, redactor jefe de China Digital Times, una organización sin fines de lucro que recopila datos sobre censura y archiva trabajos censurados en internet en China.
“Esto hace que el gobierno chino sienta que controlar la información en torno a este evento es más difícil”.
El Tíbet, anexionado por Beijing en la década de 1950, está gobernado con mano dura y ha sido escenario de protestas, incluyendo inmolaciones de tibetanos.
Los periodistas extranjeros tienen prohibido viajar allí, salvo que sean invitados a giras oficiales estrictamente controladas y organizadas.
Los tibetanos se arriesgan a ser detenidos por hablar con la prensa.
Mientras el martes se celebraban actos conmemorativos oficiales en el condado de Gyirong, en el Tíbet, y los trabajadores continuaban despejando las carreteras y buscando cadáveres, los medios estatales chinos mostraron imágenes de médicos, policías, personal de emergencias y funcionarios de pie en señal de duelo.
“Durante las labores de rescate, los cuadros y los miembros del partido estuvieron en primera línea, asumiendo la plena responsabilidad”, escribió el Diario del Pueblo, controlado por el Estado, en un artículo de primera plana la semana pasada.
“Unidos como uno solo, afrontando todos los peligros”, continuaba el artículo.
En los reportajes apenas se han visto imágenes de los heridos, los fallecidos y sus familias.
Según cifras oficiales, las inundaciones causaron la muerte de al menos 987 personas en Nepal y 16 en el Tíbet.
Casi 4.000 personas permanecían desaparecidas en Nepal hasta el martes, según la agencia de gestión de desastres del país.
En el Tíbet, 546 personas seguían desaparecidas, según los medios estatales chinos, que no publicaron ningún nombre.
Las cifras más recientes de China corresponden al 29 de agosto.
“Las labores de búsqueda y rescate, así como las de socorro de emergencia en la zona del desastre, se están llevando a cabo de manera intensa y organizada”, declaró Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.
“La información que difundimos es pública, transparente y oportuna”.
Un día después de que las inundaciones devastaran aldeas en el Himalaya, la censura gubernamental ya estaba eliminando videos de las redes sociales.
El departamento de ciberseguridad del Ministerio de Seguridad Pública de China localizó rápidamente a quienes publicaban cifras específicas de muertos y desaparecidos, acusándolos de difundir información falsa en línea.
El departamento anunció diez casos en cinco provincias diferentes.
En uno de ellos, un usuario fue sancionado por publicar que el desastre «no era tan grave, probablemente unas 500 personas, y que los desaparecidos podrían estar todos muertos».
Esta semana, las autoridades del Tíbet emitieron un comunicado a los influencers de las redes sociales, advirtiéndoles que no acudieran a la zona del desastre ni difundieran rumores, con el fin de «apoyar los esfuerzos generales de rescate y socorro y crear conjuntamente un entorno de opinión pública en línea racional, ordenado y limpio».
Según Maya Wang, subdirectora para Asia de Human Rights Watch, los periodistas acreditados para trabajar en los medios estatales chinos recibieron la orden de no entrevistar a los supervivientes ni a sus familias.
«Lo que más temen los gobiernos autoritarios son las preguntas», afirmó.
«Su estrategia consiste en controlar otras narrativas y silenciar cualquier pregunta que inevitablemente conduzca a la exigencia de responsabilidades».
La ostentación de los esfuerzos de rescate y la omisión de las historias de muertes y heridos forman parte de la estrategia de China cuando se trata de grandes desastres.
Antecedente
La represión en el Tíbet recuerda la respuesta del gobierno a otras crisis, como el brote de COVID-19 y el devastador terremoto que azotó la provincia sureña china de Sichuan en 2008, causando miles de muertos.
En ambos casos, las autoridades actuaron con rapidez para silenciar los comentarios públicos sobre la respuesta gubernamental y castigar a quienes intentaron denunciar sus deficiencias.
Según la Campaña Internacional por el Tíbet, un grupo de defensa sin ánimo de lucro, se prevé que la verdadera magnitud de la devastación causada por las últimas inundaciones en el Tíbet sea mucho peor que la que reflejan las cifras oficiales del Estado.
China no ha especificado qué aldeas del lado tibetano se han visto afectadas.
Sin embargo, el grupo, citando fuentes sobre el terreno, indicó que entre las más afectadas se encuentran Sale, Serchung, Labi y Rizi, donde unas 300 viviendas han sido destruidas y muchas personas siguen desaparecidas.
Algunos supervivientes han sido trasladados a la ciudad de Gyirong y se encuentran bajo supervisión y estrictas medidas de seguridad, según declaró Ryan Fioresi, director ejecutivo de la Campaña Internacional por el Tíbet.
“Casi cualquier información no restringida procedente del Tíbet puede volverse políticamente delicada porque desafía el monopolio del Partido sobre la narrativa global en torno a cómo se representa y gobierna el Tíbet”, dijo Fioresi.
“Incluso durante una catástrofe humanitaria, las iniciativas de ayuda espontáneas o los informes independientes pueden demostrar que los tibetanos tienen sus propias redes, liderazgo y sentido de responsabilidad colectiva al margen de las estructuras del Partido”, añadió.
c.2026 The New York Times Company
