Europa tiene un grave problema económico en Ucrania. Kiev lleva cuatro años viviendo financieramente de las ayudas de Estados Unidos y Europa, y desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, ya sólo de la Unión Europea.
Bruselas aprobó antes del verano europeo el gran paquete económico que debía sostener las finanzas del país y el gasto en armamento en 2026 y 2027. Es un fondo de 90.000 millones de euros, con 60.000 millones destinados a armamento y 30.000 millones a sostener las finanzas del país e impedir que haga default. En ese cálculo, los 30.000 millones de euros debían cubrir, entre otras cosas, un agujero fiscal de 7.500 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros) este año. Pero entonces llegó la sorpresa.
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski habría confiado a sus aliados europeos el pasado agosto que el agujero fiscal del país no será de 7.500 millones de dólares como preveían sino de 27.000 millones de dólares. Casi 20.000 millones más de lo esperado que podrían cubrirse con el dinero de ese fondo, pero si se hace así no habría apenas dinero a partir de marzo o abril de 2027.
Ucrania justifica ese desfase porque asegura que ha tenido que comprar más armamento del previsto hasta ahora y por una reducción de sus ingresos fiscales al hundirse la exportación de grano.
Más allá de las razones, los gobiernos europeos reaccionaron con enfado. Zelenski les contó que el Ministerio de Defensa ucraniano había utilizado anticipadamente los recursos financieros que estaban presupuestados para finales de año, esencialmente en comprar drones. Según Kiev, el gasto militar habría aumentado más del 17% en los primeros meses de 2026 comparando con el mismo período de 2025.
Bruselas no se fía. Fuentes diplomáticas cuentan que la Comisión Europea quiere ver al detalle las cuentas de Ucrania antes de calcular cuánto le cuesta limpiar el agujero fiscal. Este pasado lunes, el comisario Valdis Dombrovskis, hombre fuerte de la presidenta Úrsula Von der Leyen cuando se trata de hablar de financiación, habló con el primer ministro ucraniano Serhii Koretskyi. Fue una primera toma de contacto.
Bruselas asegura que lo primero es sentarse con el FMI y con las autoridades ucranianas para entender cuál es el agujero real de las finanzas públicas ucranianas. Y que queda trabajo técnico que hacer para entender por qué Ucrania, por primera vez en cuatro años de guerra, dejó descarrillar sus situación fiscal de tal forma.
Europa no dice que no pagará, pero fuentes comunitarias cuentan que primero quiere saber qué pasó para que no vuelva a pasar. Además, el brazo ejecutivo de la Unión Europea no da por cerrada la cifra de 27.000 millones de dólares de rojo fiscal ucraniano.
La Comisión Europea, si como explican todas las fuentes, paga y no deja que Ucrania haga default, tiene dos opciones. La primera es la más sencilla: adelantar ya el dinero que estaba previsto para 2027. Es una forma de dar una patada hacia adelante y pensar que ya se negociará una solución para el año que viene.
Del total de 90.000 millones del fondo europeo para Ucrania para 2026 y 2027 se han desembolsado realmente 11.600 millones. Ucrania pide que se adelanten parte de los 45.000 millones previstos para 2027. En la reunión de ministros de Defensa del bloque del pasado 1 de septiembre varios ministros apoyaron esa idea.
Pero la solución más sencilla a corto plazo no resuelve el problema, sólo lo aplaza hasta el año que viene. Los informes del FMI aseguran que Ucrania tiene en 2026 unas necesidades globales de financiación de 55.400 millones de dólares y en 2027 de 43.400 millones. Entre 2026 y 2029 esas necesidades de financiación se elevan hasta los 140.300 millones de dólares.
El agujero fiscal ucraniano ha devuelto a los líderes europeos al debate, que parecía cerrado, de usar los más de 200.000 millones de euros de dinero ruso bloqueados en Euroclear, una empresa belga con sede al sur de Bruselas y que sirve como cámara de compensación entre más del 95% de la banca mundial.
Bélgica siempre se negó a que se usara ese dinero porque teme demandas judiciales rusas y tener que hacer frente en solitario a una multa multimillonaria.
La idea que defienden ahora algunos gobiernos europeos es que ese riesgo se reparta entre legalmente entre los 27 países miembros de la Unión Europea. El Gobierno belga mantiene por ahora su oposición y dice que es un caso cerrado.
