Brasil, elecciones y la Corte reducida a un escandaloso comité

Entre las pocas cuestiones relativamente seguras sobre las inminentes elecciones brasileñas se puede apostar a que Lula da Silva ganará la primera vuelta del 4 de octubre debido a la dispersión del voto opositor. Naturalmente no podrá evitar el balotaje veinte días después contra su principal rival, el conservador Flávio Bolsonaro. Pero esa cita inicial tiene una particular importancia.

El dato central a observar será la diferencia de votos entre los dos principales contendientes. Si los márgenes son estrechos, las posibilidades del líder del PT para reelegir y avanzar a un cuarto mandato, serán por lo menos complicadas. En el balotaje se concentrarán los votos residuales de la derecha, una etiqueta complicada en el universo político brasileño en el cual hace rato que Lula abandonó su inicial territorio de la izquierda. Pero se trata de fidelidades. De modo que la primera vuelta, una encuesta indiscutible, puede anticipar con cierta certeza quién será el próximo jefe de Estado de la potencia sudamericana.

Nada parece sin embargo despejar el panorama y no se debe descartar que esas diferencias sean mayores por encima de las paridades que detectan las encuestas, no siempre exitosas para anticipar el ánimo de los votantes. El enigma nace de una tormenta perfecta que se ha precipitado sobre estas elecciones que, anticipadamente, parecen estar dirimiéndose en la Corte Suprema con un escandaloso revoleo de expedientes sobre casos de corrupción que compromete a ambos bandos y agota a los electores.

Un emergente de la altura del disgusto es el crecimiento electoral del psiquiatra y escritor independiente, Augusto Cury, un centrista, sin historia política, que se posicionó en un tercer lugar con un discurso crítico de la política tradicional. No ataca al sistema como es la moda, sino las deformaciones de la política y al consenso que admite esos vicios como parte de una realidad inmutable. Nadie sabe hacia dónde irán los votos de este hombre o si directamente no visitarán las urnas.

La sombra principal en este episodio proviene del colapso fraudulento del banco Master que generó una de las mayores estafas de la historia de Brasil e involucra a un enorme universo de la política nacional. La quiebra dejó un tendal de víctimas financieras y el tamaño de las pérdidas ronda los 11 mil millones de dólares. El banquero Daniel Vorcaro, ya bajo arresto, mientras operaba esas maniobras, mantenía una relación de íntima amistad con el senador Bolsonaro, a quien le brindó un crédito abultado para un documental, Dark Horse, sobre la vida de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro. Pero también, tenía vínculos muy amplios con el emblemático juez Alexandre de Moraes, que lideró el juicio y codena por golpismo contra aquel mandatario.

La difusión de la amistad del candidato conservador con el banquero, que se confirmó con la publicación de diálogos comprometedores, enfureció en su momento a gran parte de la dirigencia de la derecha tradicional brasileña, que siempre receló de la decisión del ex mandatario de designar a su hijo como candidato. Como consecuencia, el apoyo electoral para el postulante se deprimió y exhibió a Lula con amplia delantera y la convicción en el oficialismo de que la elección estaba definida.

Ese giro acaba de ser revertido por la decisión de un juez de la Corte, André Luiz de Almeida Mendonça, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, quien dirige el proceso judicial del caso Master. Ese cortesano liberó sorpresivamente el secreto de sumario de un expediente que revela la estrecha relación del juez De Moraes con el banquero preso. Una novedad conmocionante y que apunta a las urnas. Para el oficialismo, la figura de este magistrado, quien durante años actuó como un dique de contención frente a la ultraderecha, pasó de pronto de ser un baluarte institucional a un lastre sobre las posibilidades electorales de Lula.

Según ese expediente, el banquero llamó a un teléfono del magistrado para pedirle consejo sobre si debía dejar el país o si sería arrestado. Se sabe ahora que manejaba información detallada de las acciones en su contra. Más comprometedor aún, se reveló que el banco Master tenía una cuenta millonaria en el estudio de abogados que dirige la esposa del polémico juez. De Moraes se defendió asegurando que la contratación de ese bufete fue estrictamente profesional, sin relación alguna con sus funciones en el Tribunal, y denunció una campaña de desprestigio orquestada por sectores afines al bolsonarismo para anular los procesos judiciales por el intento de golpe de Estado. Palabras, el daño ya era claro y el gobierno de Lula se apresuró a retirarle la mano.

Acorralado, el juez arremetió contra su colega bolsonarista con informes de investigaciones policiales que constarían que Mendonça buscó fabricar imputaciones por motivos políticos y personales en su contra y del presidente del Senado, el derechista Davi Alcolumbre. En este último caso obedecería a que el legislador, vinculado por necesidades políticas con la administración petista (necesita ese apoyo para renovar su banca), tiene poder para avanzar sobre los miembros del Tribunal. El clan Bolsonaro le demanda la cabeza de Moraes, todo un tributo electoral. Alcolumbre, sin embargo, resiste y no parece estar dispuesto a hacer nada antes de las elecciones.

La crisis se agudizó en las últimas horas de esta semana, cuando Mendonça, tomó dos decisiones aparentemente contradictorias. La más resonante consistió en la revelación de que Flávio Bolsonaro está bajo investigación desde julio por lavado de dinero y corrupción, cosa que los brasileños desconocían. La novedad repone en el escenario y de modo visible aquel caso que parecía disolverse detrás de las noticias sobre el affaire De Moraes.

Ese paso fue bajo presión como consecuencia de una serie de medidas con sentido opuesto que adoptó este juez. Excediendo sus atribuciones, despidió al jefe de la Policía y al titular de Inteligencia de esa fuerza, medida celebrada por el clan bolsonarista. Una de las razones, según los murmullos en la Corte, sería que estos investigadores fueron quienes detectaron las conversaciones comprometedoras entre el candidato Bolsonaro y el banquero.

Aparentemente fue demasiado. A las pocas horas, en medio de las protestas de los jefes policiales que amenazaron con una renuncia en masa y de la presión, se afirma, del presidente del tribunal, Edson Fachin, otro cortesano, Flavio Dino, ex ministro de Justicia de Lula y quien lo proyectó al Tribunal, repuso a los jefes policiales en sus cargos. Ordenó, además, una oleada de allanamientos sobre el financiamiento oscuro de aquel documental. Todas señales al magistrado bolsonarista a quien se le reclamó abrir completamente el expediente del escándalo Master, con un previsible golpe a De Moraes, pero también al postulante opositor.

Lula, entre tanto, decidió hacerse cargo del problema después de que sus colaboradores le aconsejaron buscar métodos para aislar a Mendonça con la convicción de que el juez opera para socavar su candidatura y proteger al rival bolsonarista. No es muy claro de qué manera se moverá esa gestión. Este juez no solo tiene a su cargo el expediente del caso Master, también las graves investigaciones por tráfico de influencias del hijo mayor del presidente, Fabio Luís, más conocido como Lulinha. Habrá novedades.

Es improbable, por lo tanto, que esta guerra electoral en la Corte se modere. El gobierno sabe que no es el territorio apropiado para su campaña. El escándalo lo cubre todo y estaciona en el peor de los rincones a toda la clase política. La corrupción, le dice un diplomático brasileño a esta columna, tiene una característica, «sus efectos se agravan cuando la economía se complica«. Brasil tiene muy buenos números macro, pero en el llano la canasta familiar está cara, como ha reconocido el propio Lula, y es mucha la gente de la clase media, central en la elección, que se endeuda -y se enoja- para pagar sus gastos inmediatos. El otro Brasil.