La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, será juzgada por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. El juez Juan Carlos Peinado firmó este lunes el último papel necesario para cerrar el proceso de instrucción y llevar a Gómez al banquillo sin posibilidad de recurrir la medida. El magistrado puso fin así a dos años de batalla judicial.
Peinado, quien supervisó la investigación penal, encontró «indicios razonables de conducta delictiva», según una resolución emitida el lunes. Estos indicios son lo suficientemente sólidos como para que un jurado deba decidir si se cometieron delitos, afirmó el juez.
El escándalo que involucra a Gómez ha sacudido la política española durante más de dos años. El gobierno y Sánchez han negado repetidamente cualquier irregularidad y han afirmado que la investigación forma parte de un ataque político más amplio contra él y su administración.
El presidente y su Partido Socialista se enfrentan a crecientes problemas, con una serie de investigaciones penales que minan su popularidad entre los votantes.
El hermano de Sánchez, David, fue inhabilitado recientemente para ejercer cargos públicos durante nueve años tras un caso aparte, en el que fue declarado culpable de «mala conducta administrativa».
Uno de los antiguos colaboradores más cercanos de Sánchez ha sido declarado culpable de corrupción, otro enfrenta cargos penales y el ex primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero, mentor político del presidente, está siendo investigado por soborno.
Se prevé que Sánchez se enfrente a elecciones a mediados de 2027 y es poco probable que los problemas legales de su esposa provoquen una dimisión anticipada. Según la normativa parlamentaria española, los partidos de la oposición deben unirse en torno a un candidato alternativo para presentar una moción de censura, lo que dificulta la destitución de un presidente del gobierno en ejercicio, incluso cuando ya no cuenta con la mayoría.
El fiscal había solicitado la absolución de Gómez. Según la ley española, el juez instructor no forma parte del juicio.
La mujer del jefe del gobierno, según la acusación, se habría aprovechado de su posición de primera dama para beneficiarse en su carrera profesional. Impulsada por una denuncia de una organización conservadora que aportó como pruebas recortes periodísticos, la investigación a Gómez se centró en la cátedra que co-dirigía en un máster de la Universidad Complutense de Madrid.
Por la acusación de malversación, el juez Peinado también investiga a su asistente Cristina Alvarez, quien fue contratada con dinero del Estado y habría realizado gestiones para la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez.
Con información de Bloomberg
