la investigación sobre la red mundial tejida por EE.UU. para organizar expulsiones masivas de inmigrantes

En Irán, Arsaalan Saleh Fard sentía cómo el cerco de la represión se cerraba a su alrededor. Tras las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022, tras ser detenida por no llevar el velo conforme a las normas, el joven había difundido en internet consignas y textos de resistencia. Además, se había convertido al cristianismo.

Desde hacía poco, Arsaalan sabía que era objeto de una orden de arresto. Por ello, huyó de su país con la esperanza de encontrar refugio en Estados Unidos. En febrero de 2025, tras un largo periplo que comenzó en Venezuela, el joven cruzó la frontera mexicana cerca de San Diego y se entregó a las autoridades estadounidenses para solicitar asilo. Inmediatamente, fue puesto en detención.

Diez días después, Arsaalan Saleh Fard fue embarcado en un vuelo con destino a un país que no conocía. Con 25 años, el joven formó parte de los 299 migrantes expulsados hacia Panamá por Estados Unidos en tres vuelos organizados semanas después de la toma de posesión de Donald Trump, en enero de 2025. Ninguno de ellos era panameño, ninguno tenía vínculos con este pequeño país centroamericano.

Desde México hasta Eswatini, pasando por Panamá, más de 25.000 personas han sido expulsadas por Estados Unidos, no hacia sus países de origen, sino hacia países terceros. RFI y otros 25 medios de comunicación internacionales llevaron adelante durante meses, una profunda investigación, coordinada por la red Forbidden Stories titulada “The Deportation Project: Revelaciones sobre las expulsiones masivas de la administración Trump”.

Aquellos traslados hacia Panamá constituyen una de las primeras manifestaciones masivas de la nueva estrategia migratoria implementada por el segundo gobierno de Donald Trump.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026, al menos 25.447 personas fueron enviadas desde Estados Unidos a 28 países terceros, Según datos verificados por Forbidden Stories.

Durante este período se lograron identificar al menos 105 vuelos. Sin embargo, el registro es bastante incompleto. Algunos países, como Ecuador, reciben de manera habitual vuelos de deportación con sus propios ciudadanos, lo que dificulta la identificación de los pocos pasajeros de otras nacionalidades que puedan estar incluidos en esos mismos vuelos.

Además, en el caso de México, que ha recibido a la mayoría de las personas expulsadas, los traslados se realizan principalmente por autobús, lo que complica aún más su documentación.

A través de una serie de reportajes, RFI investigó en detalle cómo este sistema logró extenderse incluso al continente africano.

Durante su segunda campaña presidencial, Trump prometió «la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos». Su administración se fijó como meta alcanzar un millón de expulsiones en un año. La estrategia de recurrir a países terceros se convirtió en una de las herramientas clave para hacer realidad esta política de deportaciones masivas.

En febrero de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) ordenó a sus agentes evaluar de manera sistemática la posibilidad de deportar a países terceros a las personas que no pudieran ser expulsadas a su nación de origen debido a los riesgos que enfrentaban.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de EE.UU., cuya misión histórica era facilitar la instalación de refugiados en el país, se reestructuró y creó la Oficina de Repatriación (Office of Remigration, en inglés) un organismo encargado de negociar acuerdos -más o menos secretos- con gobiernos extranjeros. Estas negociaciones se basaron en incentivos económicos y presiones políticas.

En menos de dos años, la administración Trump logró establecer una red global de países dispuestos a recibir a personas expulsadas, incluso si no eran sus ciudadanos. Este sistema abarcó desde América Latina hasta África y Asia Central, pasando por las islas del Caribe. Según documentos internos obtenidos por The Washington Post, se destinaron al menos 410 millones de dólares para facilitar estos acuerdos.

Aunque México concentró la mayoría de los traslados, con alrededor de 20.000 personas recibidas, algunos migrantes fueron enviados a otras naciones de América Latina, África e incluso pequeñas islas del Caribe. En muchos casos sin vínculos previos con esos territorios.

Guatemala recibió a 2.981. En África, 34 personas, entre ellas vietnamitas y laosianas, acabaron encarceladas en la pequeña monarquía de Eswatini, otras 63, incluyendo cubanos y brasileños, fueron enviadas a Guinea Ecuatorial. En algunos estados del Caribe, los traslados se contaron con los dedos de una mano: Santa Lucía, por ejemplo, acogió a un primer grupo de seis personas de cinco nacionalidades diferentes (Cuba, Kirguistán, Papúa Nueva Guinea, Jordania e Indonesia).

Al 31 de agosto pasado, 28 países ya habían recibido efectivamente a personas de otras nacionalidades, aunque al menos 35 Estados habían cerrado acuerdos con Estados Unidos. La red sigue expandiéndose: el 4 de septiembre, Guyana recibió por primera vez a seis ciudadanos cubanos y afganos. En este sistema, México representa un caso excepcional: no se ha hecho público ningún acuerdo formal, pero en la práctica existe un entendimiento.

«Me siento completamente perdido», confesaba Arsaalan Saleh Fard. Aunque cerca de dos tercios de los migrantes que llegaron a Panamá aceptaron ser repatriados a sus países de origen a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 112 personas que declararon temer persecuciones no pudieron ser devueltas y quedaron varadas en el país.

Durante dieciocho meses, el joven sobrevivió como pudo, sin ayuda alguna, en un limbo: en un país donde no tiene derecho a trabajar y cuya lengua no habla. Tuvo que trabajar en la economía informal para costearse sus inyecciones de insulina. Su vida está en pausa. Hasta que, finalmente, pueda marcharse de nuevo, esta vez a México.