Unas coordenadas llevan a un punto preciso de la cordillera. Allí, donde una empresa declaró haber encontrado mineralización, llegan los inspectores de la Dirección Técnica Geológica Minera del Ministerio de Minería de San Juan para verificar que la información presentada en los expedientes coincida con lo que existe en el terreno. Ese trabajo, alejado de los anuncios de inversión y de los resultados de exploración, forma parte de las tareas de fiscalización que realiza la provincia sobre la actividad minera.
Cuando los geólogos salen a la cordillera no van a buscar nuevos descubrimientos. Su función es verificar que las empresas estén ejecutando en terreno los trabajos que informan en sus expedientes. Perforaciones, toma de muestras, planes de inversión, servidumbres o proyectos que buscan volver a la actividad forman parte de los controles que se realizan durante todo el año.
Desde el 15 de enero hasta la fecha, el área llevó adelante 20 inspecciones. La cifra no representa únicamente 20 derechos mineros ni 20 expedientes. Una misma salida puede extenderse durante varios días y permitir la revisión de numerosos trámites. Según precisaron desde Geología, este año ya se controlaron más de 100 expedientes.
Una parte importante de ese trabajo está vinculada con los artículos 217 y 225 del Código de Minería. El primero regula el Plan y Monto de Inversiones que deben presentar los titulares de derechos mineros. El segundo corresponde a los planes de activación o reactivación de propiedades que permanecieron inactivas durante varios años.
Lo que analiza Geología no es cuánto dinero invierte una empresa, sino si las tareas previstas son compatibles con la etapa en la que se encuentra el proyecto. Mientras un prospecto inicial puede justificar trabajos de prospección, geoquímica o geofísica, un proyecto más avanzado debería mostrar perforaciones, modelos geológicos y estudios orientados a la definición de recursos minerales.
Del expediente al campo
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Uno de los controles más relevantes corresponde a las labores legales. Allí los técnicos deben constatar que la mineralización denunciada exista efectivamente en el lugar informado por la empresa.
Para esas verificaciones trabajan junto con Catastro Minero. Con las coordenadas del expediente recorren el área y revisan perforaciones, canaletas, frentes de excavación, testigos de sondaje u otras evidencias geológicas que respalden la presentación realizada por la compañía.
Las inspecciones también alcanzan a servidumbres de caminos, puentes y campamentos, controles vinculados a fianzas mineras y relevamientos en canteras de áridos, bentonita y otros minerales industriales.
“La función de Geología es verificar el correcto cumplimiento de la ley. Tenemos que comprobar que las cosas se hagan según la normativa vigente”, explicó Romina Gómez, geóloga al frente de la Dirección Técnica Geológica Minera. Esa tarea también incluye observaciones geológicas y ambientales que, cuando corresponde, son derivadas a otras áreas con facultades específicas de control.
El trabajo se desarrolla en un contexto de fuerte actividad exploratoria y de expectativa por el avance de los grandes proyectos de cobre. Mientras San Juan busca consolidar inversiones y ampliar su desarrollo minero, el control estatal aparece como una herramienta necesaria para acompañar ese proceso. La premisa es que el crecimiento del sector esté respaldado por reglas claras y verificaciones técnicas que permitan corroborar en el terreno lo que figura en los expedientes.
Las recorridas también dejan información que va más allá de cada control puntual. Durante las inspecciones se realizan observaciones geológicas, se verifican muestras y se generan registros que contribuyen al conocimiento geológico de la provincia. Es una tarea poco visible para el público, pero forma parte de la estructura de control sobre la que se apoya una de las actividades productivas más importantes de San Juan.
