Una mujer octogenaria de Madrid, cuyo desalojo causó una ola de protestas en España, podrá volver a su vivienda tras llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble, según informó el lunes su abogada.
«Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda», declaró a periodistas Beatriz Duro, abogada de Maricarmen Abascal, desalojada del apartamento donde vivió siete décadas y convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España.
Maricarmen fue desalojada de su vivienda el 23 de septiembre por una orden judicial y después de que la empresa de alquileres Urbagestión comprara su apartamento en 2018. La compañía quiso subirle el alquiler por encima de su pensión, y después de tres intentos para desahuciarla, al cuarto lo consiguió.
El acuerdo alcanzado ahora queda pendiente de que la propia Maricarmen lo ratifique, indicaron fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que ha actuado como mediador.
Esta mujer fue desahuciada del domicilio del céntrico barrio del Retiro de Madrid en el que llevaba viviendo los últimos 70 años por no poder pagar la subida de alquiler que le pedía la empresa que compró su piso.
Pagaba 500 euros de alquiler (heredado de un contrato de renta antigua) y le pedían ahora 1.650, cifra a la que no podía hacer frente con su pensión de 1.300 euros.
El caso de esta mujer mayor, que está ingresada en un hospital público desde que la desahuciaron de su casa de toda la vida, se convirtió en la gota que colmó el vaso del descontento ciudadano por el problema de la vivienda en España y desató una nueva tormenta política en vísperas del debate en el Parlamento de una iniciativa legislativa sobre alquileres para la que el Gobierno socialista aún no tiene apoyos suficientes.
El sábado decenas de miles de personas salieron a las calles en España en apoyo a Maricarmen y para protestar contra el mercado de la vivienda, y varios centenares se quedaron acampando en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, donde ya en 2011 se vivió un episodio similar para pedir el fin del bipartidismo en España y protestar contra la crisis.
Los cientos de acampados que siguen en esta plaza desde el sábado, organizados por el Sindicato de Inquilinas, esperan que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez apruebe mañana el real decreto ‘Maricarmen’ que debe incluir, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler, aunque las negociaciones actuales no parecen indicar que vaya a ser así.
Para lograr la convalidación en el Parlamento español de este paquete de medidas urgentes, el Gobierno deberá conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas, algo que por el momento no tiene asegurado ni siquiera por parte de su propio socio de gobierno, Sumar, que no descarta un «plantón» si el texto no va «íntegramente» -con sus exigencias- mañana.
La rama socialista del Gobierno subrayó esta mañana que estaba «afanándose» para aprobar un decreto «ambicioso y transversal» que incluya una batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos.
Entre ellas se encuentran la protección ante los desahucios, la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre, la estabilización de los contratos de alquiler, regular el de temporada, impuesto sobre el valor añadido para los pisos turísticos o bonificaciones fiscales para inquilinos o para la compra de la primera vivienda.
Aunque el texto no incluirá la renovación automática de los contratos de alquiler -como piden los manifestantes y el Sindicato de Inquilinas– para que los arrendadores no puedan realizar subidas no reguladas del alquiler al fin de un contrato.
