por qué al Congreso de Brasil le importa poco quién gane la presidencia

Brasil se encuentra en extremo polarizado con vistas a las inminentes elecciones presidenciales, pero ese fenómeno no se registra del mismo modo en el Congreso.

El Centrão, el principal y más calculador bloque del Parlamento, que cuenta hoy con la mitad de las bancas, ha liberado a sus miembros para que voten según prefieran. Al Legislativo parece importarle poco quién llegue a la presidencia, seguro de que mantendrá un poder desmesurado de cogobierno.

Esos privilegios incluyen una cuota secreta del presupuesto nacional, atributo inexistente en otros países y sobre el cual no se sabe en qué lo utilizan; también es secreto. En las elecciones se renuevan 513 escaños de Diputados y dos tercios del Senado. Pero no dudan de que serán reelectos y en las mismas condiciones.

En Brasil, no solo el Legislativo, sino también la Corte Suprema ha ganado un espacio de decisión que desborda al Ejecutivo. En el caso particular del Parlamento, su influencia se multiplicó a niveles sin precedentes durante el pasado gobierno del populista Jair Bolsonaro, quien fue el autor de la decisión del beneficio presupuestario.

La razón fue bien pedestre. El polémico mandatario, padre del actual candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, buscó de esa manera blindarse frente a cualquier intento de destitución como consecuencia de su desastrosa gestión de la pandemia de COVID, a la que desdeñó y llamó ligeramente como “gripecita”.

Se calcula que unos 700 mil brasileños murieron en gran medida por el desdén gubernamental hacia la enfermedad. Con ese premio, los legisladores brasileños avanzaron sobre el Ejecutivo y controlan el 25% del gasto discrecional del presupuesto federal, frente al 2% que tenían en 2015.

Los temores del mandatario se fundaban en que la institución del impeachment en Brasil ha tenido una intensidad especial: ha volteado a dos mandatarios, Fernando Collor de Mello en 1992 y la petista Dilma Rousseff en agosto de 2016.

En este último caso, los analistas recuerdan que ese derribo no obedeció a la crisis social, política y económica que la mandataria profundizó, sino porque los legisladores consideraron que su escaso poder y la caída vertical en la popularidad impedían que pudiera protegerlos de las investigaciones que los tenían en el blanco judicial.

Recordemos que la Operación Lava Jato, desde 2014 en adelante, el mayor esquema de corrupción descubierto en la región, involucró en pleno al Legislativo brasileño.

La investigación reveló un entramado donde grandes constructoras privadas (como Odebrecht y OAS) pagaban gigantescos sobornos a legisladores y partidos para direccionar contratos públicos de la estatal Petrobras. Decenas de congresistas, expresidentes de la Cámara (como Eduardo Cunha) y senadores enfrentaron acusaciones formales, condenas y pesquisas policiales.

No solo ese episodio marcó la opacidad del sistema. En 2024, una investigación federal culminó en la detención del diputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ser uno de los mandantes intelectuales del asesinato de la concejala Marielle Franco, revelando las profundas ramificaciones entre la política parlamentaria y el crimen organizado de Río de Janeiro.

En ese esquema se instala el Orçamento Secreto, habilitado por Bolsonaro, por el cual la cúpula del Parlamento distribuía miles de millones de reales en fondos públicos a congresistas sin criterios de transparencia ni trazabilidad a cambio de apoyo legislativo.

Un informe reciente de la revista británica The Economist remarcaba lo inusual de esa construcción. Citó que Marcos Mendes, de Insper (universidad paulista), y Hélio Tollini, asesor presupuestario de la Cámara de Diputados, compararon 11 países de la OCDE, un grupo integrado mayoritariamente por naciones ricas.

En algunos ejemplos, como Canadá y Australia, los legisladores no tienen derecho a modificar el presupuesto ni a asignar fondos por cuenta propia. En otros, como EE.UU., Francia, Italia y España, solo alrededor del 1% del gasto. En la mayoría de estos Estados, los legisladores proponen modificaciones que no siempre son aceptadas.

En Brasil el fácil acceso a fondos del erario público es proporcional a las posibilidades de reelección de los legisladores y sus protegidos políticos en sus distritos.

En 2024, cuando los brasileños eligieron a más de 5.500 alcaldes y a decenas de miles de concejales, un récord del 81 % de los titulares que decidieron presentarse de nuevo conservaron sus cargos. En igual sentido, de cara a las próximas elecciones generales, el 87 % de los miembros de la Cámara Baja busca la reelección, la cifra más alta en la historia de Brasil.

El gobierno de Lula da Silva arrancó con la intención de regresar a la normalidad el equilibrio de poderes anulando esos beneficios, pero no pudo cambiar el escenario y se vio obligado a negociar, en particular con el Centrão, que suele votar siempre y cuando reciba compensaciones políticas concretas.

Es más, el Senado le marcó los límites al rechazar la candidatura de Jorge Messias, propuesto por el mandatario para el Tribunal Supremo; la primera vez en más de un siglo que sucedía algo semejante.

Los senadores querían que el escaño fuera ocupado por alguien de sus propias filas. Por cierto, es improbable que un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro pueda torcer ese desvío institucional. Como dato a pie de página durante el gobierno de Bolsonaro padre, el Legislativo, embriagado de su poder, llegó a proponer ser ellos quienes designen a los embajadores entre sus miembros. Al menos no prosperó.

Todo parece el guion de una mala película de villanos. En 2024, el Tribunal Supremo, muy enfrentado con el otro Poder, exigió a los legisladores identificar la cuenta bancaria receptora de los fondos federales y detallar los proyectos a los que se destinan las asignaciones.

La reacción fue un bombardeo de ocho solicitudes de destitución contra Flávio Dino, el magistrado y exministro de Justicia de Lula da Silva, encargado de investigar las sospechosas asignaciones presupuestarias.

La misma investigación de The Economist, con el escándalo previsible en un medio particularmente liberal y del país en el cual nació el parlamentarismo, relata que desde 2021 los senadores han presentado nada menos que 105 peticiones de destitución contra magistrados del Tribunal Supremo. Toda una guerra subterránea en el “desequilibrio” de los poderes de Brasil.