La defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, redobló este miércoles su pedido de libertad bajo fianza ante la Justicia de Estados Unidos. Aseguró que sus problemas de salud empeoraron en prisión.
De acuerdo con las actas judiciales, los abogados de Flores alegan que, desde que fue detenida, ha registrado «una racha de 33 latidos de taquicardia ventricular», sufrió un episodio de 30 minutos de «intensa opresión torácica». No se le realizaron análisis clínicos después de ese episodio, según los abogados. Además, señalan que perdió mucho peso y dos muelas.
También destacan que, previo a su detención, su afección cardíaca era «estable» y se controlaba con una única inyección mensual, y vinculan sus nuevos problemas de salud a la operación militar estadounidense del pasado 3 enero en la que ella y el depuesto líder chavista fueron capturados.
Maduro y Flores fueron detenidos durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York. Aquel día, indican, la ex primera dama llegó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) con heridas en la frente y otras lesiones y que pasó sus primeros tres meses en prisión en régimen de aislamiento.
Según los defensores de Flores, el equipo médico del MDC planteó practicarle un cateterismo y ella solicitó más información sobre este procedimiento, aunque afirman, que la prisión «dista mucho de ser un lugar ideal para recuperarse de una intervención cardíaca».
La defensa responde así a la oposición de la Fiscalía a que el tribunal conceda a Flores la libertad condicional. El Gobierno argumenta que existe un riesgo de fuga «extremo» y que representa un «peligro para el público».
Sus abogados rechazan la posibilidad de huida al tratarse de una mujer de 69 años, «con una afección cardíaca no tratada que se enfrenta a un procedimiento invasivo y, probablemente, a una intervención posterior».
Además, refutan que Flores podría «comprar su libertad», recordando que «no dispone de fondos para sufragar su defensa», algo que «ha expresado bajo pena de perjurio en una declaración jurada».
El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.
Ambos pidieron desestimar el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana.
De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de cuarenta años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
