Condenan a una influencer crítica del gobierno de Cuba por difundir imágenes de un agente de seguridad

Una activista cubana crítica del gobierno de Miguel Díaz-Canel fue declarada culpable del delito de «actos contra la intimidad personal y familiar», por grabar y difundir un video de un agente de las fuerzas de seguridad que le entregó una notificación después de sus cuestionamientos al régimen. La misma pena recayó sobre la madre de la joven.

Las protagonistas de la historia son la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, de 21 años, y su madre, Caridad Silvente. Ambas fueron juzgadas en el tribunal municipal de La Habana del Este, mientras afuera esperaban decenas de personas, muchas de ellas vinculadas con organizaciones religiosas, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Luego de una audiencia de tres horas, las dos mujeres fueron declaradas culpables. La pena sería a dos años de «limitación de libertad», excarcelable pero con fuertes restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país.

Roberto Ortega, abogado de Anna Sofía Benítez y de su madre, dijo que «el Tribunal cubano emitirá el fallo por escrito en unos 15 días aproximadamente» y señaló que existe una diferencia entre «la privación de libertad y la limitación de libertad».

«La limitación de libertad tiene sus características, una sanción principal también dentro de la nueva ley, en la cual la persona en su cumplimiento está asignado a una vida normal, pero con las disposiciones y regulaciones que establece la ley como la prohibición de salida del país», explicó.

Ortega indicó que «la sentencia como tal del proceso debe ser notificada a las partes en su momento» y «entonces se establece el periodo para el correspondiente recurso de apelación, que son 10 días hábiles», una decisión, que reafirmó, «solo depende de Bensi y su madre».

«Esto es una injusticia», declaró a la prensa Benítez, conocida como Anna Bensi en el mundo virtual, a la salida del tribunal, donde fue recibida con aplausos y con gritos de «Libertad, patria y vida», un lema que guía a los opositores al oficialismo cubano.

En el mismo sentido, la chica sostuvo que todo el procedimiento fue poco serio. «Es un circo todo esto de estarme poniendo en esta situación cuando yo lo único que he hecho es decir lo que pienso en las redes sociales de manera respetuosa», añadió.

En las redes sociales, la influencer tiene 248 mil seguidores en Instagram, 251 mil en Facebook, 10 mil en X y 111 mil en TikTok.

El proceso judicial en contra de Benítez se originó por una denuncia que presentó un suboficial del Ministerio del Interior (Minint), en el que aseguró que la militante «vulneró su intimidad al grabarlo y difundir imágenes» suyas en redes sociales.

El episodio que derivó en la acusación de la joven ocurrió el 10 de marzo. Ese día, el agente estatal, vestido de civil, se presentó en la casa de la influencer -que en sus perfiles de redes se define como «cristiana y anticomunista»- para entregarle una citación policial a raíz de los videos que publicaba en redes sociales con contenido crítico hacia la administración de Díaz-Canel.

Según consigna Diario de Cuba, la creadora digital había denunciado que horas antes del juicio se produjo un despliegue policial en los alrededores de su domicilio a raíz de la difusión del caso, que despertó muestras de solidaridad hacia las acusadas, en particular por parte de muchas organizaciones religiosas de la isla.

En la misma línea, denunció la detención del pastor Rolando Pérez Lora, presuntamente sin argumentos. «Se lo llevaron porque, literalmente, Cuba es una dictadura donde una no puede pensar diferente», afirmó y reivindicó su derecho a expresar su desacuerdo con las autoridades conducen el país.

El Ministerio del Interior de Cuba advirtió en un largo mensaje – sin aludir explícitamente al proceso – que «un caso judicial no se decide en redes sociales» y enfatizó que «grabar no es delito, difundir sin consentimiento puede serlo».

«En Cuba, el Código Penal tipifica el delito contra la intimidad personal y familiar. No se juzga el acto de grabar, sino la difusión no consentida de la imagen. Por eso, decir que ‘a alguien se le juzga por grabar a un funcionario’ es una simplificación que oculta el verdadero objeto del proceso», alerta la nota.

El mensaje pide no «convertir cada caso en un show», insiste en que «la presunción de inocencia vale para todos» y resalta que «la libertad de expresión es un derecho fundamental. Pero no ampara la exposición de la intimidad ajena».

Con información de AFP y EFE